Lista de Rosario Navarro, que se prepara para encabezar la Sofofa, entrega su propuesta tributaria

El gobierno llamó en la Enade 2023 que se realizó este jueves, a lograr un pacto tributario, y en pos de ello, instó a los distintos actores políticos y empresariales a ceder en sus posiciones para llegar a acuerdo.

Y desde el sector privado, la lista que encabeza la directora de empresas Rosario Navarro, junto a Gonzalo Said y Óscar Hasbún, para liderar la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) desde mayo próximo, en paralelo a ese llamado, dio a conocer su propuesta tributaria.

En una carta enviada a El Mercurio este viernes, sostuvieron como primer punto la necesidad de “conocer con precisión qué es lo que se busca financiar y cuál es el monto requerido en términos absolutos y no como porcentaje del PIB”.

Un segundo paso esencial, dijeron en la misiva, es la eliminación de programas fiscales ineficaces. “Es sorprendente que algunos intenten dirigir toda la atención en eliminar la distancia de recaudación tributaria en relación con la OCDE, pero demuestran una pasividad absoluta frente a la eliminación de brechas mucho más relevantes, como la eficiencia en el gasto público y en la calidad de los gastos públicos, la calidad de servicios prestados por el Estado”.

Para ellos, “es inaceptable que los servicios públicos que consumen varios millones de dólares al año y que han sido mal evaluados, sigan siendo financiados con los impuestos de todos los chilenos”.

En el texto relevaron que el crecimiento debe jugar un rol preponderante si se quiere aumentar la recaudación y por ello, enfatizaron, el gobierno lo debe priorizar. “Si Chile hubiera crecido a 5% en la última década, la recaudación adicional fruto de este aumento sería mucho mayor que el objetivo recaudatorio del proyecto tributario rechazado”, dijeron. En consecuencia, añadieron que “un tercer paso es incorporar en una eventual reforma tributaria elementos que incentiven o al menos no dañen el ahorro, la inversión y el crecimiento”.

Hacia la parte final de la propuesta, abordaron los instrumentos que se deben priorizar para lograr una mayor recaudación, sin generar “distorsiones, para no lesionar el crecimiento económico”. Por ejemplo, argumentaron que “el aporte del impuesto corporativo en Chile que es 23,4% de la recaudación tributaria total, es significativamente mayor al de la OCDE: 9,6%. A su vez, plantearon, “la tasa de impuestos de primera categoría en Chile que hoy se ubica en 27%, está por sobre el promedio de la OCDE (de) 23,4%, por lo que no parece lógico seguir hipotecando la competitividad global de las empresas”.

También analizaron el impuesto que pagan las personas, y propusieron que se aumenta la base, es decir, que más personas tributen por este gravamen. En este punto mencionaron que sólo el 25% de los chilenos con ingresos formales paga impuestos personales, es decir, un 75% está exento. Además, puntualizaron, el 27% de los ocupados son informales, con aportes tributarios escasos o nulos. En contraste, en los tramos altos, la renta nacional marginal paga un 40% de los impuestos con tasas parecidas al promedio de la OCDE, de 43,3%.

“Con estos antecedentes parece razonable aumentar la base total de contribuyentes del impuesto de segunda categoría y global complementario incorporando a más contribuyentes y probablemente incrementar levemente la recaudación en los tramos intermedios”, señalaron.

Otro eje que abordaron es el IVA: “Chile y la OCDE tienen tasas en niveles similares (de) 19%, pero el efecto recaudatorio es mayor en nuestro país en términos relativos”. Por esta razón, añadieron que “podría considerarse el aumento marginal del IVA, que compense la informalidad laboral, diseñando un mecanismo de reintegro a los deciles más pobres”.

Y por último, indicaron que en relación con los impuestos correctivos “se debiese impulsar el término de los regímenes de rentas presuntas y buscar la forma de eliminar progresivamente las exenciones del impuesto al diésel que representa unos US$1.800 millones”.

Para la lista que postulará a dirigir la Sofofa “un pacto tributario de largo plazo es sostenible en Chile. Se requiere voluntad, valentía y disposición al diálogo de todos los actores. Sin embargo, cualquier acuerdo comienza con reconocer que la mejor fuente, viable y efectiva, para financiar los ansiados derechos sociales, es el crecimiento económico sostenido”.