Desde antes del estallido social que la Asociación de Aseguradores no realizaba su cena anual. Este jueves, tres años después, retomaron el evento, por lo que llegaron hasta CasaPiedra distintas autoridades de gobierno, regulatorias, ejecutivos de la industria de seguros y líderes gremiales. Entre ellos, el expresidente Eduardo Frei; la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Berstein; la ministra del Trabajo, Jeannette Jara; el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías; los presidentes de la Sofofa y de la CPC, Richard von Appen y Juan Sutil, y la gerenta general de la Asociación de AFP, Constanza Bollmann.

Allí, el presidente de la Asociación de Aseguradores, Alejandro Alzérreca, hizo un discurso donde recordó que “meses después de que nos reunimos por última vez, se desencadenó el denominado estallido social. Esta crisis, que pudo representar una legítima manifestación y un llamado de atención a la clase política para hacerse cargo de demandas sociales desatendidas o atendidas solo parcialmente, derivó rápidamente, y sin justificación alguna, en episodios de violencia sin precedentes en la historia reciente, amenazando gravemente el orden público, la estabilidad de nuestro sistema democrático y las libertades de las personas, quienes lejos de ver atendidas sus demandas pusieron en riesgo los avances y logros alcanzados en las últimas décadas, gracias a su trabajo y esfuerzo”.

Alzérreca comentó que “este evento tuvo un costo en indemnizaciones a la propiedad por US$1.300 millones, y demandó de las compañías una rápida gestión para reponer la infraestructura dañada y volver a poner en funcionamiento miles de actividades que fueron completamente paralizadas por la violencia, lamentablemente, amparada y justificada por algunos. Y como si ello no fuera suficiente, poco tiempo después se conocieron en el país los primeros contagios asociados al Covid-19”.

Recordó que en este periodo se aprobó un retiro de rentas vitalicias en el Congreso, “que resultó en la reducción de las pensiones futuras de quienes lo solicitaron, y donde además se violaron principios constitucionales y jurídicos fundamentales, como lo es la validez de los contratos libres y válidamente suscritos entre privados, y el derecho de propiedad, tal como lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional en recientes sentencias dictadas sobre esta materia”.

Sobre la situación actual, el líder del gremio afirmó: “No quiero dejar pasar esta oportunidad para referirme e invitar a reflexionar en torno a lo que queremos como gremio para el Chile del futuro, y manifestar nuestra preocupación respecto a la contingencia que estamos enfrentando, como también respecto del texto de la propuesta de Constitución, presentado por la Convención pocos días atrás”.

Sobre esto último, mencionó que “nos preocupa en particular el que equivocadamente, a nuestro juicio, en el articulado propuesto de la nueva Constitución, se aprecie la visión de que un Estado social de derechos es incompatible, o más aún, contradictorio, con la participación del sector privado en la provisión de los bienes públicos que conforman los llamados derechos sociales”.

En esa línea, dijo que, “por el contrario, estamos convencidos de que un Estado social de derechos necesita de la colaboración público- privada. Ello es indispensable para que esos derechos puedan convertirse en realidad y no queden reducidos a una mera aspiración declarada en una norma que, por inviable, no se hace realidad y limita la cualidad política de generar paz social”.

Enfatizó que les preocupa que en el texto “la seguridad social, salud y pensiones, se conciban solo desde sistemas estatales de carácter universal, relegando cualquier forma de organización entre particulares o eventualmente a su exclusión total si así lo decidiera el legislador, con un quórum mínimo y sujeto a mayorías transitorias y circunstanciales”.

Así, aseguró que “perseverar en la exclusión de la participación de los privados, finalmente terminará por afectar el bienestar de las personas, incidiendo en su libertad de elegir y sometiendo a ellas a decisiones de un Estado omnipresente”.

Y abarcó en profundidad los temas de seguridad. “Por desgracia, hoy no es posible abordar los desafíos futuros de la industria, sin detenernos en la principal preocupación que tienen los chilenos y chilenas: la seguridad”, dijo.

Agregó que “los cada vez más recurrentes y graves episodios de violencia que estamos viendo en distintas regiones, especialmente en la Macrozona Sur y barrios urbanos del país, nos obligan a requerir de nuestras autoridades políticas que se implementen acciones que, con firmeza y utilizando todo el imperio de la ley y las facultades que ella le confieren, restablezcan el estado de derecho, la protección de las vidas humanas y la paz social en todo el territorio nacional”.

En ese sentido, comentó que “para cumplir con nuestra misión como aseguradores, requerimos de un país que crezca y se desarrolle en un ambiente de paz social, que fomente la inversión y el emprendimiento. Para ello es imprescindible contar con un entorno de estabilidad en el largo plazo y el respeto irrestricto a las reglas del juego”.

Así, sostuvo que “los episodios de violencia e incertidumbre que estamos enfrentando, y en materias de incertidumbre constitucional futura, paraliza la inversión y el emprendimiento, con su conocido impacto sobre el crecimiento, desarrollo y empleo, sin lo cual no será posible financiar el acceso a los derechos sociales que se pretenden garantizar en el texto propuesto”.

Ello, añadió, “es particularmente importante para nuestra industria, porque asumimos compromisos con nuestros asegurados por riesgos catastróficos y de longevidad por 30 años o más, que debemos respaldar con inversiones líquidas y de largo plazo, capaces de financiar proyectos de infraestructura, de vivienda, entre muchos otros, y darle profundidad al mercado de capitales local”.