Más de 1,2 millones de clientes llegaron a estar sin suministro eléctricos a nivel nacional, a eso de las 2 de la madrugada del viernes, cuando el inédito temporal registrado en la zona centro sur del país derivó en fallas en los tendidos de las empresas distribuidoras, ante las ráfagas de viento que azotaron a la Región Metropolitana (RM), y llegaron a superar los 120 kilómetros por hora.

Si bien la cifra de afectados ha ido bajando paulatinamente, hasta alcanzar cerca de 375 mil clientes sin servicio eléctrico a las 10:00 de este lunes, lo cierto es que el descontento entre los vecinos de múltiples comunas a nivel nacional sólo va en aumento. Del total, unos 215 mil corresponden a la RM.

De ellos, según los últimos balances de las propias compañías con concesiones en la RM, 8.154 clientes corresponden a CGE, y 193.044 a Enel, principalmente en las comunas de Quilicura, Lampa, Recoleta, Maipú y Pudahuel. Sin embargo, desde diversas municipalidades han cuestionado las cifras reportadas por las compañías, asegurando que no son efectivas.

Pero no solo el temporal afectó a clientes de CGE y Enel: también Saesa, empresa que opera en el sur del país y que desde el jueves mantiene a 40 mil clientes sin suministro eléctrico, a los que esta madrugada se sumaron otros 32 mil “quienes se vieron afectados por un nuevo evento meteorológico de fuertes vientos, que ocasionó severos daños en la infraestructura eléctrica, que ya se encontraba vulnerable”, dijo la firma en su último balance de este lunes.

La extensión en los cortes de suministro llevó a que 32 alcaldes de la región anunciaran la presentación de recursos de protección en contra de Enel por los extendidos cortes en el servicio. Y es que los más de tres días en que miles de clientes no han tenido normalizado su suministro eléctrico, sumada a la incertidumbre sobre cuándo recuperarán su servicio algunas zonas, como Lampa y Quilicura, han llevado a las autoridades a modular el tono, pasando a un fuerte cuestionamiento a las empresas.

Sin ir más lejos, el ministro de Energía, Diego Pardow, pidió “un cambio de conducta definitivo por parte de Enel, que ha incumplido en reiteradas ocasiones sus compromisos” y anunció distintas medidas. Entre ellas, una fiscalización de personal de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para conocer “in situ de qué manera están reportando la información de reposición y cuadrillas”.

A ello sumó el inicio de procesos sancionatorios en contra de Enel, por cerca de $ 4 mil millones “por los eventos climatológicos ocurridos en mayo por infringir normativas relacionadas a la reposición del suministro eléctrico”. Según dijo, otras sanciones se iniciarán también “por los incumplimientos detectados en la gestión de este evento”.

El tema incluso escaló al comité político de los lunes que realiza el gobierno, donde participó el ministro Pardow. El propio Presidente Gabriel Boric expresó la molestia del ejecutivo con los extensos cortes en el suministro eléctrico.

“Los tiempos de reposición del suministro eléctrico en la zona centro y sur de nuestro país no son aceptables. Las empresas de distribución deben responder y agilizar su trabajo para que vuelva la luz a los miles de hogares que siguen sin energía”, dijo Boric, a través de su cuenta de X.

CGE, controlada por la china State Grid con un 97% de la propiedad, es la principal empresa del segmento en el país. Abastece a más de 3,3 millones de clientes en 12 las regiones donde cuenta con concesiones, lo que la convierte en la de mayor participación de mercado, superando el 45%.

Le sigue Enel, con 2,1 millones de clientes, aunque solamente enfocada en su área de concesión, que abarcan 32 comunas en la RM.

A nivel nacional, otra de las distribuidoras relevantes es Saesa, controlada por los fondos canadienses Alberta Investment Management y el Ontario Teachers’ Pension Plan, con 1,1 millones de clientes. En total, abastece a 69 comunas entre sus distintas áreas de concesiones, a través de Saesa, EdelAysén y Luz Osorno.

La multa anunciada por Pardow en contra de la distribuidora, en todo caso, está lejos de ser nueva para las empresas del segmento.

En 2023, Saesa pagó un total de $7.226 millones en sanciones por infringir los derechos del consumidor, relacionadas a cinco procesos ejecutoriados. En el mismo ejercicio, Enel pagó $23.118 millones, por concepto de cuatro sanciones. En tanto, CGE, la mayor distribuidora eléctrica del país, superó los $11.944 millones, en un total de siete sanciones ejecutoriadas.