Un nuevo flanco enfrenta el exdirector médico de la Clínica Las Condes (CLC), Rodrigo Mardones, en tribunales. La semana pasada, sus socios del proyecto inmobiliario Marina Rapel, Andrés Chahín y Mauricio Wainer, presentaron una querella criminal en su contra, acusándolo del presunto delito de administración desleal.

La acción penal, que se tramita en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago y es patrocinada por el abogado Jorge Gálvez, acusó que Mardones, en su rol de administrador de varias sociedades vinculadas al proyecto inmobiliario Marina Rapel, abusó de sus facultades al tomar decisiones que resultaron en perjuicios patrimoniales significativos para dichas sociedades.

En el escrito al que tuvo acceso Pulso La Tercera, los querellantes, Andrés Chahín y Mauricio Wainer, denunciaron haber sufrido significativos perjuicios patrimoniales y daños reputacionales debido a la gestión de Rodrigo Mardones. Señalaron que en su rol de administrador, Mardones contrajo “deudas exorbitantes” y “ejecutó operaciones financieras en un contexto de extrema crisis económica para las empresas”. Agregaron que este manejo, que calificaron de opaco y abusivo, los expuso a pérdidas económicas considerables, incluyendo una deuda verificada de $4.646 millones, y deterioró su reputación profesional y comercial al vincularlos a prácticas financieras desleales y potencialmente fraudulentas.

Actualmente Mardones enfrenta varios problemas financieros y legales. Tiene deudas que ascienden a $3.666 millones, donde los principales acreedores son los bancos Itaú, BCI y Scotiabank. Estas deudas provienen de negocios fallidos, incluyendo el proyecto inmobiliario Marina Rapel. También es objeto de una querella por ocultamiento de bienes, donde se le acusa de haber ocultado propiedades y vehículos durante su proceso de quiebra, incluyendo un Aston Martin y un Land Rover. Además, se le acusa de haber simulado transacciones a través de diversas sociedades para proteger sus activos.

El proyecto Marina Golf Rapel fue un desarrollo inmobiliario ubicado en la orilla del Lago Rapel, en la Región de O’Higgins. Este complejo de 83 hectáreas incluía dos edificios residenciales con 18 departamentos cada uno, varias parcelas para residencias privadas, estacionamientos, bodegas, una marina con muelle flotante, un club de golf de nueve hoyos con planes de expansión a 18, una casa club, piscinas, canchas de tenis, un restaurante, una discoteca, y una pista de aterrizaje con hangares.

A pesar de las grandes expectativas, el proyecto enfrentó múltiples problemas financieros y legales. Entre ellos, Mardones fue acusado de emitir cheques sin fondos a inversionistas, como Luis Alberto Bilbao, quien invirtió una suma significativa en la iniciativa. Las complicaciones financieras del proyecto y la falta de cumplimiento en las promesas de retorno de inversión, llevaron a que Mardones enfrentara una querella por estafa.

La querella de Chahín y Wainer consignó varias prácticas ejecutadas por Rodrigo Mardones que son cuestionadas y presuntamente serían constitutivas del delito de administración desleal:

-Falta de transparencia: indica que Mardones mantuvo una “absoluta opacidad respecto de la información contable y comercial de las empresas”, negándose a proporcionar claridad y transparencia en su administración.

-Contratación de deudas exorbitantes: puntualiza que contrajo deudas significativas en momentos de “extrema crisis financiera” para las empresas, exponiéndolas a graves riesgos patrimoniales.

-Utilización fraudulenta de cheques: sostiene que usó cheques de las empresas del proyecto Marina Rapel en un “esquema fraudulento” vinculado a Primus Factoring, exponiendo a los socios a pérdidas patrimoniales y reputacionales significativas.

-Pagos no autorizados: asegura que intentó dar en pago una cancha de golf del complejo inmobiliario sin la autorización de la junta de accionistas, lo que no pudo ser inscrito en el Conservador de Bienes Raíces debido a la falta de autorización, demostrando un claro abuso de poder.

-Operaciones con empresas relacionadas: sostiene que realizó operaciones financieras y comerciales con empresas relacionadas a sí mismo, cobrando ingresos que correspondían a las empresas administradas por él y cuyo destino es desconocido para los querellantes.

-Beneficio personal: manifiesta que sus acciones parecieron estar orientadas a “favorecer los intereses de Primus Capital” y posiblemente sus propios intereses, más que los de las empresas y sus socios.