El presidente de Clínica Las Condes (CLC), Alejandro Gil, enfrenta más problemas legales. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó anular la resolución del 13 de julio que fijó su formalización para el 21 de agosto por el presunto delito de acusación y denuncia calumniosa en calidad de autor. Ese mismo día, el tribunal también debatirá la petición de su defensa de sobreseimiento definitivo.

La jueza Cheryl Fernández determinó que la resolución impugnada “no presenta ningún vicio” y que la audiencia de formalización, que también aborda las materias que fundamentan la nulidad presentada, se ajusta al procedimiento establecido, garantizando los derechos del imputado conforme a los principios de oralidad, inmediación y contradicción del proceso penal.

El caso se originó por una querella criminal presentada por el exgerente general de CLC, Fredy Jacial, el 16 de mayo de 2022, acusando a Gil y Jerónimo García del delito de denuncia calumniosa. Esto ocurrió después de que Jacial fuera sobreseído el 20 de septiembre de 2021, por una querella interpuesta por Gil y García en su contra por el supuesto delito de administración desleal. Jacial fue absuelto y se declaró su inocencia y la falta de fundamento de la querella presentada por Gil y García. Jacial cuenta con la asesoría de la abogada Trinidad Luengo.

No es la única causa que enfrenta Gil. El mismo Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 6 de agosto la formalización del empresario por el presunto delito de apropiación indebida, luego de que un grupo de médicos presentara una querella denunciando la retención de sus honorarios.

En su defensa, el abogado de Gil, Álvaro Jofré, sostuvo que el derecho a un debido proceso de su cliente ha sido vulnerado durante la investigación de la querella calumniosa presentada en su contra. La causa se inició en mayo de 2022, y tras varias diligencias y decisiones judiciales, el Ministerio Público decidió el sobreseimiento definitivo del caso en junio de 2023, decisión que fue impugnada por la parte querellante.

En una audiencia del 25 de agosto de 2023, el tribunal rechazó el sobreseimiento definitivo y ordenó la reapertura de la investigación por 90 días para realizar una diligencia pendiente. Posteriormente, el plazo fue ampliado en dos ocasiones más, lo cual fue considerado ilegal por la defensa de Gil. En mayo de 2024, el tribunal decretó la nulidad de las actuaciones realizadas desde abril de ese año, incluida la audiencia de formalización contra Gil, argumentando que dichas actuaciones eran defectuosas y perjudiciales para su representado.

A pesar de la nulidad decretada, la nueva fiscal a cargo, Karin Naranjo Hernández, intentó reabrir la causa y continuar con las diligencias, lo cual fue nuevamente rechazado por el tribunal. La defensa de Gil sostuvo que estos intentos del Ministerio Público de revivir la causa son “ilegales y vulneran las garantías procesales de su representado”.

La defensa de Gil solicitó que los jueces Rodrigo Carrasco y Cecilia Villanueva que se inhabiliten de continuar conociendo del proceso, argumentando que han manifestado previamente su opinión sobre el caso y han permitido actuaciones ilegales que afectan las garantías procesales de su cliente.

El magistrado Rodrigo Carrasco resolvió inhabilitarse del caso: “Para garantizar imparcialidad, según el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, me inhabilito de seguir conociendo este caso, basándome en la causal del artículo 196 N°10 del Código Orgánico de Tribunales”, consignó.

El tribunal también desestimó la solicitud de anular la resolución que fijó la audiencia de formalización de Alejandro Gil planteada por la defensa del exabogado de Clínica Las Condes, Marcelo Sanfeliú. Su abogado, Gabriel Zaliasnik, sostuvo que la investigación, iniciada por una querella de Freddy Jacial en mayo de 2022, ya había sido cerrada y reabierta varias veces, y que la última extensión del plazo de reapertura venció sin haberse realizado nuevas diligencias.

La defensa argumentó que la solicitud del Ministerio Público de formalizar la investigación, presentada después del vencimiento del plazo, era ilegal y buscaba prolongar artificialmente una investigación ya agotada. Además, la defensa sostuvo que la resolución recurrida exponía injustamente a su representado a una persecución penal prolongada y sin fundamento legal.