Estudio solicitado por Minagri revela faltas a la competencia y abusos en comercio agrícola

Este mes la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), dependiente del ministerio de Agricultura, recibió un esperado informe que aborda los problemas de libre competencia que enfrentan los proveedores del mundo de la agroindustria y forestal.

En el documento, solicitado por la Odepa y elaborado por los abogados del estudio Aninat Schwencke & Cía., se establece un análisis comparado de la legislación y la institucionalidad nacional y de otros países sobre la competencia y las prácticas injustas o desleales de comercio en el sector agroindustrial. “Los sectores agroindustrial y forestal en Chile exhiben una significativa concentración en el segmento procesador, lo que implica la existencia de oligopsonios en varios de los mercados involucrados en las industrias respectivas, esto es, una situación de fallo de mercado”, dice el informe. Y añade: “En ese contexto, aumenta la probabilidad de que en los sectores agroalimentarios y forestales surjan comportamientos estratégicos y de ejercicio abusivo de poder de negociación por parte de los procesadores para los distintos productos y en diferentes zonas del país. Estos comportamientos no siempre pueden ser encuadrados en las hipótesis prohibidas en la legislación de competencia”.

A juicio de los abogados Javier Velozo y Ximena Rojas tres son las propuestas más factibles para que el Gobierno mejore las actuales condiciones comerciales en los mercados de la agroindustria y el sector forestal.

En el estudio se concluye que una alternativa consiste en introducir nuevas figuras en la Ley de Competencia Desleal como “el abuso de dependencia económica” y “el abuso de poder significativo de mercado”.

“Esta ley sanciona actos de desviación de clientela, esto es, aquellas conductas que tienen como finalidad atraer clientes de otros competidores por medios ilícitos, ya sea mediante engaño, imitación, confusión u otra conducta reñida con la buena fe mercantil”, sostiene el escrito que Minagri hiciera público esta semana.

Riesgos

Sin embargo, una de las desventajas que podría acarrear dicha propuesta es el hecho de que las controversias que pudieran surgir serían conocidas por los tribunales civiles, cuyos procedimientos son muy largos y costosos. Por lo mismo, la introducción de normativas sectoriales específicas que contemplen medios alternativos de solución de controversia, parece ser una de las más idóneas y menos complejas, sostiene el documento.

“Se podría explorar la posibilidad de introducir modificaciones en la Ley Núm. 20.656 que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios, incorporando conceptos relevantes como dependencia económica, poder superior de negociación, umbrales sobre los cuales los procesadores pasan a ser sujeto de determinadas obligaciones, etc.”, acota el estudio encargado por Odepa.

Según concluye el estudio se podrían tipificar conductas ilícitas y consignarse las correspondientes sanciones. Asimismo, podrían establecerse paneles de expertos agrícolas y forestales o comisiones paritarias, destinados a dirimir las controversias y que sean financiados por las mismas empresas procesadoras (algo análogo a, por ejemplo, el panel de expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos).

Sin embargo, otra de las medidas que podrían mejorar los niveles de competencia en los mercados de la agricultura y el sector forestal radica en la autorregulación.

En este plano caben el fomentar la adopción de códigos de conducta destinados a hacer frente a los desequilibrios en la cadena de suministro. “Esta medida puede ser menos compleja que las anteriores pues, en principio, no requeriría de modificaciones legislativas y puede adoptarse de manera complementaria a otras de las expuestas precedentemente. Sin embargo el cumplimiento de códigos de conducta voluntarios puede ser difícil de concretar eficazmente pues, por definición, la autorregulación de los agentes económicos genera en ellos conflictos de intereses difíciles de solucionar”, concluye el informe.

Según el estudio se podría explorar la adopción de un modelo híbrido, como en el caso del Reino Unido -el Grocery Supply Code of Practice y el Grocery Code Adjudicator Act- que implicaría la supervisión pública de la regulación privada.