Un nuevo hito cumplió el juicio que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de las empresas de transportes de valores: Loomis, Prosegur y Brink’s y parte de sus gerentes ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

El 7 de octubre de 2021, la FNE presentó un requerimiento por colusión contra las tres principales empresas de transporte de valores y contra seis de sus principales ejecutivos, por haber ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018

El órgano antimonipolios pidió al TDLC que aplique a los requeridos sanciones a beneficio fiscal que suman en total US$63,4 millones. Las mayores multas fueron solicitadas para Brink’s (US$ 30,5 millones), y para Prosegur (US$ 25,8 millones). Para Loomis, la FNE pidió una sanción de US$6,4 millones.

En el caso de los ejecutivos, el requerimiento pide sancionar a los gerentes generales de las tres empresas de transportes de valores en Chile: Alberto Bálsamo Barreiro (Brink’s), con US$ 115 mil; Marco Malverde Muñoz (Prosegur), con US$ 104 mil; y Cristián Catalán Jerez (Loomis), con US$ 88 mil.

Asimismo, y pese a encontrarse radicados en el exterior, la acusación también se dirige contra los jefes regionales que tenían a su cargo Chile y otros países de Latinoamérica: Martín Matos Pardo, Director General Latam Sur de Prosegur, para quien se pidió una sanción económica de US$ 135 mi y Rui Sanches Da Silva, Cluster President Portugal y Latam de Loomis, con un monto de US$ 94 mil.

Ahora el juicio entró en la etapa probatoria y las partes comenzaron a detallar a sus testigos. En total, serán 25 las personas que declararán ante el tribunal presidido por el abogado Nicolás Rojas, nombrado bajo la actual administración de gobierno.

El jefe de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices presentó un listado que considera ejecutivos y ex gerentes de los principales bancos de la plaza y de cajas de compensación.

Hernán Aránguiz, gerente de Administración de Banco de Chile; Carlos Hermosilla, jefe de Proyectos de BancoEstado; Alexander Vinés, director de Real Estate de Scotiabank; Paulina Merino, subgerente de fraude del Banco Itaú y Roberto Uauy, fundador de Xinergy.

A ellos es suman: Jorge Oliva, gerente de finanzas y administración, y Soledad Masalleras, gerente de la Red Comercial y Transaccional de La Caja de Compensación Los Héroes. Además de Susana Durand, gerente comercial de Loomis; y los ejecutivos bancarios: Mercedes García, y Carlos Olivares.

Brink’s Chile, representada por los abogados Claudio Lizana y José Joaquín Ugarte, solicitó al TDLC citar a declarar a Dominik Bossart, vicepresidente ejecutivo y presidente de América Latina y Brink’s Global Services (BGS).

El ejecutivo suizo dirige los negocios de Brink en América Latina y supervisa el negocio global de logística de alto valor de la compañía, Brink’s Global Services. Anteriormente, gestionó las operaciones de Brink en Oriente Medio, África y Asia. Se unió a Brink’s en 1999 y ha desempeñado varios puestos de liderazgo. Completó su título en la escuela de negocios en la Escuela de Administración de Empresas de Suiza (Baden).

Loomis, asesorada por la abogada Vanessa Facuse, social de Bofill, Escobar Silva, anunció que declararán cinco ejecutivos de la empresa y dos economistas que realizaron un estudio económico, que aún no presentan al tribunal.

Se trata de Leonardo Osses, abogado y fiscal; René Cádiz, gerente de TI & Proyectos; Susana Zapata, gerente de Riesgo y Seguridad; Jose Salas Núñez, ejecutivo de Loomis y Francisco Toro, gerente de la sucursal de Valparaíso. Además, Loomis citó a declarar a los economistas de FK Economics, Jorge Fantuzzi y Carolina Evans, quienes elaboraron un estudio que descarta el incremento en las utilidades de la compañía durante el periodo en que se habrían coludido las compañías.

El origen de la investigación por colusión se remonta a la denuncia que presentó el 1 de octubre de 2018, la ingeniera comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) Marcela Ferrada Culaciati (51), quien se desempeñaba como directora comercial de Brink’s Chile. Casi tres años más tarde, la FNE concluyó su investigación. Tras reunir numerosas pruebas documentales -mensajes de WhatsApp y planillas en formato Excel, entre otras-, en los que se fijaron precios entre 2017 y 2018 y que fueron en buena parte proporcionadas por Ferrada.

Por su parte, la defensa del exgerente general de Prosegur, que arriesga multa de US$ 104 mil, Marco Malverde, optó por anunciar el testimonio de Mauricio Gonçalves, director de Prosegur Cash.

Martín Matos, director General Latam Sur de Prosegur, quien arriesga sanción económica de US$ 135 mil, también citó a declarar a Gonçalves, y añadió dos nombres más: el director Regional de Recursos Humanos de la empresa, Martín González, y el director de Prosegur Cash de Uruguay, Alejandro Sosa.

Ambos ejecutivos requeridos por la FNE son asesorados por Pellegrini & Rencoret.

Por su parte, Juncadella Prosegur Group Andina citó a declarar como testigos a Jorge Valenzuela, abogado y director legal corporativo de la sociedad. Además del jefe de operaciones, Iván Ahumada y el director de innovación y productividad de Prosegur Cash, Luis Oro Pradera y el ingeniero Jorge Hernán Fernández Román. A ellos se suma el economista de la Universidad de Chile, Carlos Noton.

En el litigio, la compañía nacida en España cuenta con la asesoría legal del estudio FerradaNehme.