Empresas B y el gobierno trabajan en un proyecto de ley que garantice su rol social

Hay una anécdota fundacional para las empresas B o Benefit Corporations. Ben & Jerry's, una empresa que trabajaba con criterios de sustentabilidad con el medioambiente y la comunidad, que donaba buena parte de sus ganancias no pudo rechazar una oferta de compra de Unilever por un fallo de la Corte Suprema. Ellos no estaban interesados en vender pues querían mantener su modelo de gestión diferente. Pero no pudieron probar que ganaban más dinero que lo ofrecido por la multinacional y como la ley en Estados Unidos establece que el primer rol de una empresa es maximizar las utilidades para sus accionistas, tuvieron que vender.

Después de esa controversia del año 2000 las cosas cambiaron. Y hoy existe el concepto y certificación de Empresa B y en ocho estados de Estados Unidos existe una legislación que protege a estos emprendimientos y les permite mantener su definición de negocio, donde el objetivo es resolver problemas sociales y ambientales, sin renunciar a las ganancias financieras.

Esta forma de hacer empresa también está en Chile y ya son 38 las Empresas B certificadas. Y el organismo que las reúne, Sistema B, está trabajando en un proyecto de ley junto con el ministerio de Economía para generar una categoría legalmente reconocida, para esta forma de emprender.

"Desde su modelo de negocios estas empresas buscan dar solución a problemas de pobreza, desigualdad, nutrición, pero hay un problema estructural. La empresa tiene una misión central que es maximizar el valor de sus dueños y accionistas. Por lo tanto, esta ley es solamente para blindar de una certeza jurídica a estas empresas. Porque qué pasa si un accionista llega y de un día para el otro pide cambiar todo, para tener más ganancias financieras. Con la ley ya no hay una responsabilidad sólo hacia los accionistas, sino hacia todos sus públicos de interés", explica Juan Pablo Larenas director ejecutivo de Sistema B.

El proyecto de ley no está pensado sólo para Empresas B, sino que se llama Ley de Empresas del Cuarto sector, "que representa esta nueva dinámica de hacer empresas que usan el mercado, buscan la rentabilidad, pero que tienen como objetivo central el dar cumplimiento a un propósito social o ambiental. El lucro es al final una consecuencia de un objetivo superior que se puede lograr de dos maneras distintas. Creando una empresa cuyo producto o servicio busque solucionar un problema social o ambiental, por ejemplo, Triciclos. Y el segundo, las que venden un producto o servicio tradicional, pero cuyas políticas y prácticas son las que destacan. Por ejemplo, Cerco, que es una constructora, que hace obras civiles, pero se destaca porque la gran mayoría de los trabajadores de la obra son personas que están en la cárcel. Todas esas empresas tienen un factor común, que es que buscan dan solución a problemas sociales y ambientales", sigue Larenas.

El proyecto no contempla incentivos tributarios. "Ahora el mercado está premiando este tipo de empresas, entonces, qué mejor premio que tu no sólo digas que haces ciertas cosas, sino que te comprometas de manera permanente, vinculante y estructural, a que nadie va a poder cambiar esa misión, ni ese propósito. Y esto viene acompañado de muy buenas señales. Hoy hay inversionistas de impacto, que invierten en empresas que tienen principal objetivo maximizar la rentabilidad social o ambiental y, con esta ley, el inversionista de impacto tiene la certeza absoluta de que estas empresas son el mejor lugar para invertir, porque no van a cambiar el giro, sino que están obligados legalmente a mantener el propósito".

Larenas espera que este sea el primer paso para diseñar una política pública más global. Por ejemplo, generando mecanismos para que las compras públicas prefieran este tipo de emprendimientos entre sus proveedores. Pero, por ahora, hay que esperar.

En este momento el proyecto de ley está en estudio en el ministerio de Economía y de acuerdo al plan original, la idea era que la inicitiava de nuevo cuerpo legal se le entregara al presidente Piñera a fin de mayo. Y, si bien el ex ministro Pablo Longueira lo apoyaba totalmente, el cambio de autoridad podría hacer un poco más lento el proceso, aunque, reconoce, el nuevo ministro Felix de Vicente, se mostró en la misma línea de su predecesor. En su intervención en el foro "La Nueva Empresa, un Giro con Impacto Social y Ambiental", la semana pasada, De Vicente dijo que este era el "modelo empresarial del futuro".

Pero, además, este es un año de elecciones y Larenas dice que prefieren aplazar todo antes de exponer el proyecto a algún tipo de uso político.  

De momento la tendencia sigue en aumento. Hay 38 empresas B acreditadas en Chile y más de 100 están en trámite buscando esa certificación. Y se están consolidando como una voz que cabe en los seminarios de Icare. Además, están generando espacios de diálogo con grandes empresarios, buscando que no necesariamente ellos se conviertan a la fórmula B, sino que los consideren dentro de sus proveedores. Y así han logrado interesantes asociaciones comerciales, beneficiosas para la cadena de valor de las grandes compañías.

¿Qué ha pasado?
Las empresas B y el ministerio de Economía trabajan en un proyecto de ley de empresas del Cuarto Sector, para proteger esta forma de emprender.

¿Por qué ha pasado?
Por la necesidad de blindar una manera de hacer empresa donde la rentabilidad social y ambiental es tan importante como la financiera. Una protección que garantice, aunque se produzcan cambios en la estructura de propiedad por ejemplo, que la misión no se puede cambiar. 

¿Qué consecuencias tiene?
Consolida un modelo nuevo de hacer empresa y le da peso legal.