“No estamos haciendo ningún tipo de salvataje, queremos tratar de aplicar un fallo siendo prudentes y razonables”. Así resumió el superintendente de Salud, Víctor Torres, el ánimo con el cual el regulador buscará que se aplique el fallo de la Corte Suprema, que obliga a las instituciones de salud privada restituir los dineros cobrados en exceso a miles de afiliados, por haber aplicado tablas de factores antiguas y no regirse por la normativa que regía las adecuaciones de planes desde diciembre de 2019.

En entrevista con Tele13 radio, el exdiputado insistió que el organismo supervisor busca aplicar el fallo respetando “los márgenes que establece la Ley y el fallo”, evitando al mismo tiempo un colapso del sistema para no afectar a los afiliados.

“Hay mucha creatividad que tiene que estar dentro de los márgenes que establece la ley y el fallo, y que no perjudique a las personas. Esos son los criterios base. Y en ese sentido, tenemos que estudiar de qué manera se va ejecutando esto”, sostuvo Torres, a la hora de abordar el cómo la autoridad buscará dar cumplimiento a la resolución del máximo tribunal del país.

“Yo tengo una instrucción directa de la corte, estamos mandatados, y obviamente uno trata de hacerlo con un principio de racionalidad; hay que ser prudentes. No vamos a hacer ninguna cosa que implique una afectación mayor, pero tiene que cumplirse el fallo. (...) Lo que uno tiene que hacer es, en definitiva, buscar la manera que no afecte a los afiliados, y ese es el punto central para nosotros como Superintendencia. También, debe implicar garantías de que el cumplimiento del fallo no genere una caída abrupta, de un día para el otro, del sistema”, enfatizó.

Y aunque reconoció que una posible caída del sistema de salud privado “indudablemente para nosotros ese es una tema”, afirmó al mismo tiempo que dicho panorama “es menos posible que en escenarios anteriores”.

Al respecto, recordó que el cambio en cómo se realizan las provisiones de cada isapre, tras la caída de Masvida en 2017, permite resguardar de mejor manera el pago de deudas con cada prestador, y ejemplificó asegurando que las ganancias históricas de 2020 de las isapres, año que obtuvieron más de $80.000 millones en utilidades, “podrían haber sido más altas porque (ahora) se genera este aprovisionamiento y con ello se resguarda de mejor forma la deuda”.

Consultado sobre cómo se implementará el pago retroactivo de los cobros en exceso a los afiliados afectados por el uso de tablas de factores antiguas, el superintendente Torres reconoció que ésa es una de las dificultades tiene el fallo, y señaló que “no sé si la retroactividad implica hasta 5 años o eventualmente desde que la tabla entró en vigencia (2020)”.

Al respecto, recordó que en 2019, “la Superintendencia de Salud de la época estableció una tabla de factores que no discrimina por sexo y que solamente agrupa 3 o 4 grupos etarios”, y que desde 2010 el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucionales algunas disposiciones sobre el cálculo de reajuste de los planes, dejando al margen los contratos que aplicaban tablas de factores previas a 2019, los que Torres cifró en 35 mil planes.

“(El fallo) habla del principio de retroactividad, y nosotros tenemos que ver si efectivamente si con eso se refiere con eso a 5 años o eventualmente solo desde que la tabla de factores existe”, remarcó.

Además, consultado sobre el costo financiero que implica el cuplimiento del fallo, Torres refutó que algunas estimaciones que han trascendido y llegan oscilan entre US$800 millones y US$1.000 millones para la industria en general, ya que, según afirmó, ello todavía “tiene que calcularse, la corte nos da 6 meses para establecer cómo esto va a funcionar porque el cálculo puede terminar siendo uno a uno”. Es decir, caso a caso según el contrato de cada afiliado.

“Nos llamó la atención (los cálculos que han trascendido) porque, por todo lo que he explicado, el cálculo es bastante difícil de poder precisar”, dijo, y agregó respecto a las cifras que se manejan que “puede ser, pero sería irresponsable que yo, que tengo que comprobar aquello, diga ahora una cifra”.

Ante ello, señaló que “(en la Superintendencia) no estamos en condiciones y tampoco las isapres, si todavía no tienen la información”.

En ese sentido, remarcó que “cuando la Corte dice excedentes, no implica un pago directo a las personas, sino que la disponibilización de estos montos en las cuentas de excedentes, que tiene un régimen general y que las personas pueden usarlos en farmacias, para el pago de deudas de las mismas cotizaciones y sino a la cuenta de un año uno puede pedirlas como dinero”.

Eso, reconoció que el pago vía excedente “sí genera deuda y tiene que estar garantizada, entonces se establece una complejidad”.