Con todo salió a defender los intereses del Fisco de Chile el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Este viernes, el organismo presentó sus descargos frente a la demanda de indemnización de perjuicios que interpuso Clínica Las Condes (CLC) a raíz de impagos por la pandemia.

En su libelo, que cuenta con 70 páginas, Carolina Vásquez, abogada procurador fiscal de Santiago (s) del CDE, acusó a la compañía que preside Alejandro Gil de actuar de “mala fe”, ya que luego de haber aceptado los términos de referencia y entregada la Oferta Económica y Técnica, “retardó” la entrega del contrato, a diferencia de los otros centros médicos.

En un tono más duro, el CDE sostuvo que” Clínica Las Condes presenta una demanda en las que pretende mostrar que todo este escenario de acuerdo de voluntades no existe y que lo que en verdad habría sucedido es una requisición de servicios -institución con registros históricos inmediatos solo en la Unidad Popular o en la Dictadura militar- supuestamente permitida por encontrarnos ahora, también, en un estado de excepción constitucional”.

Todo comenzó cuando el 29 de junio de este año, el recinto médico privado presentó una demanda de indemnización de perjuicios, exigiendo el pago de $37.866.514.534 al Fisco de Chile. Esto debido a una serie de medidas que puso en marcha la autoridad para enfrentar la emergencia, como la atención de pacientes Covid-19 derivados de Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC).

En enero, la compañía anunció por medios de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero que el directorio de la firma había acordado iniciar acciones legales contra el fisco y que serían presentadas una vez que concluyera el estudio económico encargado al economista Gabriel Bitran y el informe jurídico a los abogados Enrique Barros y José Miguel Valdivia.

En su contestación, el CDE aclaró que Clínica Las Condes aceptó llegar a un acuerdo con el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) quien participó en el mercado conviniendo con diversas clínicas la provisión de los servicios que necesitaba.

“Clínica Las Condes en su demanda pretende cobrar como valor de lo que ella llama un convenio forzoso la suma de $450 millones. Esta suma es manifiestamente menor a lo adeudado por Fonasa. Pero ¿cómo puede ser posible que la clínica cobre aquí menos de lo que se le debe? La respuesta es lamentable porque muestra la mañosa estrategia detrás de la demanda interpuesta”, cuestionó la autoridad.

En esa lógica explicó que el precio que se paga al prestador en virtud del acuerdo corresponde a cada paciente atendido, es decir, el contrato no es a suma alzada por un monto total, sino que se paga por cada paciente cuyo problema de salud se ha resuelto. Por razones presupuestarias, cada contrato debe señalar cuánto es el monto máximo estimado que irrogará a Fonasa la ejecución del contrato.

“Los montos pagados a todos los demás prestadores dan cuenta clara de ello. En buena parte de ellos, los valores pagados superan con creces estos valores toda vez que con dichos acuerdos tuvo que hacer frente a una afluencia de enfermos nunca vista”, añadió.

Asimismo, recordó que CLC se querelló en contra de su ex gerente general Fredy Jacial por haber suscrito el acuerdo con Fonasa en la recepción de pacientes Covid-19 y le imputó a él los mismos daños. Por lo tanto, “no solo quiere imputarle al Fisco de Chile los costos de sus problemas internos, sino que pretende cobrar dos veces lo mismo, a su ex gerente general y ahora al Fisco de Chile”, aseguró el CDE en su presentación efectuada al 1º Juzgado Civil de Santiago.

Asimismo, el CDE alegó la “improcedencia de los daños alegados por sobrevaloración de estos”. En esa línea, explicó que los precios máximos fijados por la resolución 258/2020 corresponden a los precios bases IR-GRD determinados en el numeral 9.2 de las Bases Administrativas de la licitación pública ID 591-24-LR18 de Fonasa, aprobada por resolución Nº 46, de 2018, del Fondo Nacional de Salud.

“Dichos precios base forman parte de las condiciones establecidas en un proceso de licitación pública al cual concurrieron 32 prestadores institucionales, resultando adjudicados 29 de ellos, con lo cual fácil resulta concluir que, como mecanismo de adjudicación de precios basado en reglas de mercado (vale decir del juego entre oferta y demanda), resulta un buen parámetro para señalar que dichos precios máximos, al contrario de lo que señala Clínica Las Condes, si se encuentran dentro del umbral del mercado”, añadió.

Asimismo, detalló los montos de lo pagado hasta ahora a prestadores privados de perfil similar a Clínica Las Condes al 23 de julio de 2021. Clínica Alemana ($3.044 millones); Clínica Santa María ($5.050 millones); Hospital Clínico de la Universidad De Los Andes ($3.481 millones) y Clínica Indisa($16.650 millones). Este último es el recinto médico privado con mayores atenciones a pacientes Covid con 689 en 2020 y 1.227 en lo que va de 2021.

“Cabe indicar que Fonsa utilizó el mismo sistema de pago GRD por los servicios prestados en el marco de la pandemia COVID 19 con más de 40 clínicas del país entre las que se encuentra la Clínica Santa María, la Clínica Alemana, el Hospital Clínico de la Universidad de los Andes, la Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo, el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre muchas otras”, sostiene en su respuesta.

En su escrito, el CDE también solicitó al tribunal la exhibición de una serie de documentos, los cuales -a su juicio- serían fundamentales para el sustento de su defensa. El órgano a cargo de defender los intereses del Fisco solicitó al tribunal ordenar la “la exhibición parcial de los libros contables de Clínica Las Condes S.A.”.

En particular, requirió que se exhiba las siguientes partidas de contabilidad de los libros diario y mayor relativos sus negocios. Se trata de las partidas en que aparezcan contabilizadas todas las cuenta por cobrar contra el Fisco y Fonasa entre el 31 de diciembre de 2020 y el 30 de junio de 2021. El CDE afirma que la controversia de CLC se produce con Fonasa, “persona jurídica distinta del Fisco, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio”. “La confusión entre personas jurídicas es patente en la demanda interpuesta”, alega en su respuesta el CDE.

Asimismo, el CDE solicitó a CLC detallar cuatro facturas electrónicas emitidas que suman en total $30.580 millones por concepto de pacientes ley de urgencia y concepto de pacientes derivados por UGCC.

“Esta información tiene relación directa con el presente juicio indemnizatorio planteado contra el Fisco de Chile, donde se ha solicitado reparación extracontractual por supuestos actos lícitos cometidos en el contexto del estado de excepción constitucional, conforme a la Ley N° 18.415 Orgánica Constitucional sobre Estados de Excepción, además demandarse subsidiariamente el cumplimiento forzado de un contrato y la restitución por enriquecimiento sin causa”, remató.