El Ministerio de Relaciones Exteriores informó, a través de un requerimiento de Ley de Acceso a la Información Pública, que entre el 11 de marzo de 2021 y el 27 de febrero de 2023, siete compañías de capitales extranjeros han presentado una solicitud de consulta amistosa, apelando a acuerdos de protección de inversiones y tratados de libre comercio.

De acuerdo a la respuesta enviada por Cancillería, cuatro de las negociaciones surgieron a raíz de los supuestos perjuicios que sufrieron las compañías extranjeras en el primer retiro de pensiones en medio de la pandemia.

Dentro de este grupo están Principal Financial Group y la ex Chilena Consolidada Seguros de Vida (controlada por Grupo Zúrich), las cuales -según el oficio recibido por Pulso- cerraron sus consultas, sin alcanzar un acuerdo con el Estado de Chile. La gigante estadounidense contó con la asesoría del estudio Sidley Austin LLP y los europeos trabajan con Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, Ovalle, Salas & Vial (Gerardo Ovalle). Zurich cambió el nombre de Chilena Consolidada por el de Zurich Compañía de Serguros de Vida.

Tras concluir estos procesos de consulta sin un acuerdo entre las partes, ambas compañías pueden tomar tres caminos: cerrar el proceso o iniciar acciones legales en Chile o ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Las aseguradoras reclamaron que cuando se aprobó el primer retiro del 10% de las AFP se incluyera un adelanto del 10% de los contratantes de rentas vitalicias, lo que afectaba el patrimonio de las empresas.

El oficio firmado por la directora general de Asuntos Jurídicos, Cecilia Cáceres consignó que la sociedad dueña de Chilena Consolidada ingresó su solicitud de consulta amistosa el 14 de octubre de 2021, bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones con Suiza. En tanto, Principal Financial Group activó el proceso el 14 de octubre de 2021 a través del Tratado de Libre Comercio y el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones con Reino Unido.

Las otras dos compañías que presentaron una solicitud de consulta amistosa por los supuestos perjuicios ocasionados en las rentas vitalicias fueron Ohio National Financial y MetLife. La primera aseguradora es asesorada por el estudio Baker & McKenzie (Rodrigo Díaz de Valdés) y comenzó el 11 de mayo de 2021, bajo el amparo del TLC con Estados Unidos.

Si bien MetLife presentó la solicitud de consultas amistosas el 21 de octubre de 2021, bajo el TLC entre Chile y Estados Unidos, con la asesoría del estudio White & Case LLP con el apoyo local de Carey, su proceso no ha iniciado, según detalló en su oficio Cancillería.

Principal y Zurich declinaron efectuar comentarios sobre este artículo y desde Cancillería añadieron que “ambos procesos de consultas terminaron sin llegar a un acuerdo. Habiéndose cumplido el período de consultas, las empresas estarían habilitadas bajo los tratados invocados para iniciar una acción arbitral, pero no lo han hecho”.

A ellos se suman otros tres casos que no están vinculados a los retiros de fondos de pensiones y la afectación de las rentas vitalicias, sino que al impacto que genera a las isapres el reciente fallo de la Corte Suprema por la readecuación de la tabla de factores y el ajuste del precio base.

El 25 de mayo de 2022, Bupa Investment Overseas Limited presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores una solicitud de inicio de consulta amistosa en el marco del Acuerdo entre Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de Promoción y Protección de Inversiones. La asesoría de la empresa está a cargo de Baker & MacKenzie (Rodrigo Díaz de Valdés).

En tanto, el 23 de enero de 2023, las sociedades Bordeaux UK Holding II Limited y Banmédica S.A. presentaron una solicitud de inicio de consultas amistosas bajo los mimos acuerdos mencionaods en el caso de Bupa. La asesoría de las empresas está a cargo de Claro y Cía (Felipe Ossa) y Hogan Lovells.

Ambos procesos están en pleno desarrollo.

El tema de fondo que genera perjuicios a las isapres y que ha motivado la acción ante Cancillería es la tabla de riesgo, pero en paralelo también existen otros asuntos que corren de manera paralela, como el pago de primas GES y la deuda que se viene arrastrando con Fonasa y clínicas privadas.

Ambas compañías plantean que estos actos violan los derechos que tienen las isapres en Chile y que pueden llegar a constituir una expropiación dependiendo de la gravedad económica. Hoy el gobierno a través del Ministerio de Salud ha planteado que las isapres deben devolver hasta US$1.400 millones a sus afiliados.

Por último, el 3 de octubre de 2022, bajo el TLC entre Chile y Estados Unidos, TRG Allocation LLC solicitó a Cancillería iniciar un proceso de consulta amistosa debido a discrepancias que tuvo Delibest Chile con la Jubaeb en el último proceso de licitación de alimentos. La compañía es representada por Baker & McKenzie (Rodrigo Díaz de Valdés) y el proceso está en estudio.

El oficio de respuesta de Cancillería aclaró que durante este tipo de proceso el gobierno no ha contratado abogados externos.

Actualmente, el equipo encargado de velar por los intereses del Estado de Chile frente a controversias con inversionistas extranjeros se encuentra compuesto por cuatro personas. La coordinadora de la unidad es Johanna Klein, licenciada en derecho de la Universidad de Utrecht, máster en Derecho de Yale University y doctora en derecho de la Universidad de Tilburg. Cuenta con amplia experiencia en litigios y arbitrajes internacionales, destacando su participación como coordinadora ejecutiva del caso Silala y su representación del Estado de Chile frente a reclamos de inversionistas chilenos como en arbitrajes inversionista-Estado ante tribunales CIADI.

El equipo se conforma, además, por tres asesoras jurídicas, Constanza Onetto, abogada licenciada de la Universidad Adolfo Ibáñez y máster en Derecho de Queen Mary University; Trinidad Cruz, abogada licenciada de la Universidad Católica; y Daniela Rivera, diplomática de carrera, abogada de la Universidad Católica, máster en Derecho de Georgetown University y máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de la Sorbona, todas con experiencia en litigios internacionales.

Este equipo conforma la unidad de asesoría especializada, encargada de coordinar la defensa de Chile en controversias internacionales en materias relativas a inversiones. Junto a lo anterior, le corresponde a la unidad coordinar la participación del Estado de Chile en las consultas amistosas que puedan ser solicitadas por inversionistas en el marco de los tratados comerciales suscritos por Chile, bajo los lineamientos del Comité Interministerial para la Defensa del Estado en Controversias Internacionales en Materias Relativas a Inversiones.