El concejo de la Municipalidad de Vitacura, por la unanimidad de sus miembros, acordó esta mañana poner término anticipado a la concesión del proyecto Zoccalo, que consistía en la construcción y mantención de estacionamientos subterráneos en el sector Alonso de Córdova. La iniciativa, que ha generado polémica por sus externalidades entre algunos vecinos, considera una inversión total de $ 16.512 millones (US$ 23 millones) y la habilitación de 512 estacionamientos y un plazo de construcción de 24 meses.

Concesionaria de Estacionamientos Alonso de Córdova (Zoccalo) es propiedad de las inmobiliarias SuKsa -la misma que exintendente Claudio Orrego acusó de construir guetos verticales en Estación Central-; Kumquat, de familia Abumohor, y el empresario español José Cabrerizo.

Esta concesión, también conocida popularmente como “proyecto Zoccalo”, fue adjudicada en julio de 2006 para explotar los estacionamientos de superficie existentes en Alonso de Córdova, con la opción de presentar un proyecto de estacionamientos subterráneos que reemplazara los existentes.

Las bases de licitación contemplaban que la explotación de los estacionamientos subterráneos debía comenzar en un plazo máximo de 36 meses desde la aprobación del proyecto (17 de abril de 2021), para lo cual tenía, además, que dar cumplimiento a las exigencias propias del proyecto en ese mismo período.

Ante el concejo, el director de la División Jurídica del municipio, Mauricio Irarrazabal, expuso que “en opinión de esta administración, estamos en presencia de ciertos aspectos que se traducen en incumplimientos por parte de la concesionaria tanto al contrato como a las bases administrativas y en resguardo de los intereses municipales y del patrimonio municipal es que vengo en representación de la dirección jurídica a solicitar el termino anticipado de dicha concesión”.

La concesión data de 2006 y su objeto era entregar el uso preferente de un bien nacional de uso público a los sectores denominados Plaza Lo Castillo y, eventualmente, Alonso de Córdova. En el caso del sector de Plaza Lo Castillo comprendía el uso de subsuelo con el objeto de construir un edificio de estacionamiento subterráneo destinados a reemplazar los estacionamientos existentes en la superficie, lo cual debe ser administrado y mantenido por la concesionaria a cambio de la percepción de los ingresos de explotación. El segundo tramo comprendía la superficie de Alonso de Córdova, tanto en el uso del suelo como del subsuelo, con la finalidad de explotar inicialmente los estacionamientos de superficie y además establecía en las bases la posibilidad de explotar estacionamientos subterráneos.

El caso es que la concesionaria podía optar por este segundo tramo en un plazo de 10 años y ejerció dicho derecho.

“El segundo tramo integraba los tramos de Alonso de Córdova, entre Avenida Bicentenario y el nudo Kennedy con Avenida Américo Vespucio, comprendiendo inicialmente 1,4 kilómetros. Al analizar los aspectos informales que tenían que cumplir la concesionaria, en opinión de esta división jurídica se puede señalar que habían ciertas formalidades o permisos que no fueron cumplidos por la concesionaria en el plazo estipulado en las bases del contrato”, acotó el director de la División Jurídica del municipio, Mauricio Irarrazabal.

El 22 de marzo de 2021, un grupo de vecinos -asesorados por abogados de Guerrero Olivo con Pellegrini & Rencoret- presentó una reclamación ante la Contraloría General de La República ante eventuales irregularidades o ilegalidades por parte de la concesionaria, según las bases de la concesión. En abril de 2021, el concejal Felipe Irarrázaval también hizo una presentación ante el ente contralor, señalando supuestas irregularidades en el proceso.

En ese estado de cosas asumió la nueva administración que encabeza la alcaldesa Camila Merino y pocos días antes de su arribo, la Contraloría solicitó un informe sobre estos hechos al municipio por ambas presentaciones. Hasta ese momento, la municipalidad no era parte del proceso y, por lo mismo, inició gestiones para tener mayor información sobre el análisis que estaba haciendo la autoridad fiscalizadora.

Sin embargo, la Contraloría se abstuvo de resolver y determinó que, dada las facultades propias de la municipalidad, Vitacura debía resolver las presentaciones. Además, establece que es el propio municipio el que debe analizar los eventuales incumplimientos propias de los contratos.

Para la concejal Macarena Bezanilla (RN) “evidentemente es un proyecto que está absolutamente extemporáneo, ajeno a todas las necesidades de la comuna. Es muy distinto a todas las aspiraciones que los vecinos tienen sobe lo que debe ser Vitacura dentro de los próximos años. Han pasado 16 años y ni siquiera se ha movido una piedra. Si este proyecto ha seguido con vida, se debe al abuso de la norma. No puedo creer que una concesión que fue pensada el año 2006 venga a resolver los problemas del año 2022, perdón tendría que ser 2025 si es que estuvieran construyendo hoy”.

“Agradezco el trabajo de la División Jurídica. Este es un estudio que realizó la administración respecto de los incumplimientos que se produjeron al contrato y a las bases. La administración ha llegado a la convicción que se produjo este incumplimiento. Dado eso nos traen la posibilidad de dar término anticipado al contrato y estoy por aprobarlo”, acotó el concejal Felipe Ross, del Partido Republicanos.

Desde la Concesionaria de Estacionamientos Alonso de Córdova (Zoccalo) explicaron que se acaban de enterar de esta decisión adoptada por parte de la alcaldesa y el concejo, y que no han sido notificados al respecto. A pesar de la decisión favorable que emitió la Contraloría General de la República el 6 de enero pasado, que determinó que no existen ilegalidades por parte del proyecto y, pese a que expresamente le indicó al municipio que debía dar respuesta a las presentaciones realizadas por la concesionaria, esto último nunca sucedió”.

Además explicaron que “lo correcto era ser escuchados por parte de la alcaldesa y el concejo previo a la adopción de cualquier resolución. Una vez que sean notificados y reunidos los antecedentes, ejecutarán acciones legales en contra del municipio y los responsables de esta resolución ilegal, alejada de criterios elementales de debido proceso y que causa perjuicios evidentes”.