Australiana IFM renuncia a concesión del Puerto de Valparaíso y deja en vilo proyecto Terminal 2

Más de 20 mil puestos de trabajo directos e indirectos se crearían con la construcción de la Terminal 2 de Valparaíso. Sin embargo, una inesperada decisión cubre ahora con un manto de dudas las expectativas de los porteños por ver un impulso al mercado laboral local.

Ayer, Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), filial de Aleatica -controlada por el fondo australiano IFM Investors-, decidió utilizar la cláusula de salida (o way out) y dejar la concesión para construir y operar la Terminal 2 del Valparaíso a partir del 15 de abril de 2021, cuya inversión estimada es de US$500 millones.

La concesión fue otorgada en 2013 por la estatal Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) a TCVAL, y tenía una duración de 30 años. La compañía informó que el término del contrato ha tenido un efecto negativo que se traduce en pérdidas para la sociedad de US$25,4 millones.

La decisión, dijeron, responde a las excesivas demoras en la tramitación ambiental de la iniciativa. "Estos retrasos impactaron negativamente la valoración económica del proyecto, pues privaron a TCVAL de valiosos años de operación del proyecto, generando pérdidas que no se podrían recuperar bajo el plazo máximo de la concesión", indicó.

En octubre del año pasado, tras cuatro años de tramitación, TCVAL recibió la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto, que consiste en la construcción y operación de un nuevo terminal de contenedores. Sin embargo, esta RCA fue impugnada a través de diversos recursos que al día de hoy se encuentran pendientes de resolución y en instancias muy preliminares de tramitación. En los últimos años opositores del proyecto ejercieron fuerte presión en el proyecto, que incluso recibió cuestionamientos del propio alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

Debido a que el proyecto, a 5 años de su inicio, aún no cuenta con una RCA firme que permita iniciar la construcción de las obras, la empresa optó por dejar la concesión.

Con sorpresa recibió EPV la decisión, que fue informada ayer a la empresa estatal. Tras esto, el directorio citó a una reunión extraordinaria para evaluar el tema.

Raimundo Cruzat, presidente de EPV, dice que se continuará defendiendo el permiso ambiental obtenido en noviembre de 2018, con miras a poder avanzar hacia la concreción de la extensión de la Terminal 2. Esto, porque cuando en octubre se modificó el contrato se acordó que EPV pasaría a ser el titular de todos los estudios, así como del proceso de tramitación ambiental. "El proyecto sigue adelante, con esto no muere el Terminal 2", recalca.

Cruzat cuenta que en un plazo de 18 meses la empresa tiene la posibilidad de retractarse de su decisión de dejar la concesión y retomar el desarrollo del proyecto. En ese caso, eso sí, la decisión recaerá en EPV si los acepta nuevamente. En el intertanto, EPV estudiará si lanza una nueva licitación con el mismo proyecto, siempre y cuando se aleje la incertidumbre que hoy recae sobre este, o avanzar en una iniciativa alternativa, que permita concretar el desarrollo portuario de Valparaíso. "Todo dependerá de cómo avanza el proceso de calificación ambiental, porque siendo sincero el proyecto que hoy conocemos, con el nivel de incertidumbre que hay sobre el RCA que al final se traduce en la facultad de ejecutarlo o no, es difícil pensar que otro concesionario se presente", señala. Cruzat atribuyó la demora en obtener el permiso ambiental a la "fuerte oposición de sectores de la sociedad civil, de algunos parlamentarios y sobre todo de la alcaldía ciudadana" y a las modificaciones del proyecto original. "El proyecto original del Terminal es bastante distinto al proyecto que obtuvo el RCA", dice.

Por su parte, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, señaló la decisión de TCVAL "es una señal más de que el T2 tal cual está proyectado es un mal proyecto que se gestó en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que generó en los últimos años incertidumbre". Dijo que la próxima semana presentarán al gobierno una propuesta para constituir una instancia de trabajo en la que participen empresarios, trabajadores portuarios y el gobierno, para avanzar en una propuesta común de desarrollo portuario.