Actuando apurados, actuamos equivocados

Un nuevo elemento ha hecho su entrada triunfal a la discusión que se ha venido dando respecto las dos propuestas que existen sobre la posibilidad de reducir la jornada laboral. Los proyectos que apuntan a disminuirla, poseen ahora un nuevo antecedente que sustenta el cuestionamiento generalizado que existía respecto la falta de estudios empíricos sobre la viabilidad de aplicar dicha reducción, sin medidas compensatorias.

Hace unos días fue publicado un informe de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), que analiza las posibles consecuencias de tomar esta medida. Considerando el crítico momento económico y político actual, debemos ser cuidadosos.

Si bien el documento establece que en la medida en que los países experimentan ganancias en productividad, es posible generar más riqueza en una menor cantidad de tiempo, también expone que los países de la Ocde, cuando tenían el nivel de ingreso equivalente al Chile de hoy, trabajaban en promedio 41,3 horas semanales. Número similar al que se trabaja actualmente en nuestro país; lo cual es normal considerando el PIB que tenemos.

Además, a tasas de crecimiento similares a las de la última década, Chile alcanzaría el ingreso equivalente para trabajar 40 horas semanales recién en el 2028. Adelantarnos en los pasos, sin hacer los esfuerzos por aumentar nuestra productividad y tasas de crecimiento, conllevaría a problemas como el aumento en el desempleo; la disminución del salario real; y la reducción del PIB, equivalente a cerca de US$3 mil millones. Es más, incluso si se aplicaran mejoras de productividad debido a mecanismos de flexibilidad, estas podrían compensar solo un tercio del alza del costo del trabajo impuesto por la reducción de la jornada.

Si no hacemos las cosas bien, inequívocamente, la reforma tendría efectos diferenciados entre sectores, empresas y trabajadores. Esperemos que nuestros legisladores sepan ecualizar delicadamente entre el saber técnico, el saber político, y las extensas demandas de la ciudadanía originadas en estallido social, comprendiendo los delicados efectos económicos que esta política podría conllevar. Esperemos que no se pierda el poder de legislar en pos de los ciudadanos, y no contra ellos, pues avanzar en medidas que no permitan retomar la producción, nos conducirá a la imposibilidad de contar con los recursos necesarios para financiar la tan urgente agenda social.