Contralor fija postura por secreto bancario y pide acceso a cuentas de servicios públicos

Gobierno, oposición, Corte Suprema, y desde ayer, la Contraloría. Esos son los actores que hasta ahora han entrado al debate sobre reserva bancaria, el único tema donde aún no hay consenso en el proyecto que moderniza la legislación bancaria.

"La Contraloría, en cuanto a guardiana de los recursos públicos, no tiene hoy día la facultad de conocer los movimientos y saldos de las cuentas de los órganos de la administración del Estado", dijo ayer el contralor Jorge Bermúdez. En el marco de la cuenta pública del organismo, la autoridad precisó que su petición no radica en tener acceso a todo tipo de cuentas corrientes, sino que más bien, apuntaría sólo a los servicios públicos, "porque lo que hay ahí es data pública", detalló.

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"Solicito encarecidamente al Poder Ejecutivo, que en la actual discusión que se da en el Congreso sobre la reforma a la Ley de Bancos, se incorpore una indicación o se apoyen las existentes", apuntó el contralor. Es más, comentó que "es probable, que de haber tenido esta facultad, se hubiesen podido prevenir grandes casos de defraudación que hoy día todavía nos impactan".

Con todo, el debate en torno a la reserva bancaria comenzó el año pasado cuando el anterior gobierno presentó el proyecto de Ley de Bancos, donde propone que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) tengan acceso de forma preferente a la reserva bancaria, contrario a lo que ocurre con la ley vigente, que permite lo anterior sólo cuando los organismos recurren a la justicia para evaluar caso a caso.

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Y el debate no se ha detenido ahí. El mes pasado el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), introdujo una indicación para que Contraloría se sume al SII y la UAF entre los sujetos con acceso a la reserva bancaria para acceder a cuentas de organismos bajo su supervisión, es decir, lo mismo que ayer solicitó el contralor.

"La indicación del senador Montes no tiene que ver con el tema mismo, creo personalmente que obedece a otra discusión, se puede discutir en su mérito, no necesariamente a propósito de la Ley de Bancos", comenta el senador Juan Antonio Coloma (UDI).

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Por su parte, Montes explica que, por ejemplo, "hay muchos municipios que están presentado señales claras de irregularidades, y si la Contraloría tiene dudas, sospechas, lo lógico sería que pudiera meterse a las cuentas corrientes de todas las cuentas que tienen los municipios, y también en la rama de las Fuerzas Armadas".

La semana pasada el Gobierno presentó una indicación para que se mantenga la reserva bancaria tal cual existe actualmente, es decir, no tendrían acceso preferente ni el SII, la UAF o Contraloría.

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Auditorías

El contralor general también enfatizó en el rol que han asumido en cuanto a control de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, como Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Al respecto, indicó que en 2017 se realizaron 29 auditorías a las FFAA y 12 a las policías. No obstante, indicó que el balance de esas auditorías "no es bueno".

Una de estas se refiere a los sobreprecios detectados en compras de la Brigada de Aviación del Ejército (Bive) a la empresa C&M World Enterprises, y que poseerían una sobrevaloración de US$8,6 millones por la adquisición de dos helicópteros y US$400 mil en la compra de repuestos.

Pese a que el contralor negó referirse al detalle del informe publicado ayer por La Tercera, al ser este "reservado", sí respondió a quienes cuestionaron el criterio con el cual se elaboró el informe, al no avaluar, por ejemplo, "todo el equipamiento" que contenían las aeronaves.

"Uno queda con la sensación que la Contraloría no hubiera considerado que se trataba de un modelo distinto, o que hubiésemos comparado peras con manzanas. Tenemos asesoría técnico-militar en esta materia. Es un informe serio, fundado y razonable", indicó la autoridad.