Debate sobre financiamiento de FFAA

La reciente decisión del Gobierno acerca de la capitalización de Codelco, para que enfrente sus problemas económicos por medio de una readecuación de los recursos que la empresa entrega a las FFAA en virtud de la Ley Reservada del Cobre, ha sido valorada en distintos estamentos y de manera transversal a nivel político. En este contexto se ha postulado avanzar hacia la derogación de ese cuerpo legal, que constituye una “mochila” para la compañía, según una expresión de sus más altos ejecutivos. Sin embargo, terminar con la Ley Reservada sin más esquiva una materia de fondo que en democracia no se ha resuelto todavía de manera correcta: el gasto militar que está dispuesto a sostener el Estado. Las sucesivas administraciones se han amparado en el piso de financiamiento de la Ley Orgánica de las FFAA, fijado a fines del régimen militar, y en la Ley Reservada del Cobre para no innovar. El Gobierno actual ha anunciado un proyecto (el anterior presentó uno también, aunque no avanzó), pero existe la percepción de que falta un acuerdo de Estado sobre cómo mantener FFAA profesionales, sometidas al control civil y fiscalización parlamentaria, y planes de inversión y recambio constante y modernizador de sus sistemas de armas, que se hagan cargo de los nuevos escenarios internacionales y vecinales. Se requiere de un pacto de largo plazo que involucre a todos los sectores antes de adoptar medidas precipitadas.