Importancia de la ley de bancos en la agenda gubernamental

La última reforma importante a la legislación bancaria ocurrió en 1997. Aquella reforma, en la que me tocó participar activamente desde el Gobierno, tuvo como objetivo alinear los requerimientos de capital con Basilea I.

Transcurridas dos décadas, y una gran crisis financiera mundial en el intertanto, la banca chilena sigue regulada con los mismos estándares de adecuación de capital, a pesar de que a nivel internacional el sistema financiero mundial se rige por renovados estándares que incluyen Basilea II y Basilea III. Manteniendo los incentivos a que los bancos gestionen sus propios riesgos mediante el uso de modelos internos, pero recogiendo la experiencia de la crisis, los nuevos estándares incorporan nuevos estándares de capital más elevados y de mejor calidad, incorporando elementos contracíclicos, cargos de capital por riesgo de contraparte para la actividad de inversión y prácticas mejoradas que incentivan la realización de ejercicios de tensión.

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En mi experiencia profesional, me tocó ver de cerca los enormes costos que representan las crisis bancarias no sólo en Chile, sino en países tan disímiles como Ecuador, República Dominicana y Uruguay. La crisis financiera de 2009 fue un triste recordatorio de que dichas crisis también afectan a países de mayor desarrollo relativo y la constante en todos ellos son los graves costos en términos de actividad económica, pobreza y gigantescos desembolsos para el erario público. De hecho, los enormes volúmenes de endeudamiento que afectan al sector público de países desarrollados son una consecuencia directa del salvataje del sistema bancario.

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La banca chilena superó bien los efectos de la crisis financiera internacional, fundamentalmente gracias al esfuerzo público de gasto contracíclico que permitió acotar la caída del PIB a un 1%. En ese sentido, el escenario de tensión que tuvo que enfrentar la banca chilena fue bastante acotado, lo que permitió que los niveles de capital previos absorbieran relativamente bien el impacto.

Aprendiendo las lecciones de la crisis, los países pertenecientes al Comité de Basilea han trabajado activamente por ponerse al día en sus regulaciones bancarias. De acuerdo al último informe de avances en la implementación de Basilea de octubre de 2016, los 27 países miembros tenían reglas de capital, reglas de liquidez y colchones de conservación implementados. 26 miembros tenían reglas de capital contracíclico. Es interesante saber que dentro de los 27 países, existen muchos con niveles de desarrollo relativo comparables con Chile, tales como Argentina, Brasil, México, Arabia Saudita y Sudáfrica.

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¿Y qué pasa con Chile? Aún nada concreto aparte de los anuncios. Se debe agregar que la fortaleza de la economía chilena para enfrentar un escenario de crisis hoy no es la misma que tenía en 2009. Con una posición fiscal bastante más ajustada y con varios años de bajo crecimiento, la capacidad de impulsar políticas contracíclicas es mucho menor. El costo de esta situación es no sólo una menor fortaleza frente a futuros shocks, sino también una pérdida de competitividad frente a un sistema financiero mundial que opera con otros estándares.

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Por lo demás, las recomendaciones de organismos internacionales son bastante claras. Tome cualquier revisión reciente de los últimos años del Artículo IV del FMI y se encontrará sistemáticamente con lo mismo: la adopción de Basilea III debe ser una prioridad. Tome las recomendaciones de la Comisión constituida por el propio Gobierno para la reforma a la Ley de Bancos y llegará a los mismos resultados.

En ese sentido, cabe saludar los esfuerzos que ha venido realizando el Ministerio de Hacienda para elaborar un proyecto de reforma a la Ley de Bancos. Dicho eso, es esencial que ello se materialice en el pronto envío de un proyecto de ley al Parlamento, que permita sentar las bases de una nueva legislación que, junto con dar a la banca mayor fortaleza, nos permita alinearnos con las mejores prácticas internacionales.

Se entiende que los temas que tocan en forma directa la situación de la gente, como las pensiones, tienden a copar la agenda de los gobiernos, especialmente en períodos electorales. Pero los bienes públicos involucrados en la estabilidad bancaria son demasiado grandes para que la agenda gubernamental no los tome en consideración, aunque ello signifique trabajar en paralelo en la agenda social.

Nadie sabe cuando ocurrirá otra crisis ni la magnitud de la misma. Pero el deber de las autoridades es generar las condiciones para que la capacidad de absorción de shocks y escenarios de tensión de la banca sea la mejor posible.

*El autor es economista

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