Ocho años le tomó a SCM Minera Lumina Copper Chile obtener el primer millón de toneladas de cobre fino en su operación minera Caserones, hito que concretó en noviembre. Todo un logro para este yacimiento que si bien está en la parte sur de la banda metalogénica de Maricunga, donde hay varias operaciones de oro, solo tiene cobre y es el de menor ley entre la veintena de operaciones más grandes con producción en el país: 0,34% a 0,36% promedio para su vida útil proyectada hasta 2037 (en los primeros años fue de 0,6% y hoy está en 0,42%). En otras partes del mundo hay leyes similares, pero la diferencia es que están en fase terminal.

Además, condiciones geográficas y climáticas hacen que su explotación sea de alta complejidad: se ubica en la Región de Atacama, en el cajón superior del valle de la comuna de Tierra Amarilla, 162 kilómetros al sureste de Copiapó y a 9 km de la frontera con Argentina, a una altura de entre 3.900 a 4.600 metros sobre el nivel del mar.

Desde junio de 2013 produce cátodos de cobre de alta pureza a partir de óxidos de cobre y sulfuros de baja ley. Y a partir de 2014 también produce concentrados de cobre y molibdeno. Cuenta con una dotación propia de 950 trabajadores y unos 3.500 de contratistas.

El gerente general de operaciones de SCM Minera Lumina Copper Chile −propiedad de JX Nippon Mining & Metals−, Gonzalo Araujo, cree que, considerando que ahora están con un mejor nivel de producción, debiera tomarles unos seis años llegar a los dos millones de toneladas.

“Cerraremos 2022 en el orden de 125.000 toneladas anuales de cobre fino. Nuestra expectativa era superar las 140.000 toneladas y hasta junio íbamos muy bien, pero este invierno nos jugó en contra”, dice Araujo.

La compañía enfrentó una tormenta a fines de ese mes que, en tres días, dejó dos metros de nieve; y después subió rápidamente la temperatura, lo que generó un gran flujo de agua que los obligó a limitar la operación durante julio y agosto. “Eso nos impidió alcanzar las metas 2022. Aunque nos hemos ido recuperando y en diciembre estamos sobre presupuesto, no lograremos revertir la caída”, detalla el gerente. A septiembre acumulaban 90.100 toneladas métricas de cobre fino entre concentrado y cátodos, con una utilidad de US$ 21 millones.

Para 2023 proyectan 150.000 toneladas de cobre fino, lo que según Araujo es un nivel bastante exigente para sus condiciones (el histórico es del orden de 115.000 toneladas anuales). En cuanto a precios, estiman que 2022 terminará en torno a US$ 3,99 y para 2023 proyectan US$3,55.

A la fecha, solo han registrado utilidades en el ejercicio 2021: US$ 177 millones que implicaron un pago de impuesto específico a la minería por US$ 11 millones. Esto gracias a que el precio del cobre se mantuvo varios meses sobre US$ 4. “Tuvimos la mala suerte de que construimos durante el ciclo de precios altos, de 2007 a 2009, y justo cuando empezamos a producir, bajaron”, explica Araujo.

Dadas las persistentes pérdidas, el impuesto específico no ha sido tema; pero sí les pegaría el nuevo royalty si no se modifica el proyecto: “El componente ad valorem es independiente del costo, utilidades y márgenes; hay que pagarlo sí o sí y a las empresas de alto costo y con bajas leyes nos afecta bastante. El impacto no es solo porque reduzca las utilidades o suba el costo, sino porque como tenemos baja ley −que además va disminuyendo− de mantenerse este royalty se nos acorta la vida útil en uno o dos años. Además, tenemos algunos cuerpos satélites de baja ley cuya explotación se podría justificar para extender la vida útil del yacimiento a 2045 si el precio es bueno, pero requieren una importante inversión que se hace inviable con este régimen tributario”, comenta Araujo.

Para mejorar sus cifras están en un plan de reducción de costos por la vía de aprovechar sinergias entre contratos mediante alianzas estratégicas con quienes les prestan servicios. También esperan firmar un acuerdo con una firma suiza para hacer una ingeniería que reduciría el gasto de combustible de los camiones en la faena y aumentar los mantenimientos predictivos, con más tecnología de monitoreo de condiciones y una gestión más eficiente.

Parte de la producción de Caserones se destina a las fundiciones de su accionista (representa alrededor del 20% del cobre que procesa JX y 10% de las importaciones japonesas de este mineral); y el resto va a clientes en China y otros mercados en Asia. También le venden a Paipote cantidades menores de concentrado.

En marzo de 2015, la compañía fue sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) con la multa más alta aplicada en su historia: 14.745 Unidades Tributarias Anuales –unos $7.620 millones a esa fecha–, por incumplimientos asociados al resguardo de la calidad de las aguas subterráneas de la cuenca del Río Copiapó; construcción de tramos de la línea de transmisión eléctrica que provee de energía al proyecto, siguiendo un trazado distinto al autorizado; operación y puesta en marcha de Caserones sin validar estudios, diseños y sistemas de control de infiltraciones asociados a los depósitos de lixiviación y lastre, entre otras cosas. La resolución fue acatada y la multa, pagada. Según explican, los problemas se produjeron porque “la construcción del proyecto se encontró con situaciones en que no era posible cumplir con la RCA en toda su extensión. Estas situaciones fueron conversadas y trabajadas con la autoridad, regularizando cada una de ellas”.

Una de las grandes innovaciones que hoy exhibe la compañía es un vertedero de lixiviación (dump leaching) en una quebrada, donde se impermeabilizó el suelo con una carpeta en la que el material que llega directo de la mina es tratado con soluciones mediante un sistema similar al riego por goteo. La solución de lixiviación cargada (PLS) obtenida de ese proceso va a una planta de extracción por solvente, donde actualmente producen alrededor de 15.000 toneladas de cátodos de alta pureza que exportan a Estados Unidos y Europa.

Por otro lado, como no tenían un lugar donde tratar los 1.000 millones de toneladas de relaves proyectados para la vida útil, acondicionaron instalaciones separadas para los relaves gruesos, que van a un depósito de arenas, donde percolan y el agua se recupera; mientras que las lamas (material fino) son transportadas por un ducto de 15 km a un tranque, que cuenta con un muro de material de empréstito con una lámina para evitar filtraciones, donde decantan y se forma una laguna cuya agua se recupera en más del 60%. Este proceso se ve favorecido porque este es mineral con poco contenido de arcilla.

El gerente dice que consumen alrededor de 0,34 metro cúbico de agua por cada tonelada que procesan, indicador que estaría entre los más bajo de la minería local: “Este es un proyecto más de agua que de cobre porque la clave para obtener buenos resultados es el manejo del agua”, dice.

Caserones usa agua de pozos de la parte media y alta del valle. Cuando iniciaron la operación no había plantas desaladoras en la zona, poco después se instaló una, pero no les dieron los números: el valor del agua desalada era pagable, no así el costo de bombeo, que entonces era de unos US$ 8. “Compramos derechos de agua a los agricultores y en el estudio de impacto ambiental quedó establecido un consumo máximo de 518 litros por segundo. Además, le entregamos 50 litros por segundo de agua desalada a la ciudad de Caldera y 100 litros por segundo a los agricultores de Tierra Amarilla, en el canal Mal Paso, que les permite recibir agua de buena calidad para faenas agrícolas. Esto, además de otra serie de medidas para mejorar la gestión hídrica en el Valle de Copiapó”.

Conscientes de que están en la parte alta de un valle agrícola de Copiapó, donde hay unas 9.000 hectáreas de uva que se exportan, Araujo dice que en cuando partieron con la geología iniciaron el acercamiento con las comunidades. Asegura que hoy mantienen buenas relaciones con los usuarios de agua tanto superficial como subterránea y con las tres comunidades indígenas del entorno.

En 2014 firmaron el primer convenio bajo el alero del Convenio 169 de la OIT con la comunidad por cuya área de influencia pasaba una de sus líneas de transmisión eléctrica. Ahora desarrollan una consulta indígena con motivo de un estudio de impacto ambiental para regularizar el sistema de control de infiltraciones de uno de los depósitos de relaves. El ejecutivo destaca que a la fecha nunca han paralizado la producción por conflictos con la vecindad.