En 2012, los ingenieros Gonzalo Ramírez y Juan José Lasen y Andrés Llodrá, decidieron comprar Constructora UPC al empresario Andrés Uriarte, fundador de Inmobiliaria Uriarte y Pérez-Cotapos. Durante años el negocio funcionó con normalidad, pero la pandemia remeció el mercado inmobiliario.

Hoy la compañía que sería un proyecto en conjunto busca sobrevivir y evitar su cierre definitivo en tribunales. El pasado 12 de mayo de este año, la compañía solicitó su reorganización concursal y, el 2 de junio, el 18º Juzgado Civil de Santiago acogió su petición. La constructora, que empleaba a 700 personas, firmó contratos por más de 600.000 m2 y levantó 32 edificios, desde ocho pisos hasta los 28 pisos.

La paralización de obras que ordenó la autoridad sanitaria durante seis meses provocó un descalabro al mercado de la construcción, explicó Gonzalo Ramírez, director ejecutivo de Constructora UPC en conversación con Pulso. Muchos de los trabajadores de la empresa dejaron sus departamentos en Santiago y viajaron al sur a la casa de sus padres a cosechar papas para conseguir algo de dinero, añadió.

Hoy la Constructora UPC mantiene deudas por $9.925 millones, y al año regularmente tenía entre tres a siete proyectos al año. Sus tres mayores acreedores son: Inmobiliaria Esmeralda SpA, Inmobiliaria Jorge Cáceres SpA y Latakia S.A. El día 3 de agosto de 2023, la Junta de Acreedores deberá votar si aprueba o rechaza el Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ).

La constructora guarda una particularidad que la diferencia de otras. En Estación Central construyó parte de los denominados guetos verticales que fueron en su época cuestionados por la autoridad debido a la alta densidad y gran altura.

“Los edificios que hicimos en Estación Central fueron catalogados como guetos verticales. Esos proyectos en general, tengo el recuerdo que cuando salió este tema de los guetos verticales se hacían referencia a unos edificios que estaban vecinos a los nuestros. Nosotros actuábamos solo como constructora, porque la inmobiliaria era otra. Pudiendo haber sido edificios mucho más altos, la inmobiliaria los hizo más bajos. Más bajos, dentro de lo grande que son, porque hay que tener en cuenta que son tremendos edificios”, sostuvo Ramírez.

Pero más allá del mote de gueto vertical, el ejecutivo destacó que sus torres “eran edificios muy buenos, que contaban con piscina en el último piso y salas multiuso”.

El 29 de mayo de 2017, Revista Paula realizó un reportaje vivencial en el que detalló las complicaciones de vivir en un gueto vertical en Estación Central. “Cuando se complete este proyecto, que componen tres torres Alameda de la inmobiliaria Su Ksa junto al edificio Alameda Plaza, de Absal, serán 5600 departamentos en un solo monoblock de una manzana. Es decir, ocho mil personas en una sola manzana, en una sola hectárea. Cuando la densidad promedio de Estación Central es de 79 habitantes por hectárea. Y la de todo Santiago, 23 habitantes por hectárea”, consignó.

Constructora UPC también ha construido edificios para Inmobilia Absal en Recoleta. También para Inmobilia en la comuna de Las Cisternas e Inmobilia Lo Cañas en las Florida e Inmobiliaria Domilia Uno en Conchalí.

En su propuesta de ARJ, el veedor del proceso Patricio Jamarme informó que desde 2012 a 2019, previo a la crisis social (octubre 2019), la constructora tuvo ingresos por $1.800 millones anuales. No obstante, desde 2020 en adelante, dichas cifras se vieron impactadas negativamente, en primer lugar, por la crisis social y luego por la pandemia, lo que, habría generado alzas de costo de materiales y mano de obra.

“La situación actual, de Constructora UPC S.A., se explicaría, en gran medida, por el entorno macroeconómico del país con la disminución de la tasa de crecimiento, inestabilidad del precio de los commodities, la disminución en los últimos 4 años de la ratio inversión sobre PGB e inestabilidad política y económica interna y externa derivada de la pandemia y la inflación que ha sufrido el país y el mundo en los últimos dos años”, consignó el informe.

La propuesta planteada por el veedor contempla el pago de la totalidad del pasivo, y el pago del 50% de la deuda dentro del plazo de 5 años. A su vez, la constructora dispone que el 50% restante será pagado con un bullet al quinto año, el que será refinanciado de común acuerdo con los acreedores a la fecha de su vencimiento en la medida que se hayan cumplido las cuotas anteriores.

“La empresa deudora propone el pago del total del pasivo de los Acreedores Hipotecarios y Prendarios, y dispone dos propuestas diferidas para el acreedor Mutuaria Banco Security en su calidad de acreedor hipotecario, y una propuesta para el acreedor Banco Consorcio, en su calidad de acreedor prendario”, acotó el mismo escrito.

Para cumplir sus pagos, la empresa debe estar obligada a informar los ingresos ordinarios y extraordinarios de la compañía, y deberá solicitar la autorización al Interventor de todos los egresos que, se realicen, independiente de su cuantía, quien tendrá la facultad de autorizarlos o no.