Andrés Allamand: "La trampa del Gobierno con los grupos negociadores no va a funcionar en los tribunales"

Fue uno de los principales articuladores de la oposición en torno a la discusión de la Reforma Laboral y uno de los artífices del requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) que sepultó la titularidad sindical y la extensión automática de beneficios, parte del corazón de la iniciativa original que impulsó el Gobierno. Pese a la corrección que hizo el TC, el senador RN Andrés Allamand sigue siendo crítico del contenido de la nueva ley de relaciones laborales, especialmente tras el reciente dictamen de la Dirección del Trabajo (DT) que mantuvo "en tierra de nadie" a los grupos negociadores en cuanto a procedimiento para negociar colectivamente. "Es coherente con la estrategia tramposa que se urdió en el Ministerio del Trabajo, cuando lo dirigía la ministra Rincón", dispara el parlamentario de la Comisión de Trabajo del Senado respecto del pronunciamiento del ente dependiente de la cartera de Trabajo. Allamand cree que la estrategia del Ejecutivo de mantener el vacío regulatorio, negándose a legislar una ley adecuatoria a la sentencia del TC que estableció que los grupos negociadores tienen la misma titularidad de los sindicatos, "no va a tener éxito (...). En el próximo tiempo sólo habrá vía judicial y no tengo duda que prevalecerá la tesis de que los grupos pueden negociar".

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¿Qué señal política envía la DT y el Gobierno al mantener en un vacío legal a los grupos negociadores?

-Es coherente con la estrategia tramposa que se urdió en el Ministerio del Trabajo, cuando lo dirigía la ministra Rincón. La opinión de los ministros Valdés y Eyzaguirre era que había que ajustar la ley al fallo. Lo mismo pensaba la Democracia Cristiana, salvo la ministra Rincón. Sin embargo, tal estrategia, con la ayuda de la Presidenta Bachelet le dobló la mano a los ministros del área económica.

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¿Y qué va a pasar?

-No va a tener éxito. En derecho nadie puede aprovecharse de su propio dolo.

¿Mantiene la tesis de que el Gobierno estaría desacatando el fallo del TC?

-Así es, pero la trampa no va a funcionar. La manera correcta de reaccionar frente al fallo -que rechazó que los sindicatos fueran los únicos autorizados a negociar- era con un veto aditivo o una ley corta. El Gobierno quiso dejar todo en la nebulosa, pero en definitiva, lo único que no puede pasar judicialmente es que los tribunales nieguen el derecho a negociar a los grupos. Eso sería reírse del fallo del Tribunal Constitucional, un portazo a la institucionalidad jurídica del país.

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El presidente de la Corte Suprema dijo que el problema debió regularse por ley y que la justicia se va a pronunciar.

-Y tiene toda la razón. Es lo que le dijimos nosotros al Gobierno: que ajustara la ley al fallo. Prefirió dejar un vacío apostando a un absurdo. Si el Tribunal Constitucional dijo con todas sus letras que los grupos pueden negociar… ¿Cómo podría un juez del trabajo decir exactamente lo contrario?

¿La CUT seguiría influyendo en el Gobierno para evitar que se regule a los grupos?

-La CUT, y por su intermedio el Partido Comunista, fue el verdadero legislador en materia laboral durante este gobierno. Los proyectos se los mandaban a la CUT antes que al Congreso. Y los resultados están a la vista. Para peor, el estado actual de la CUT, incluido fraude electoral, es una vergüenza. Los trabajadores se merecen una mejor representación.

¿Tras el dictamen de la DT se mantiene la tesis de la titularidad sindical "de facto" que levantaron algunos expertos y el diputado Osvaldo Andrade (PS), figura que iría en contra del fallo que declaró inconstitucional el monopolio sindical?

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-La titularidad sindical "de facto" es un invento burdo. Lo que habrá, sí o sí, es titularidad para los grupos negociadores.

¿Si no se legisla va a aumentar la judicialización que ya anticipó la ex ministra Rincón?

-En materia laboral es la apuesta que siempre hace el Gobierno. Deliberadamente legisla mal o con vacíos, ya que asume que los jueces del trabajo le darán en las sentencias lo que no obtuvo legislativamente.

Tanto la ministra del Trabajo como el subsecretario Francisco Díaz han dicho que no hay espacio para una ley corta y han endosado la responsabilidad de dicho vacío legal a la oposición porque, según ellos, no hubo disposición a llegar a un acuerdo. ¿Qué le parece ese punto?

-El senador Hernán Larraín y yo le propusimos al Gobierno legislar en el tema. La respuesta fue que la ley corta debía terminar con los grupos, es decir, el acuerdo consistía en que quedara sin efecto el fallo del Tribunal Constitucional. Usted puede imaginarse nuestra respuesta.

¿Su sector aún está disponible para llegar a un acuerdo político que viabilice una ley adecuatoria?

-Este gobierno ya se terminó. Sólo le queda contar los minutos hasta el pitazo final. Le insisto: la trampa del Gobierno no va a funcionar en los tribunales. La Corte Suprema que ya tiene un serio problema con la Contraloría, no se va a abrir a otro frente, ahora desafiando al Tribunal Constitucional.

¿Cree necesaria la intervención del ministro de Hacienda para zanjar una ley corta y evitar que la Reforma Laboral siga generado ruidos en la economía, como lo ha advertido el FMI?

-Lamentablemente el ministro Valdés no tiene fuerza para hacer nada. Al menos esta pelea la perdió.

¿Si el Gobierno insiste en no impulsar una ley corta adecuatoria, van a adoptar caminos jurisdiccionales para que se corrija el vacío legal, o van a optar por la vía política y abogar para que el próximo gobierno se haga cargo del tema?

-En el próximo tiempo sólo habrá vía judicial y no tengo duda que prevalecerá la tesis de que los grupos pueden negociar. En el próximo gobierno debiera abrirse un espacio para corregir esta pésima Reforma Laboral y luego legislar bien hacia el futuro.