73% de las empresas dice incluir criterios sustentables en sus contratos

Las nuevas regulaciones, junto con la presión de los consumidores con respecto a los temas de sostenibilidad, han hecho que sea crucial para las empresas administrar y demostrar su "debida diligencia" (due diligence) en los riesgos ambientales, sociales y éticos en sus relaciones comerciales, especialmente en su cadena de valor.

En este contexto, la consultora europea especializada en sustentabilidad, EcoVadis, realizó una encuesta a cerca de 50 grandes compañías compradoras, principalmente de Europa (84%) y EEUU (14%), sobre cómo la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) afecta su negocio, principalmente respecto a su influencia en los contratos y en las relaciones comprador / proveedor; así como el impacto que tienen las cláusulas en términos ambientales, sociales o económicos.

El objetivo del estudio es entender cómo la sustentabilidad se integra progresivamente en las relaciones con los proveedores en las cadenas de suministro globales. En la investigación también participó Affectio Mutandi, una agencia europea especializada en estrategia sobre asuntos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con enfoque legal. La encuesta se realizó entre noviembre de 2017 y enero de 2018.

Principales resultados

Entre los resultados, el informe indica que casi el 70% de las empresas dice incluir criterios de RSC en sus licitaciones y el 73% aspectos de "sustentabilidad". El 87% de ellos indica un criterio ambiental y, también el 87% dice tener criterios sobre derechos humanos o condiciones de trabajo (ver gráfico). En términos generales, la mayoría de los compradores incluyen en sus contratos datos medioambientales, sociales o de seguridad. "Por lo tanto, es un nuevo criterio de negociación con los proveedores, que ahora se refiere a la mayoría de las empresas", dice el documento.

Hilando más fino, la investigación arrojó que incluso, el 50% de las empresas realiza una evaluación del desempeño ambiental de sus proveedores antes de firmar un contrato o renovarlo, lo que demuestra el creciente interés de las empresas y los compradores en los criterios de desempeño extra financiero en su cadena de suministro.

Por otro lado, el 83% de los proveedores declaran que ya han firmado cláusulas relacionadas con la RSC en sus contratos. Incluso, el 67% de los proveedores dicen que sus clientes ya han pedido información de RSC sobre sus propios proveedores.

Por el lado de los proveedores, un 41% respondieron que ya incluían criterios de sustentabilidad en sus contratos, logrando crear conciencia al respecto entre sus trabajadores.

Pero a la vez, el estudio de EcoVadis concluye que los criterios no están bien definidos en términos generales. "La creciente presencia de criterios de RSC en los procesos de compra oculta una importante disparidad en términos de madurez. Muchas empresas (73%) no incluyen una cláusula de RSC en sus contratos cuando no son proveedores estratégicos, o cuando no consideran el contrato como riesgoso (46%)", indica el estudio.

Evolución legislativa

Un aspecto a destacar del informe de más de 60 páginas es la explicación de cómo la legislación local e internacional ha ayudado a que la relación entre comprador / proveedor incluya criterios más sostenibles. El estudio hace un análisis desde una legislación débil (soft law), antes de la década de los '70, hacia una más fuerte (hard law).

Temas como los lineamientos de la Ocde sobre temas sociales y ambientales en el sector productivo, así como acuerdos y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han evolucionado en acuerdos mundiales específicos como Forest Stewardship Council, Max Havelaar o iniciativas como Roundtable on Sustainable Palm Oil, entre otras (ver línea de tiempo).

Pero desde la década de 2000, ha ido creciendo cada vez más el derecho internacional y comercial al respecto. "Este endurecimiento de las normas, inicialmente manifestado a través de una mayor transparencia, demanda que las empresas informen sobre cualquier actividad que hayan emprendido para prevenir, mitigar o reparar su impacto social o ambiental en sus cadenas de suministro", concluye el estudio.