El envejecimiento de la población está generando cambios sustanciales en las sociedades y economías de todo el mundo, lo cual es lógico ya que la esperanza de vida ha aumentado exponencialmente desde 1950 hasta la actualidad, pasando de 47 a 72 años, en otras palabras, un cuarto de siglo más de vida.

De la mano de la longevidad viene uno de los grandes desafíos que están enfrentando los países y que se traduce en garantizar seguridad financiera a sus adultos mayores y un sistema de pensiones que sea sostenible para las generaciones futuras. Si bien es cierto que los países desarrollados están experimentando primero las consecuencias económicas de esta sociedad madura, los países en desarrollo viven este proceso a un ritmo más acelerado.

En el caso de Chile se espera que en 2060 la población mayor de 65 años sea equivalente al 55% de las personas en edad de trabajar, según datos del informe sobre el futuro de las pensiones ("Rethinking Retirement") elaborado recientemente por Credit Suisse. También se estima que para ese año los hombres pensionados vivan en promedio 23 años más desde su jubilación, cinco años más que ahora; mientras que en el futuro las tasas de reemplazo– el porcentaje de sueldo con el que una persona se pensiona - de referencia en el país disminuirían en más de 15 puntos porcentuales, al igual que ocurriría en Grecia, España y Suiza.

Según el estudio "Credit Suisse 2019/2020 Progress Barometer", la realidad actual en Chile es que a más del 70% de las personas le gustaría trabajar o cree que tendrá que hacerlo después de alcanzar la edad de jubilación, que actualmente es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. La pregunta que surge ante esta realidad es cómo garantizar seguridad financiera a los adultos mayores al tiempo que aumenta la esperanza de vida.

Un modo de enfrentar esta situación consiste en implementar esquemas de trabajo más flexibles, que pongan incentivos en los lugares correctos sin poner en peligro la protección de los necesitados.

Otras opciones que se proponen en nuestro estudio es ahorrar más de forma individual a través de un pilar de ahorro privado que vaya más allá de la pensión; aumentar los impuestos, si bien en muchos países OCDE ya son altos, por lo que es poco probable que esta iniciativa aporte una solución, sobre todo si se consideran los efectos laborales negativos que se generarían por impuestos más altos o por evasión fiscal; elevar la edad de jubilación para reducir las brechas de financiación e incrementar los incentivos para que los mayores con buena salud que quieran mantenerse activos y deseen trabajar puedan hacerlo, abordando, entre otros factores, la discriminación en las contrataciones o reduciendo sus costos laborales e impulsando su productividad.

Es cierto que recientemente, y alrededor del mundo, quienes diseñan las políticas públicas han enfrentado una creciente oposición a las reformas de pensiones, pero cuanto más se demore el debate, más difícil será revertir las consecuencias negativas del aplazamiento.