Cómo Chile asegura los derechos sociales básicos a la población migrante

Los migrantes con situación regularizada pueden postular y acceder a los beneficios sociales que entrega el Ministerio de Vivienda, como el subsidio a la compra, arriendo y mejoramiento de una residencia.

Luego que en 2015 se eliminará el requisito de cinco años de antigüedad que debían tener los migrantes en el Certificado de Permanencia Definitiva, pueden postular como cualquier ciudadano chileno al subsidio habitacional cumpliendo con los requisitos generales. Por ejemplo, para acceder al subsidio a la compra de vivienda en sectores vulnerables se debe tener más de 18 años, contar con Cédula Nacional de Identidad vigente, pertenecer al 40% de la población con menos recursos, de acuerdo a la calificación socioeconómica establecida en el Registro Social de Hogares (RSH), tener el ahorro mínimo exigido en una cuenta de ahorro para la vivienda a nombre de quien postule, el cual será de 10 UF, y acreditar un grupo familiar. No pueden postular familias unipersonales, salvo algunas excepciones. A su vez, para acceder a la compra de vivienda en sectores medios, se debe acreditar una cuenta de ahorro de, al menos, 12 meses de antigüedad y no superar el porcentaje de calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH), correspondiente al título de subsidio al que desea postular.

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De acuerdo a cifras de la cartera, se han entregado 3.049 subsidios de vivienda a migrantes en Chile entre 2014 y 2016. Además, los subsidios de arriendo han beneficiado a 600 familias migrantes.

En agosto, el Ministerio de Vivienda anunció que otorgará subsidios de los programas habitacionales vigentes a municipalidades y organizaciones sin fines de lucro para que construyan o remodelen viviendas para que estas sean arrendadas a migrantes en proceso de transición, mientras postulan a un subsidio habitacional para una vivienda definitiva.

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El Ministerio de Salud terminó el pasado 30 de octubre la elaboración de la Política de Salud y Migrantes. De acuerdo a la cartera, esta política está basada en el marco internacional de Derechos Humanos sobre la materia y los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Además, surgió de un trabajo de tres años que incluyó el desarrollo y evaluación de cinco experiencias piloto en las comunas de Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago y Recoleta, así como diálogos participativos con organizaciones migrantes, sociedad civil y universidades. "La política resume las mejores recomendaciones para garantizar los mínimos sociales de acceso a la atención de salud a los migrantes, sin importar su situación administrativa migratoria, dado que el derecho a la salud está garantizado en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales de DDHH suscritos por Chile", afirma el Minsal.

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En la práctica, la atención de salud pública está garantizada a los refugiados por convenio especial entre Fonasa y el Ministerio del Interior. Asimismo, está asegurada para los niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas, no importando su situación migratoria.

En tanto, los migrantes en situación regular tienen un tratamiento similar a cualquier ciudadano chileno, por lo que pueden pertenecer a cualquiera de los subsistemas de salud (isapre o Fonasa). Mientras, los migrantes en situación irregular, es decir, sin visa o sin documentos, tienen derecho a la atención pública de salud. Esto, luego que el decreto 67 dictado en 2016 sumara a los migrantes carentes de recursos, sin documentos o sin permisos de residencia, como beneficiarios de Fonasa. En ese sentido, cifras oficiales revelan que se han inscritos cerca de 20 mil migrantes desde 2016 en los Centros de Salud del país, con Fonasa clase A (mayor nivel de carencia de recursos) gracias a este decreto.

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Los oficios ordinarios Nº894 y 329 del Ministerio de Educación aseguran el acceso al sistema educativo de todas y todos los niños, niñas y adolescentes migrantes en igualdad de oportunidades que los nacionales, aunque no tengan RUN e independiente de la condición migratoria de sus padres.

La cartera explica que, en el contexto de la Reforma Educacional, los estudiantes extranjeros que no cuenten con RUN son matriculados en los establecimientos educacionales empleando un Identificador Provisorio Escolar (IPE), el cual empezó a operar en enero.

"El IPE se entrega a los estudiantes extranjeros sin RUN chileno en las oficinas de atención de 'Ayuda Mineduc'. Este identificador debe mantenerse mientras el estudiante regulariza su situación migratoria y obtiene cédula de identidad chilena, momento en el cual debe reemplazarlo por el RUN entregado por el Registro Civil", precisa la cartera.

El IPE permite saber dónde estudian los niños, niñas y adolescentes migrantes y quiénes son, para establecer así su trayectoria educativa. Asimismo, facilita el acceso a beneficios Junaeb, como los programas de Alimentación Escolar, seguro escolar y la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

La cifra de matrícula de estudiantes migrantes se ha elevado considerablemente los últimos años: De 22.425 en 2014 aumentó a 30.625 en 2015 y a 61.085 en 2016.

La cartera anticipa que pronto publicarán las "Orientaciones técnicas para la inclusión educativa de estudiantes extranjeros" que abordará las tensiones propias que genera la inclusión de estudiantes migrantes. También revela que están elaborando junto con la Unicef, un documento que recoge los diálogos regionales que se realizaron con los actores claves del sistema educativo y las organizaciones de la sociedad civil que será una herramienta útil para abordar diversas estrategias de gestión de las comunidades educativas.