Brasil: nueva ley castiga a firmas por corrupción
El caso de un hombre que huyó del país tras ser declarado culpable, en el caso de corrupción más grande de Brasil, tiene a los medios ocupados. Henrique Pizzolato, el ex director de marketing del Banco do Brasil, entidad controlada por el estado, fue encontrado por la policía en Italia y se enfrenta a una posible extradición.
El año pasado desapareció de Brasil después de ser condenado a más de 12 años de cárcel por su papel en el caso Mensalão, en el que algunos de los más altos cargos políticos de la nación fueron declarados culpables por comprar votos en el Congreso con dinero público.
Si bien Brasil procesa desde hace tiempo a las personas acusadas de corrupción como Pizzolato, ahora sus empleadores también tendrán algo por qué temer. Una nueva ley que entró en vigor a finales del mes pasado ordena por primera vez que a las empresas responsables de corrupción se les castigue con fuertes multas.
La ley pone a un país clasificado por Transparencia Internacional como peor que Namibia o Ghana en corrupción, más cerca de las convenciones sobre fraude empresarial de la OCDE.
Al igual que la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EEUU y la Ley de Soborno del Reino Unido, la normativa no sólo se aplica a las empresas brasileñas , fideicomisos y fundaciones, sino a las firmas en el extranjero con oficina en el país.
La ley persigue los "actos perjudiciales" de las empresas , como ofrecer una ventaja indebida a un funcionario público o a un tercero vinculado con funcionarios del gobierno, en especial cualquier intento de subvertir o defraudar un proceso de licitación o de contratación pública. El servidor público puede ser un funcionario de gobierno extranjero en otro país.
Una empresa culpable puede ser multada entre 0,2% y 20% de sus ingresos brutos, más daños y perjuicios.
Además, las firmas pueden ser suspendidas o sus activos pueden ser confiscados y colocados en un registro público nacional de las empresas declaradas culpables de corrupción en sus relaciones con el gobierno.
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© The Financial Times Ltd, 2011.
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