“Usted miente, como lo ha hecho siempre” y “¿Usted se cree Pinochet?”. Esas fueron algunas de las acusaciones cruzadas que hicieron este martes los diputados Gonzalo de la Carrera (Republicano) y el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, Daniel Manouchehri (PS), en el marco de la votación en general del llamado proyecto sobre borrón de deudas, o Chao Dicom, que busca eliminar y prohibir el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril de 2022.

Todo partió porque De la Carrera acusó que había un conflicto de interés de algunos diputados que habrían estado en los registros de Dicom a la hora de votar favorablemente el proyecto, el que fue aprobado en general solo con el voto en contra del diputado Republicano.

Ahí apuntó sus dardos justamente al presidente de la comisión. Luego de un fuerte enfrentamiento verbal entre ambos, la sesión se suspendió y no se transmitió en el canal de la Cámara de Diputados cómo finalmente terminó la discusión.

Aunque hay distintas versiones sobre el orden cronológico de lo que ocurrió continuación, quienes estuvieron presenten señalan que la pelea siguió así: Manouchehri llamó “degenerado” a De la Carrera y este último sacó su celular para grabar lo que estaba ocurriendo, con un intercambio verbal que siguió subiendo de tono.

Luego, ambos se pusieron de pie y, según los presentes, “casi se agarraron a combos”. Ahí fue cuando el diputado Alejandro Bernales (PL) los separó. Manouchehri ya se iba cuando De la Carrera le dio un tirón de orejas al diputado PS, señalan quienes estaban allí. Manouchehri se quiso devolver, pero los diputados presentes intervinieron y le dijeron que mejor se fuera.

Los diputados que vieron todo el pleito dicen que no descartan llevar al diputado De la Carrera a comisión de ética, algo que se está evaluando.

Consultado por el round de este martes, el diputado Manouchehri no quiso emitir comentarios, mientras De la Carrera asegura que “el que se paró a increparme groseramente fue él. Yo estaba sentado en mi ubicación a pesar de que me había hecho callar en forma muy mal educada, propia de un dictador. No es primera vez que lo hace”.

El diputado Republicano relata que “cuando yo le pregunté por la fecha del documento que él exhibía con aspavientos, pero que nadie pudo leer, terminó de perder los estribos y en lugar de responderme la fecha de su documento, comenzó a gritarme groserías de alto calibre, se levantó de su silla y fue a empujarme violentamente”. En todo caso, tres diputados presentes niegan que haya habido un empujón dado por Manouchehri, y dicen que no hubo contacto físico entre el diputado PS y De la Carrera, más allá del tirón de oreja que dio este último al primero.

Añadió que “yo recibí el empujón mientras otros parlamentarios separaron a Manoucheri de mi persona. En esa trifulca, como una manera de detenerlo sin devolverle el empujón, y evitando responder con un golpe en legítima defensa, le alcancé a tomar el lóbulo de su oído izquierdo, mientras él seguía con garabatos de alto calibre referidos a mi madre y, sorpresivamente, se justificaba que estaba en Dicom, pero no por culpa suya, sino que por un supuesto error de un acreedor. Ahí termina el altercado. Quedó claro que él finalmente reconoció estar en Dicom. Por lo tanto, el único que mintió fue él”.

De todas maneras, hay que considerar que el diputado Manouchehri en reiteradas ocasiones dijo en la sesión que no estaba en Dicom. El diputado PS publicó en Twitter su registro, donde aparecen todas sus deudas al día, al menos a la fecha en que votó este proyecto. De todas maneras, en el entorno del Republicano acusan que el informe que adjuntó Manouchehri es del 31 de mayo, y que a mediados de mayo sí figuraba en el registro de Dicom.

Según denuncia Gonzalo de la Carrrera, otro momento de tensión se produjo ayer cuando ambos diputados se encontraron en el Congreso, en el marco de la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric. “Hoy (ayer) me encontré con el diputado Manouchehri en el salón de honor en el Congreso. Le ofrecí la mano para saludarlo. Él no me la extendió. Entonces le dije ‘hola diputado Dicom’”, dice De la Carrera.

Y agrega: “El me respondió un garabato y yo le dije, ¿para qué armas tanto atado si efectivamente tenías Dicom y mentiste?. Si lo hubieses transparentado de un principio lo habríamos arreglado, incluso te podría haber pagado tu deuda”.

En base a esa versión, De la Carrera afirma que “él (Manouchehri) me respondió: ‘Con la misma plata que pagas las putas’. Yo me reí y le respondí: ‘Tranquilo, si tu hermana no cobra’”, sabiendo que no tiene hermana”.

Manouchehri, consultado por este diario, desmintió ese diálogo.

Primero hay que tener claro que el “Dicom” como tal no existe. Equifax Chile compró Dicom hace más de 20 años y su informe comercial de personas se llama Platinum 360, el cual no es el único que existe en el mercado local, ya que hay otras empresas que emiten informes de este tipo, como Transunion, Experian, la Cámara de Comercio de Santiago, Destácame, y MAAT. Es posible tener morosidades publicadas en uno o más de estos informes.

La ley 20.575 establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero bancario o comercial, la cual fijó dos condiciones copulativas para su tratamiento.

En primer lugar, ser un comercio establecido, por lo que las personas naturales no deberían acceder a la información de otra persona natural. En segundo lugar, que el contexto para pedir el informe sea el proceso de crédito y/o la evaluación de riesgo comercial. No existirían otros contextos generales para tratar este tipo de información.

Eso sí, hay que considerar que si bien es posible acceder a esta información fácilmente por internet, pagando una suma de dinero, lo cierto es que solo se debería acceder a ella en la medida que se cumplan los requisitos anteriores.

La abogada experta en datos personales y académica de la UAI, Romina Garrido, comenta que “respecto al acceso a informes comerciales, se trata de información privada, que solo puede ser tratada para aspectos específicos relacionados con la evaluación de crédito. Las leyes autorizan el tratamiento de esa información sin el consentimiento del titular del dato, para esas finalidades”.

La académica agrega que “en Chile, hasta hace algunos años, estos datos se utilizaban para evaluar aspectos distintos del crédito, por ejemplo, la prestación de salud, el acceso al empleo, a colegios, etcétera. La ley 20.575 vino a reforzar el principio de finalidad, y regular a los distribuidores de información financiera, que son empresas privadas que recopilan y venden la información que obtienen de fuentes públicas (CMF)”.

Asimismo, Garrido señala que “estos distribuidores son los responsables de resguardar el principio de finalidad, es decir, el uso y acceso adecuado y pertinente a estos datos. La ley los obliga a estas empresas a guardar registro, un sistema de registro del acceso y entrega de estos antecedentes, individualizando el nombre de quien los ha requerido, el motivo, la fecha y la hora de la solicitud, así como el responsable de la entrega o cesión de la información. Entonces la entidad o persona que obtuvo/solicitó el informe comercial del diputado, debió haber señalado el para qué, estos controles son de responsabilidad del distribuidor”.