La nueva y poderosa agencia anticorrupción china que acompañará a Xi Jinping

La Asamblea Nacional Popular de China estableció oficialmente en la constitución a la nueva agencia anticorrupción: la Comisión Nacional de Supervisión (NSC, en inglés), que tendrá un estatus cercano al del gabinete y más alto que el del Tribunal Supremo. Aunque su configuración definitiva quedará sellada en la votación final de la legislatura el 20 de marzo, todo parece indicar que quedarán consagrados poderes que podrían despertar sospechas en Occidente.

"Mientras que otros reguladores, ministerios y comisiones, rinden cuentas ante el Consejo de Estado (la rama ejecutiva de China que encabeza el gobierno), la NSC será una entidad estatal separada, de igual rango que el Consejo de Estado", detalla Andrew Gilholm, director de análisis práctico para la Gran China en Control Risks.

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Su destacada posición en el rígido esquema político chino no es lo único que llama la atención. Por ejemplo, dentro de los cambios que están en lista para votarse, genera controversia la idea de otorgarle al organismo el poder de negar a los sospechosos el acceso a abogados.

"Definitivamente dará una base legal y estandarizada al trabajo anticorrupción", dijo el fin de semana Xiao Pei, subsecretario de la Comisión Central para la Inspección Disciplinaria (CCDI), que en la nueva ley es absorbida por la NSC para convertirse en su componente central. "También aumentará la confianza de la gente en el partido y consolidará la base de la regla del partido", agregó en declaraciones a la agencia china Xinhua.

La configuración de esta súper agencia va en línea con el sello anti corrupción que ha tenido la administración de Xi Jinping desde que asumió en 2012. De hecho, ese mismo año su antecesor, Hu Jintao, advertía que si no eran capaces de gestionar el problema "podría ser fatal para el partido y causar incluso su derrumbe y la caída del Estado". La percepción de la población china es similar, de acuerdo a las encuestas de opinión pública, donde la "corrupción endémica" suele encabezar las quejas.

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Xi se tomó la tarea en serio y de la mano de Wang Qishan, secretario de la CCDI conocido como el zar anticorrupción, sancionó más de 1,5 millones de funcionarios, incluidos 35 miembros del Comité Central del partido y nueve miembros del propio CCDI.

No obstante, no todos ven con buenos ojos la nueva ofensiva del mandatario chino, para quien se acaban de derrumbar los límites temporales de su gobierno. Los cambios que considera la ley han sido objeto de fuertes críticas de expertos legales, debido a que no protegería derechos de sospechosos durante las investigaciones.

Además, varios creen que esta es otra movida de Xi para concentrar el poder. "Parece ser sobre todo una continuación del impulso de Xi Jinping para fortalecer el control de la fiesta", señala Douglas H. Paal, vicepresidente para estudios del programa de Asia del Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Su opinión es compartida por Gilholm, quien sostiene que la NSC "es un paso adelante práctico en el intento de Xi de centralizar la autoridad".

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