Inédita pugna entre la FNE y el Ministerio Público marca alegatos en el TC por caso Tissue
Una inédita guerra de declaraciones cruzadas entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Ministerio Público se desató ayer, en el marco de los alegatos de la contienda de competencia en la investigación penal del denominado cartel del tissue ante el Tribunal Constitucional (TC).
En los más de 30 años de institucionalidad de la libre competencia, nunca antes las entidades persecutorias habían defendido de manera férrea su campo de acción en medio de la tramitación de un caso de colusión.
El primero en abrir los fuegos ayer ante el TC fue el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal quien advirtió sobre los efectos negativos que generaría en la institucionalidad de libre competencia si el Ministerio Público accede finalmente a las versiones confidenciales de su investigación. Esto último debido a que se afectaría la figura de la delación compensada.
“Es una lástima la actitud del Ministerio Público e irresponsable, porque busca destruir algo que ha funcionado y que tiene que seguir funcionando. A diferencia, en el caso Farmacias y el caso Pollos no hicieron esta acusación. Parece que es una originalidad de este minuto”, advirtió el jefe de la FNE.
Aún más duro, Irarrázabal cuestionó las críticas que hiciera el Ministerio Público a los tarjados a un estudio de marcas de la empresa SCA Chile. En dicho documentos -según el titular de la FNE- se señalan las debilidades de las marcas de empresas del mercado del tissue.
Sin embargo, las declaraciones del fiscal económico no quedaron allí y apeló a su calidad de funcionario del Estado.
“¿Cómo lo quieren poner a un pobre funcionario público? A quién habla, por ejemplo, a la posición de querer infringir una ley, especialmente cuando su propia ley trae todas las consecuencias respecto a cómo operan las infracciones de libre competencia”, fustigó el fiscal, añadiendo que la FNE nunca se ha negado a entregar antecedentes al Ministerio Público.
Otro de los flancos abiertos por el fiscal económico fue la forma en que los magistrados de la Corte de Apelaciones de San Miguel se pronunciarían sobre la investigación de la FNE.
A su juicio, lo que dicta la ley es lo que finalmente hacen la FNE y el TDLC “y se demora harto tiempo, porque sino el mundo privado no nos entregará tanta información”, advirtió el Fiscal Irarrázabal.
La respuesta del Ministerio Público no se hizo esperar. A cargo de alegar por 30 minutos se presentó el fiscal Jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Guzmán.
Rol de la FNE
“Es absolutamente falso lo que señala la Fiscalía Nacional Económica al sostener que el Ministerio Público realiza diligencia para dejar sin efecto lo resulto por el TDLC” respecto a mantener la reserva de los documentos que constan en la investigación, dijo el persecutor.
Esto último luego que el Ministerio Público acudiera a la Corte de Apelaciones de San Miguel para tratar de acceder a las versiones públicas de la investigación.
Más enfático en sus argumentos, el fiscal Guzmán apuntó directamente sus críticas en contra del fiscal económico.
“Incluso se ha llegado a sostener que sin delación compensada no existiría nada. Ni investigación ni sanciones. Tampoco existiría ninguna forma de abordar estos ilícitos económicos. Eso demuestra sin duda una ineficiencia en el ejercicio de las facultades del órgano investigativo que debe realizar estas investigaciones que es la Fiscalía Nacional Económica”, cuestionó el fiscal Guzmán.
“Acá lo que se discute no es si el Ministerio Público puede o no puede requerir antecedentes, sino que lo que se discute es la publicidad de ciertos antecedentes. Para ello sin duda que cumpliendo con las disposiciones legales se han entregado versiones que son públicas y que son insuficientes para llevar adelante esta investigación”, agregó el profesional.
“Hacemos una observación a la flagrante violación al principio de igualdad ante la ley. No podemos sostener en el estrado que existe un mundo de los negocios, un mundo penal y un mundo privado. Y que el mundo de los negocios es un mundo sofisticado y que aquel tienen acceso ciertos entes o sectores para resolver sus conflictos. O que el mundo penal es un mundo anacrónico”, concluyó Guzmán.
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