Delitos económicos suben 537% en los últimos 14 años y solo en 2018 se denunciaron 123.792 casos

En los últimos años las persecuciones y fallos por delitos económicos han ido al alza. Un ejemplo de ello es la condena de cuatro años de libertad vigilada que se dictó contra Aldo Motta, el 13 de enero pasado, en el marco de la arista penal del caso Cascada.

De acuerdo a datos obtenidos del boletín estadístico anual del Ministerio Público, en 2018 se ingresaron 123.792 denuncias ligadas a delitos económicos y tributarios, lo que implica un incremento de casi un 24% respecto del año previo.

La cifra, además, representa un aumento de cerca de 537% respecto de 2004, año desde el que existen registros públicos en la Fiscalía.

El delito que lideró los casos ingresados en 2018 fue el uso fraudulento de tarjetas de débito y crédito (63.171), seguido de la estafa (38.773) y la apropiación indebida (13.877).

Según Mauricio Fernández, director de Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional, son varios los factores que podrían explicar la variación. "Un factor que influye es el creciente uso de tecnologías (transferencias por internet, pago a través de sistema Redcompra, etc.) para la realización de diversas transacciones, lo que hace más rápido y expedito este tipo de trámites, pero trae aparejado un mayor riesgo de amenazas", explica.

Por otra parte, añade, "la especialización de fiscales y policías, más certeros a la hora de detectar e investigar este tipo de delitos, también influye, pues logran descubrir delitos que antes no eran detectados".

Otros factores son la incorporación de nuevos delitos al ordenamiento jurídico y el impacto creciente de las actuaciones de otros órganos del Estado que al querellarse dan pie a que el Ministerio Público inicie una investigación penal, entre otros.

A su vez, el alza se aceleró en los últimos cuatro años, pues desde fines de 2014 los delitos económicos subieron casi 95%. Al respecto, Mauricio Fernández dice que, si bien no hay una respuesta definitiva, esto tendría relación con "las llamadas estafas piramidales" y "la existencia de casos de clonación masiva de tarjetas de crédito y débito".

En la vereda opuesta, los casos por este tipo de delitos que se cerraron en 2018 ascendieron a 135.370, de los cuales solo un 3,2% terminó con alguna condena.

"Los factores que explican este fenómeno son variados. Por ejemplo, en este tipo de delitos se persigue la reparación del daño patrimonial del afectado y ello muchas veces se logra sin necesidad de la dictación de una sentencia condenatoria, sino a través de acuerdos reparatorios o suspensiones condicionales del procedimiento en los casos en que proceda. A ello también contribuyen las penas aplicables a estos ilícitos, y que en muchas ocasiones los imputados no tienen antecedentes previos", argumenta Fernández.

En tanto, 64% de los casos se cerraron con archivo provisional, lo que se explica, según Fernández, por dos fenómenos.

Porque hay personas que usan la vía penal para resolver conflictos de otra índole, y porque hay víctimas que denuncian con el único fin de poder cobrar los seguros asociados a los bienes sustraídos o defraudados, por lo que los fiscales no cuentan con antecedentes que puedan sustentar las respectivas investigaciones.