Es el cargo más relevante para combatir los abusos de la colusión y otras infracciones al libre mercado, y su nombramiento está desde hace unos días en manos del Presidente Gabriel Boric.

El jueves 13 de abril, el Servicio Civil -órgano a cargo de la Alta Dirección Pública- envió al Jefe de Estado una nómina con cuatro candidatos para asumir como nuevo fiscal nacional económico. Esto luego de que el 11 de diciembre de 2022, Ricardo Riesco -nombrado bajo la administración de Sebastián Piñera- dejara su cargo, al cumplir cuatro años.

Según distintos abogados consultados para este artículo, los candidatos que integran la cuaterna son Jorge Grunberg, Francisco Agüero, Juan Ignacio Donoso y Marta Herrera. Entre los dos primeros hay dos ex funcionarios de la FNE y otro postuló al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Marta Herrera fue postulada por Gabriel Boric, sin éxito, para asumir como Fiscal Nacional del Ministerio Público. Según Servicio Civil, la postulación concitó el interés de 37 abogados.

Jorge Grunberg es uno de los autores intelectuales de la última reforma al Decreto Ley 211, la ley que establece el orden jurídico de la libre competencia en Chile. En el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet se desempeñó como asesor del Ministerio de Economía, que entonces era dirigido por Luis Felipe Cespedes. Actualmente, es socio del estudio Grunberg & Puyol. Estudió en la Universidad de Chile y tuvo un breve lapso de dos años en dos de los estudios más grandes del país: Carey y Claro & Cia. Entre febrero de 2012 y marzo de 2014 se desempeñó como abogado de la División de Litigios de la Fiscalía Nacional Económica. Como asesor del Ministerio de Economía, Grunberg trabajó con Nader Mufdi, socio de FHM Abogados y con Mauricio Garetto, ex asociado de FerradaNeme y hoy candidato a doctor de Universidad de Oxford.

Francisco Agüero también estudió derecho en la Universidad de Chile. A diferencia de Grunberg, posee un perfil más académico y ha postulado en otras ocasiones para asumir un cargo en el aparato estatal. Agüero estuvo dentro de la terna para asumir como presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), cargo que posteriormente asumiera Nicolás Rojas. Hoy Agüero es director del Centro de Regulación y Competencia (RegCom) de la Universidad de Chile.

“Cuento con experiencia en regulación de la energía (electricidad, renovables, combustibles, gas natural, energía nuclear), como formulador de políticas públicas (Comisión Nacional de Energía) y asesor de Ministerios (Energía, Educación, y Economía), servicios públicos (Fiscalía Nacional Económica, Servicio Nacional del Consumidor) y Comisión Nacional de Productividad. Ex Secretario Abogado del Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos. Además, cuento con experiencia en Derecho de la Competencia e industrias reguladas, asesorando a empresas reguladas como Colbún, Telmex, Claro, ESSBIO e HidroAysén”, destacó en su LinkedIn. “En los últimos años he sido asesor del Banco Mundial (competencia y sector eléctrico), Ministerio de Educación (regulación de la educación superior), Ministerio de Energía (impuestos verdes y precio al carbono), Ministerio de Economía y Comisión Nacional de Productividad (mejora regulatoria)”, concluyó.

Juan Ignacio Donoso es desde hace cinco años abogado senior de Baker McKenzie, donde se desempeña como asesor de empresas nacionales e internacionales en relación al cumplimiento de diversas normativas, tales como libre competencia, consumidor, prevención de lavados de activos, anti-corrupción, entre otras. Además, le corresponde defender a dichas empresas en procedimientos judiciales y administrativos ante autoridades como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Fiscalía Nacional Económica, Juzgados Civiles, Unidad de Análisis Financiero y Comisión para el Mercado Financiero, entre otros.

Trabajó en la Fiscalía Nacional Económica entre abril de 2009 y julio de 2017, donde se desempeñó como abogado de la División de Investigaciones y Subjefe y Coordinador Legal de la División de Antimonopolio. Desde 2013 es profesor de derecho económico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y desde 2020 también es académico de la Universidad Diego Portales (UDP). En Baker McKenzie entre los clientes a los que asesora está Apple.

A diferencia de los otros candidatos, Marta Herrera tiene un perfil más vinculado al derecho penal y la seguridad pública. De acuerdo a lo que detalla en su LinkedIn, durante los últimos 15 años fue Directora Jurídica y Directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público. En ese rol, junto con la coordinación de las investigaciones penales de la especialidad, le correspondió participar en diversos foros nacionales e internacionales en materias de proceso penal, violencia de género, corrupción, ética y probidad, responsabilidad penal empresarial, etc.

Desde 2012 trabaja como profesora del Magíster de Derecho Público de la Universidad Finis Terrae. En febrero de 2023 fue removida de su cargo por el actual fiscal nacional, Ángel Valencia . Antes, el Presidente Gabriel Boric la había postulado para el puesto que hoy ocupa Valencia, pero no contó los votos necesarios en el Senado.

Desde Presidencia explicaron que el proceso es confidencial y no es posible confirmar los nombres de la cuaterna. Varios abogados del sector consultados por Pulso coincidieron en que el nuevo fiscal nacional económico tendrá que enfrentar, al menos, tres desafíos durante su gestión.

El primero que el nuevo fiscal debe intentar seguir la senda de sus antecesores, Ricardo Riesco, Felipe Irarrázabal y Enrique Vergara, e intentar conseguir un mayor presupuesto para la FNE, porque requieren elevar el número de profesionales y reforzar los medios tecnológicos para poder afrontar la evolución de los mercados. Hoy el presupuesto de la FNE asciende a $ 7.591 millones anuales y cuenta con 106 funcionarios. Previo a la reforma del DL. 211 la institución contaba con 99 empleados y un presupuesto de $ 5.816 millones.

El segundo desafío es que el nuevo fiscal cuente con una mayor sintonía con las autoridades administrativas y legislativas. En efecto, uno de los mensajes que dejó a su salida Riesco es que muchas de recomendaciones realizadas en los estudios de mercado realizados por la FNE no se traducían en cambios legales, opinan abogados especialistas en temas de libre competencia.

El tercer punto, opinan los juristas consultados, es que la Fiscalía debe actualizar sus análisis internos. Los mercados digitales son diferentes a los tradicionales y hoy muchas veces existen productos gratuitos y plataformas que crecen muy rápido, pero que tal mismo tiempo desaparecen al mismo ritmo.