Ecuador: consulta popular del gobierno también define futuro económico el domingo

Dentro de dos días más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para participar de la consulta popular y el referéndum impulsado por el gobierno de Lenín Moreno en ese país.

Y pese a que la iniciativa tiene una dimensión altamente política, porque será la instancia que medirá las fuerzas entre el actual Presidente y su antecesor, Rafael Correa, principal líder de la campaña del "no", también pondrá a dictamen aspectos de la economía de Ecuador.

En términos generales, desde el Ejecutivo esperan que el respaldo ciudadano, amparado en las encuestas que dan por ganador al "sí" con un 70% en intención de voto, les permita aumentar su capital político para impulsar las reformas necesarias en esa materia, considerando la reactivación económica de 2018 en el marco de una importante deuda pública.

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Según el sociólogo económico e investigador del Instituto de Estudios Políticos de París, Andrés Chiriboga, todavía no hay certezas de los lineamientos que tendrá la política económica de Moreno. "Hay expectativas que después de la consulta popular se tomen definiciones más concretas", dice y agrega que pese a que anteriormente se envió un proyecto de ley de reactivación económica, esa reforma no tocó temas de fondo. "Al programa de la deuda externa hay que darle un tratamiento diferente, se necesita una reestructura, centrándose en su composición y en sus plazos", comenta el experto.

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Otro de los aspectos que ha hecho referencia el mandatario para abordar en un futuro próximo es el del gasto fiscal, donde se ha generado la expectativa de que además de los recortes simbólicos que se han aplicado, podría presentarse una reforma sustancial en esta materia.

Las temáticas

La consulta, fuertemente cuestionada por algunos sectores desde su propia convocatoria, consta de siete preguntas (ver listado) en las que se discutirán asuntos como poner fin a la reelección indefinida, lo que Correa ve como un ataque personal. También está la idea de enmendar el polémico Consejo de Participación Ciudadana, el órgano regulador que nomina a las autoridades de control.

Para Chiriboga hay una consideración importante de economía política en esa pregunta, "porque de ganar el 'sí' hay una preocupación sobre qué autoridades asumirían en un recambio", comenta.

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Asimismo, otras interrogantes tocan directa o indirectamente a la economía ecuatoriana. La primera apunta a combatir el fenómeno de la corrupción en los estamentos del gobierno, cuyo perjuicio causado al Estado según cifras de la Comisión Nacional de Anticorrupción asciende a los US$35 mil millones en los últimos 10 años, pérdidas que podrían recuperarse tras la consulta.

Con todo, la pregunta que tiene mayor incidencia económica es la que apunta a la derogación de la polémica ley de plusvalía.

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Según la abogada de nacionalidad ecuatoriana, Sylvia Almeida, desde la promulgación de la ley se generó un impacto negativo en la construcción, por lo que su derogación "ayudaría a acabar con la especulación y dar tranquilidad, reactivando al sector", y de esa manera dinamizar la economía, no sólo a través del empleo sino a también a través de la inversión, asegura. Opinión en línea con la del experto político Jacobo García, quien asegura que "la consulta en sí también es un llamado en general a mejorar el ánimo, llamar a la inversión y dar mayor confianza en el país".

La última pregunta, que propone reducir al mínimo el margen de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, genera dudas sobre los lineamientos que tomará el país en cuanto a la extracción de materias primas.

Con todo, la consulta marcará un antes y un después en Ecuador, que en los últimos meses ha vivido una pugna entre las fuerzas políticas que podría verse, de cierta manera, resuelta el domingo.