Debate por financiamiento de las FFAA

La semana pasada la revista Qué Pasa reveló que una auditoría de la Contraloría a las finanzas del Ejército ha evidenciado un conjunto de problemas en el manejo de la Tesorería del Estado Mayor del Ejército (Temge). El informe pone de manifiesto faltas administrativas, un desorden generalizado y debilidad de los controles que se deben aplicar, en particular en adquisiciones. Las fallas de manejo presupuestario y de contratos se inscriben en un escenario complejo para la institución castrense, marcado por el llamado “Milicogate”, sobre delitos con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, donde incluso hay ya efectivos sometidos a proceso, y la investigación que recae sobre el patrimonio del ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba. La discusión acerca de la norma que grava a Codelco, así como las otras situaciones denunciadas, han puesto en tela de juicio los mecanismos globales de financiamiento de las FFAA. Se trata de un cuadro político donde existe el riesgo objetivo de legislar soluciones fáciles o directamente populistas que a largo plazo erosionen la capacidad disuasiva de la defensa. Este peligro de desafección de la ciudadanía y la clase política con las necesidades militares financieras y estratégicas de largo plazo debe ser adecuadamente conjurado. Por lo mismo, es clave que las propias instituciones armadas activen todos los sistemas internos de fiscalización que garanticen un buen uso de los recursos públicos. Un rol fundamental también cabe a la cartera de Defensa.