Proyecto de gratificaciones: las propuestas que la mesa técnica presentará a la comisión de Trabajo de la Cámara

El presidente de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez (PPD), quiere impulsar sí o sí el proyecto que reformula el sistema de gratificaciones en el país. Si bien su idea original era ponerlo en votación a principios de mayo, los proyectos del bono de $200 mil y de Salario Mínimo llegaron con urgencia desde el Ejecutivo y, por ello, tuvo que reagendarlo.

Para Jiménez es un tema prioritario, ya que él es el autor de la propuesta y, por ende, afirma que una vez despachado el proyecto de Salario Mínimo de la comisión, pondrá en tabla esta moción.

En la primera sesión de la Comisión de Trabajo, en marzo, el gobierno, representado por el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, alertó que esta era una materia de iniciativa propia del Ejecutivo, por lo que sería inconstitucional, ya que afecta las remuneraciones de los trabajadores. Sin embargo, planteó la idea de formar una mesa de trabajo con distintos actores para analizar el sistema y presentar propuestas en un plazo de 4 a 6 semanas.

La idea fue recogida por los parlamentarios y en especial por Jiménez. La mesa se formó a mediados de marzo y en ella participaron representantes técnicos de los parlamentarios -oposición y oficialismo-, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

El informe ya se terminó y está en su etapa de revisión final. Entre los principales puntos, quienes conocen el documento, mencionan que hay acuerdo en que este sistema de gratificaciones ya no cumple su objetivo y que se debe modificar adaptándolo para que deje de ser un costo fijo que se asume por parte de la empresa y que el trabajador sabe que le llegará en su remuneración mensual.

“Si a la empresa le va bien o mal le pagan lo mismo al trabajador. Hay acuerdo en perfeccionarlo y que el trabajador sienta que, si a la empresa le va bien, lo verá reflejado en sus ingresos”, afirma un conocedor del texto.

El informe que se entregará a la comisión detallará el punto en común, que es la necesidad de modificar el sistema, pero no hubo acuerdo en cuanto a una propuesta única. Por ello, habrá dos fórmulas para que los diputados las analicen.

La primera de ella es básicamente la misma que propone Tucapel Jiménez y que fue apoyada por la Central Unitaria de Trabadores (CUT) y por el experto que representó a los parlamentarios de oposición. Esta consiste en repartir el 30% de las utilidades de una empresa.

En tanto, la propuesta alternativa –apoyada por la representante de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y por el técnico del oficialismo- es avanzar en fijar bonos de producción por cumplimiento de metas. Afirman que este mecanismo es mejor, ya que haría que la gratificación dependa netamente de la productividad y el desempeño de los trabajadores, y que un incentivo de metas puede cumplir mejor esa función. Actualmente, esta lógica funciona en el comercio y la minería. Sostienen que lo que se busca es que sea un incentivo controlable por el trabajador.

La dificultad de esta idea es cómo se incorpora en empresas donde no hay sindicatos, ya que una de las formas de dejarlo establecido es a través de los contratos colectivos. Una alternativa es que sean los grupos negociadores, pero eso levantó las dudas en la CUT.

El gobierno fue el que coordinó la mesa, pero no tomó postura por ninguna propuesta.

La iniciativa ingresada en noviembre de 2019 busca ampliar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. La gratificación está definida en el artículo 42, letra e) del Código del Trabajo y es “aquella parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador”.

La ley establece dos sistemas opcionales para el cumplimiento de la obligación del empleador de gratificar a sus trabajadores: el previsto en el artículo 47 del Código del Trabajo y el otro, en el artículo 50 del mismo cuerpo legal.

El primero establece la obligación de gratificar anualmente a los trabajadores en proporción no inferior al 30% de las utilidades o excedentes. Y el segundo fija un método alternativo de pago que consiste en el 25% del sueldo anual, con un tope por año de 4,75 ingresos mínimos mensuales.

En la práctica, las empresas chilenas emplean solo el segundo mecanismo, volviendo casi inaplicable la distribución de utilidades líquidas.

Entre los principales cambios, el proyecto vuelve casi obligatoria la distribución del 30% de las utilidades. Primero, porque elimina el tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales establecido en el artículo 50 del Código del Trabajo y autoriza el pago de gratificaciones por esa vía solo si le permita al trabajador recibir una suma mayor al 30% de los excedentes de las empresas.

Además, la moción reforma el artículo 47 y propone que el cálculo se efectúe sobre el total de las remuneraciones anuales de los trabajadores que tienen derecho a recibirla, excluyendo a quienes no lo tienen. Hoy, el cálculo se hace en base a todos los trabajadores de una empresa, más allá de si tienen derecho a recibirlo, ampliando así la base de cálculo.

La propuesta es apoyada por varios diputados, como los RN Francisco Eguiguren, Sofía Cid y Alejandro Santana, Karol Cariola (PC), Gastón Saavedra (PS), Gabriel Silber (DC), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Raúl Soto (Independiente) y Gael Yeomans (Convergencia Social).