Justicia brasileña rechaza pedido de ex Presidente Lula da Silva para evitar prisión

Un nuevo revés judicial sufrió el ex Presidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inacio Lula da Siva, condenado a más de 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Ayer el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó por unanimidad el pedido de habeas corpus de la defensa de Lula para evitar que sea encarcelado y ser candidato a las elecciones de octubre.

Según el abogado del petista, José Paulo Sepúlveda, con el recurso "lo que se pretende es la reafirmación del principio constitucional básico de presunción de inocencia". Sin embargo, los cinco magistrados votaron contra el pedido.

Pero pese a estar cada vez más cerca de las rejas, Lula no podrá ser encarcelado hasta que el Tribunal Regional Federal de la cuarta región (TRF-4) de Porto Alegre, responda a las aclaraciones que la defensa había solicitado a la corte, que en enero pasado confirmó también por unanimidad el falló contra el ex mandatario.

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El tribunal no tiene plazos para analizar los embargos, pero la prensa brasileña augura que la decisión se conocerá este mes.

Ahora, Lula, sólo puede intentar revertir el resultado en el Supremo Tribunal Federal (STF) tras la segunda instancia y apelar a supuestos errores en el proceso o violaciones jurídicas.

De igual manera, el líder del PT sigue sonando como el principal favorito para las presidenciales de octubre, con 44% de las preferencias en segunda vuelta, según el último sondeo de MDA.

Pero la actual reglamentación electoral brasileña, más conocida como Ley de Ficha Limpia, aprobada en el Congreso en 2013, no permite que una persona condenada en segunda instancia como Lula, aspire a un cargo público o electivo.

Pero desde el mismo PT insisten en desafiar a la justicia y formalizar la candidatura de su máximo líder, denunciando una persecución política en su contra.

Ayer, en paralelo, se conoció que el mismo tribunal mandó a abrir una investigación para conocer los activos en las cuentas del Presidente, Michel Temer, por presunto fraude comercial portuario.