El 23 de mayo está agendada la primera junta de acreedores de la liquidación de Factop, factoring controlado por los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg. Esto luego que el jueves 4 de abril, la jueza Paulina Valenzuela (s), del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, resolviera declarar la quiebra de la compañía, tras no aprobarse su plan de reorganización.

Factop, asesorada por el abogado Álvaro Parra, solicitó acogerse a un procedimiento concursal de reorganización contemplado en la Ley de Insolvencia y Reempredimiento (Nº 20.720), develando pasivos por $60.000 millones. Los tres principales acreedores son Tanner Servicios Financieros, con $5.919 millones, representando 12,6% del total, seguida por el fondo inglés Global SME Growht Fund LP, con $ 5.548 millones (11,8% del total) y el Fondo de Inversión Privado Facturas, representado por BTG, con $1.823 millones (3,8%).

Pulso tuvo acceso al acta oficial de la audiencia del pasado jueves que definió por ahora el destino del factoring, que detalla cómo votó cada uno de los acreedores presentes en la reunión realizada por Zoom, que comenzó a las 10:30 horas y culminó a las 12:03 horas.

Quienes apoyaron la propuesta de reorganización de Factop fueron Inmobiliaria e Inversiones Pitrén Limitada ($1.569 millones); Lago Ranco SpA ($1.400 millones); Isaac Wurman Shapiro ($1.112 millones); Inmobiliaria La Fuente Limitada ($192 millones) y el Fondo de Inversión Sura Deuda Privada Chile ($10 millones). La sociedad Lago Ranco está ligada al empresario Álvaro Jalaff, ex CEO de Patio, un Real Estate Asset Manager con presencia en Chile, Perú, Mexico, EEUU y España. Por su parte, Wurman es hijo de uno de los fundadores de las desaparecidas tiendas Dijon.

Por otro lado, Tanner Servicios Financieros ($5.919 millones); Inmobiliaria Altavista ($600 millones); Moisés Fosk ($407 millones); INCOFIN ($306 millones); Comercial de Valores Servicios Financieros ($245 millones) y Contempora Factoring ($125 millones) optaron por rechazar el plan planteado.

Global Sme Growht Fund Lp ($ 5.548 millones); Banco Internacional ($ 3.185 millones) y Fondo de Inversión Privado Zurich Deuda Privada ($ 4.320 millones) se abstuvieron.

A la audiencia asistió el asistió 71,7% de los acreedores, que correspondió a $29.642 millones del pasivo total. Sobre dicho total el 44,52% del pasivo con derecho a voto se abstuvo y el 20,14% optó por aprobar. Mientras que el 7,03% decidió rechazar el acuerdo. Por lo mismo, se rechazó la reorganización, ya que la opción de aprobar no alcanzó los dos tercios exigidos por la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento.

En la audiencia, el asesor de la compañía, Álvaro Parra sostuvo que “han habido dificultades en el proceso, puesto que toda la documentación de la empresa fue incautada, lo que ya fue informado a la veedora y al tribunal, acompañándose la certificación de la Policía de Investigaciones de la Brigada de Delitos Económicos, en las investigaciones que todos sabemos que se siguen adelante por otras causas donde está indirectamente involucrada la empresa deudora Factop, lo cual ha sido una valla para poder lograr con facilidad entregar toda la información”.

La propuesta de reorganización de Factop apuntaba a cuatro fuentes de ingresos: la venta de bienes inmuebles propios y de terceros, el cobro de cuentas por cobrar y la venta de acciones en participaciones societarias propias y de terceros.

Sin embargo, en la audiencia, la veedora, Daniela Camus sostuvo “que al realizar la venta de la totalidad de los inmuebles de la fallida se obtendría aproximadamente $763 millones, quedando un saldo de los acreedores hipotecarios por pagar de $9.400 millones”.

Según el acta, el asesor de Factop destacó que las obligaciones laborales de la empresa no han podido ser pagadas, no porque no se tenga la capacidad, sino que no se tiene la liquidez para ello, puesto que se ha solicitado autorización en dos oportunidades a la veedora, la cual ha señalado que no está en condiciones de autorizar la venta de ciertos activos o valores inmobiliarios de cuotas de inversión en los fondos.

“Esas ventas habrían permitido llegar a esta audiencia con los derechos laborales respectivamente pagados, tanto sus leyes sociales como los finiquitos que se encuentran firmados”, dijo.

Asimismo, sostuvo que existe la disposición de la compañía por pagar las indemnizaciones laborales, ya que existen los recursos para ello, teniendo ofertas de compra por bienes inmuebles “por más de doscientos millones de pesos”.

Posteriormente, el apoderado de la empresa deudora solicitó a los acreedores que entregaran su voto para poder pagarles, puesto que como lo ha informado la veedora, “la probabilidad de recuperación que tendrían en caso de una liquidación concursal es cero, porque todos los bienes que existen están debidamente hipotecados y los derechos laborales en conjunto con las obligaciones tributarias se llevarían los excedentes que pudiesen existir en la venta de estos activos”.