Caval: Fiscalía descarta acusación de extorsión de Compagnon

"El fiscal (Sergio Moya) falta un poquitito a la verdad, porque la condición que él me puso ese día fue que yo tenía que acceder y echarme la culpa aceptando un juicio abreviado para que a Sebastián (Dávalos) no lo formalizaran", señaló Natalia Compagnon.

Las declaraciones entregadas ayer a la salida de los Tribunales de Rancagua, donde la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet e imputada por el Caso Caval, señalara que sufrió extorsión a causa de un ofrecimiento de juicio abreviado por parte del Ministerio Público.

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La acusación ocurrió en medio de la suspensión que sufrió por tercera vez la preparación del juicio oral por el denominado Caso Caval, debido a una solicitud de la defensa, la que fue aceptada por el juez Luis Barría por una licencia médica que presentó uno de los representantes de los imputados.

Compagnon informó que esta oferta se generó en una reunión en que participó ella, su abogado, el abogado de su esposo, Sebastián Dávalos y el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya. "Antes de declarar, el fiscal Moya tiene una reunioncita con nosotros donde nos ofrece esto", señaló Compagnon, para luego agregar que "eso es extorsión".

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El abogado de Natalia Compagnon, Antonio Garafulic, reforzó esta idea al señalar que en la investigación se ha privilegiado investigar tan solo a una parte: "el testigo (Mauricio Valero, socio de Caval) les ha servido para los efectos de sustentar una teoría alternativa respecto de la responsabilidad en la elaboración de informes respecto del señor Dávalos y de la señora Compagnon", agregó el abogado.

Respuesta desde Fiscalía. Desde el Ministerio Público la réplica fue casi inmediata. La primera en defender a la institución fue la fiscal del Caso Caval, Marcia Allendes, quien apuntó a que "el Ministerio Público entiende que los imputados se están valiendo de cualquier subterfugio para generar este tipo de controversias".

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Junto con esto, durante la tarde el organismo dio a conocer un comunicado en el que se detalló la reunión y el ofrecimiento del organismo. En la misiva se señala que el 1 de marzo los abogados defensores de Dávalos y Compagnon solicitaron una reunión urgente con Moya, para plantearle un acuerdo que implicaba la entrega de un disco duro perteneciente a Mauricio Valero, con la condición de que sus clientes no fueran perseguidos penalmente por la información en el aparato.

Junto con la descripción del trato, la fiscalía agregó que "entendemos que el rechazo a los planteamientos descritos de los abogados defensores, ha motivado la acusación de una supuesta 'extorsión' sufrida por parte de una de las imputadas, y que no tiene asidero en la realidad".

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Los principales argumentos del órgano persecutor para no ceder ante el ofrecimiento, de acuerdo a lo comunicado, es por "no ajustarse a derecho" y "por no constar la forma de obtención de referido soporte informático".

La suspendida audiencia de preparación del juicio oral quedó agendada para este 8 de marzo próximo.