El viernes pasado, Primus Capital despidió a 20 ejecutivos de las áreas comercial, cobranza y operaciones. La cifra representa en torno al 10% de la dotación que la empresa reportaba a diciembre de 2022: 203 trabajadores, de los cuales 132 operaban en su casa matriz, 15 en sucursales nacionales y 56 en la subsidiaria en Perú. Cuando se fundó la empresa, en 2014, partió con tan solo 44 empleados.

La compañía controlada por el empresario financiero y vitivinícola Raimundo Valenzuela atraviesa una profunda crisis interna, tras denunciar a Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, exgerente general y exgerente comercial, respectivamente, de urdir un esquema defraudatorio que le generó millonarios perjuicios.

Según conocedores del caso, el viernes al mediodía, el vicepresidente ejecutivo de la compañía, Eduardo Guerrero, comentó la situación a los colaboradores de la empresa y les enfatizó que Primus no va a cerrar y que están haciendo sus mayores esfuerzos para superar la crisis.

“En marzo pasado, quedó al descubierto un esquema defraudatorio que comprometió una parte relevante de la cartera de Primus Capital S.A., lo que ha derivado en pérdidas y perjuicios financieros y reputacionales de gran relevancia. Desde entonces, la compañía, sus accionistas principales y su equipo ejecutivo han realizado todos los esfuerzos para cumplir cabal y oportunamente con todas las obligaciones con los colaboradores, clientes y acreedores”, señaló Primus a Pulso a través de una declaración por escrito.

“Sin embargo, la compleja situación que enfrenta la empresa ha requerido de una necesaria racionalización y reorganización de cargos y funciones, lo que significó la salida de un grupo de colaboradores de la empresa”, concluyó.

La reducción de personal ocasionó la reacción de Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, quienes siguen siendo accionistas minoritarios de la firma. “Nos preocupa la deficiente administración actual que llevó al despido de más de una veintena de funcionarios de Primus el viernes pasado por necesidades de la empresa. Lo anterior contradice las declaraciones que el señor Raimundo Valenzuela emitió al diario El Mercurio el domingo 6 de agosto, donde indicó que los $50.000 millones que propuso de aumento de capital, y que fueron aprobados por este mismo en la junta de accionistas del día jueves pasado, tenía como uno de sus objetivos el proteger las fuentes laborales de más de 150 familias”, concluyó.

“Hasta ahora en este litigio no existe una resolución judicial en el ámbito laboral, ni menos en lo penal. Nosotros, respetuosos de la labor de los tribunales de justicia, canalizaremos la información en esas sedes y no en otras como en los medios de comunicación que han difundido supuestos hechos atribuidos a nosotros y que lo único que consiguen es dañar la imagen de Primus y los intereses de todos sus accionistas, de los cuales somos parte también”, señalaron ambos ejecutivos.

Al estallar el caso, Primus, asesorada por el penalista Francisco Velozo, presentó ante la Fiscalía Oriente una denuncia, acusando a los dos ejecutivos de urdir un plan para defraudar a la compañía.

Se trata de un plan que, según la empresa, involucró a cercanos de los ejecutivos, los cuales se beneficiaron con millonarios montos y que a la fecha no han sido restituidos. Entre ellos ha mencionado a Rodrigo Mardones, director médico de Clínica Las Condes; Antonio Guzmán, abogado que ha representado a al cantante urbano Pailita y a DJ Méndez; Gonzalo Diéguez, abogado; Juan Pablo Bañados, empresario; Marcelo Rivadeneira, técnico en cocina; y Pablo Ormeño, socio del night club Palomino.

Asimismo, determinó poner fin a la relación con Deloitte, auditora que a la fecha aún no entrega los estados financieros de la compañía, generándole más perjuicios, como la caída en la clasificación de riesgo que entregó Feller Rate, argumenta la firma.

En paralelo, Primus solicitó la quiebra de 24 sociedades por deudas por $42.145 millones. Se trata de empresas representadas por los integrantes del supuesto esquema denunciado, que han comenzado a desconocer los pasivos en los tribunales civiles.

Frente a la arremetida judicial, los ex ejecutivos y accionistas minoritarios presentaron una denuncia de tutela laboral en contra de Primus, acusando la vulneración de sus derechos fundamentales. En las acciones judiciales que se tramitan en los juzgados laborales exigen ser indemnizados en $2.675 millones.

En el marco de este proceso, la defensa de Primus, encabezada Domingo Eyzaguirre, socio de Dmey Abogados, adjuntó a la causa el informe forense que encomendó la empresa a la auditora KPMG. El documento, al que tuvo acceso Pulso, realiza un pormenorizado análisis del caso y aborda no sólo la trama del origen de los cheques cuestionados, sino que también los millonarios traspasos a empresas creadas en un día.

La auditora KPMG obtuvo información sobre la incorporación en la cartera vigente de la compañía de clientes sin inicio de actividades económicas y de las autorizaciones de excepciones de manera anómala, junto con los vínculos societarios y personales entre los beneficiarios finales de los fondos y los altos ejecutivos de la compañía, causando un perjuicio económico a la cartera de Primus Capital al respaldar sus operaciones con la entrega de 213 cheques cuestionados que, según el informe pericial, suman un total de $9.408 millones.