Con controversia entre países por el concepto de "seguridad jurídica", se cerró la Cumbre Celac-UE

Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela se opusieron a que la declaración de la Cumbre Celac-UE, aprobada este sábado por los mandatarios, incluyera el compromiso de los países latinoamericanos a garantizar la seguridad jurídica de las inversiones.

"Bolivia no estaba de acuerdo en colocar un punto que diga que los países latinoamericanos se comprometen a garantizar una seguridad jurídica para las inversiones", declaró a Efe la ministra boliviana de Comunicación, Amanda Dávila.

"Ese tema es un asunto de soberanía, de decisiones políticas", indicó la ministra, quien agregó que finalmente "llegaron a una redacción que ha estado para satisfacción de los dos" bloques.

Según dijo, entre los países que se opusieron a esa redacción se encuentran Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela, todos ellos miembros de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), así como Argentina.

Las inversiones sostenibles y de calidad son el tema a debatir en esta cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (Celac-UE), que se celebra este sábado y domingo en Santiago.

Finalmente, el texto de la declaración sí deja claro que las dos regiones reconocen la importancia de marcos reguladores "estables y transparentes" que proporcionen "certidumbre legal para los operadores económicos".

Además, los mandatarios expresaron su respaldo a las inversiones y el comercio internacional como fuente de desarrollo sostenible, pero la declaración también reconoce el derecho de los países a legislar en esa materia.

"Nos comprometemos a mantener un clima favorable a los inversores, reconociendo en cualquier caso el derecho de los países a legislar para cumplir los objetivos de sus políticas nacionales, de acuerdo con sus compromisos y obligaciones internacionales", destaca el texto.

El año pasado se produjo una oleada de nacionalizaciones en América Latina que en Argentina y en Bolivia afectaron a capitales españoles, mientras que en Venezuela se han expropiado empresas de origen estadounidense, español y francés.