En los últimos años el tema de los gobiernos corporativos ha ido ganando cada vez mayor fuerza en Chile y el mundo. Y no sólo porque su fortaleza puede contribuir a resguardar las ganancias del negocio, sino que también porque se han ido incorporando nuevas temáticas, como el medioambiente, la diversidad y la responsabilidad social, entre otras.

Pese a ello, las cifras demuestran que esto aún no es asumido con tanta importancia entre las empresas chilenas. Según expuso ayer Mauricio Larraín, comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), menos del 50% de las firmas IPSA ha adoptado de forma adecuada la normativa 385 sobre divulgación de prácticas de gobierno corporativo, vigente desde 2015.

En ese contexto, durante su participación en el seminario "Directorios y el desafío de la Transformación", organizado por el Centro de Gobierno Corporativo del ESE Business School de la Universidad de los Andes, Larraín afirmó que "uno de los objetivos estratégicos del consejo de la CMF es elevar los estándares de gobierno corporativo de las empresas chilenas".

Sobre cómo pretenden avanzar en la materia, adelantó que "el consejo de la CMF está evaluando dos caminos alternativos. El primero es seguir con la normativa 385 y fortalecerla". Detalló que la idea es analizar práctica por práctica si existe algún ítem que no aplique a la realidad chilena , y sacarlo, junto con tratar de dar gradualidad, para de evitar el problema de respuestas binarias (sí o no) que existe actualmente y dar flexibilidad en el caso de que los estándares sean muy altos.

"Pero hay otro que es un poco distinto, que es hacer un esfuerzo por crear un código de gobiernos corporativos país, donde las normas o las buenas prácticas las determine el mismo sector privado, no el regulador", señaló.

Enfatizó que al regulador le gustaría avanzar hacia la autorregulación con este modelo, pero para ello sería crucial contar con el esfuerzo y colaboración del sector privado. Junto con ello, dijo que la idea es que el camino a seguir esté definido a más tardar en el tercer trimestre de este año.

En el seminario también participó Fernando Barros, socio de Barros & Errázuriz Abogados, quien cuestionó la normativa 385 por buscar imponer, a su juicio, una medida universal que en muchos casos no aplica a la realidad local.

La norma "tiene 99 buenas prácticas, lo que ya supone un juicio de valor. Es absolutamente inútil en una buena parte de las empresas chilenas. Significa una falta de adaptación, una falta de realismo en cómo se está normando", sostuvo Barros.

Añadió que generó una presión sobre la empresa que, sumada a la legislación, ha llenado al sector privado de manuales, que nadie lee ni entiende, pues no vienen de la realidad local.