La trama del caso de Alberto Chang no acaba y la última junta de acreedores tomó decisiones clave para el futuro de su liquidación. El empresario, acusado de liderar una presunta estafa piramidal a través del holding Arcano, con perjuicios por sobre US$120 millones, se mantiene prófugo de la justicia chilena.

A seis años de su huida a Europa, los afectados decidieron reordenar su estrategia judicial, desistiéndose de sus acciones judiciales en Malta y poniendo ahora el foco en Suiza. ¿La razón? Los altos costos que significan las pesquisas con el pago de abogados extranjeros y debido a que no tienen certezas de que el empresario posea bienes en Malta.

Según el acta de la junta, que se realizó durante los días 28 de marzo y 11 de abril, el 87,81% de los acreedores optó por no seguir adelante con las acciones. El mismo documento constató el rechazo del presidente de la junta de acreedores de la liquidación de Alberto Chang, Rafael Gómez, a tomar dicho camino, pues a su parecer, “constituye un error no asistir a la audiencia en Malta el día 19 de abril 2023″.

“No podemos descartar que no existan bienes a incautar en dicho país donde reside Alberto Chang, quien se encuentra, por lo demás, prófugo de la justicia en Chile, luego que fue rechazada la extradición pasiva”, consignó Gómez en el acta. El abogado representa a 182 víctimas y preside las juntas de acreedores de las liquidaciones de Grupo Arcano, Onix Capital y Alberto Chang como persona natural.

En la junta de acreedores, el liquidador José Alfredo Rojas propuso no perseverar con las acciones judiciales en Malta, debido a la falta de activos identificados y la insuficiencia de los fondos requeridos por parte de los abogados de la firma Camilleri Preziosi Advocates para seguir adelante con dichas gestiones, los que deben ser pagados a todo evento y de forma inmediata.

En paralelo, la junta de acreedores aprobó continuar con las gestiones judiciales para descongelar los fondos en Suiza.

De acuerdo a las recomendaciones efectuadas por los abogados de la firma Baldi & Caratsch, la opción más conveniente es la alternativa señalada en el numeral del apartado 1.4.A. que tiene un costo total de 28.500 CHF (francos suizos o $25 millones). Adicionalmente, en relación con la repatriación de los fondos, se estima que el costo legal final para obtener dicha autorización por parte del Banco UBS podría oscilar entre 5.000 a 10.000 CHF (entre $4 millones a $8 millones).

“Siempre la búsqueda de activos iba de la mano con que el radar hubiera identificado activos. El éxito de la insolvencia transfronteriza implicó que uno iba a cazar animales que ya los teníamos identificados. Nos queda claro que en Malta no tiene nada. No queda plata en la cuenta de la quiebra y ningún cliente seguirá poniendo fondos para seguir abriendo escenarios que nadie sabe si existen o no”, explicó Rodrigo Rettig, abogado y quien representa al animador José Miguel Viñuela y la actriz Josefina Montané, entre otros afectados.

Otra de las resoluciones relevantes ne la quiebra de Alberto Chang, es que el liquidador José Alfredo Rojas citará a una nueva junta para que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento se pronuncie si constituyen una contratación especializada los servicios de auditoría contable del procedimiento concursal.

La auditoría que evalúan los acreedores apunta a resolver las discrepancias relativas a los activos recuperados, distribuciones de reparto y fondos por rendir y enterar por parte del liquidador Carlos Parada, quien fuera removido de su cargo. Esto, luego de cuestionamientos al destino de millonarios fondos provenientes del remate de las propiedades de Chang en Chile y el extranjero.

Por otro lado, según el acta, “el abogado Arnoldo Lacayo ha informado que el caso de Alberto Chang Rajii bajo el capítulo 15 del código de bancarrota sigue abierto y pendiente frente a la corte de bancarrota en Miami. Este caso “auxiliar” al procedimiento concursal que se sigue en Chile, es el caso donde se obtuvo el reconocimiento de la liquidación de Alberto Chang Rajii en Estados Unidos y el de Carlos Parada como liquidador en el proceso principal”.

Agregó que “el proceso frente la corte de bancarrota en Miami ha tenido muy poca actividad desde agosto del 2021. En su momento, el caso auxiliar se mantuvo abierto mientras se terminaba un caso frente a otra Corte Federal entre la SEC y Alberto Chang Rajii, y, secundariamente, por si resultaba alguna repartición adicional en Estados Unidos por parte de la Receiver de la SEC. Según la corte de bancarrota en Miami, en febrero 2023 se debía presentar un reporte indicando si el caso auxiliar bajo el capítulo 15 debe permanecer abierto en Miami o no, lo cual se hizo. Para presentar el referido reporte se solicitó a la corte en Miami el reconocimiento del nombramiento del suscrito como liquidador titular, sustituyendo a Carlos Parada”.

Según el mismo documento, “lo que se discutió con Carlos Parada en el pasado era la posibilidad de que uno de los procesos restantes (ya sea en Suiza o Malta) podrían llegar a necesitar de algún apoyo desde Estados Unidos, y de ahí la necesidad de mantener abierto el caso auxiliar. Por ejemplo, pudiera surgir alguna necesidad de enviar un oficio a algún banco en Estados Unidos pidiendo información o documentos, o para citar a alguien de dicho país a dar testimonio. El reconocimiento en el caso auxiliar otorga poderes investigativos al liquidador muy amplios”.

Los honorarios adeudados a la firma Sequor Law -que asesora a la junta de acreedores en Suiza- ascienden a US$ 53.179, pero atendida la insuficiencia de fondos que actualmente detenta la liquidación, aceptaron priorizar los pagos que se deben efectuar a los abogados de Suiza y Malta, y acceder, por el momento, a un pago parcial respecto a la facturación pendiente más antigua.

Dichos pagos parciales deberán ser solventados con los fondos disponibles en la cuenta trust de Sequor Law y que, a la fecha, ascienden a US$70.282.