El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), órgano técnico creado en 2010 en el marco de la reforma a Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, dio cuenta por medio de una solicitud de Transparencia que actualmente existen 65 proyectos de inversión que encuentran judicializados en el país.

Al 29 de mayo, tales iniciativas suman US$10.520 millones y los sectores productivos que acumulan el mayor número de proyectos judicializados son energía (29%); inmobiliario (18%); infraestructura (17%) y pesca y acuicultura (11%). El monto total es menor en comparación con la cifra que la misma entidad informó a este medio en febrero a través de un requerimiento de Transparencia. En aquella oportunidad eran 62 las iniciativas bajo el mismo estatus y ascendían a US$11.516 millones.

De acuerdo al detalle entregado por el SEA, al cierre del quinto mes del año en curso, existen 39 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y 25 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en judicialización.

El 85% de los proyectos que están siendo cuestionados mantienen su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada. El 14% registra un permiso ambiental desfavorable y el 1% restante sigue en evaluación.

Según el catastro del SEA, los cinco proyectos más costosos que cuentan con su RCA favorable y permanecen judicializados son: Proyecto Línea 7 Metro (US$2.528 millones); Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví (US$2.000 millones); Plan de Expansión Chile LT 2x500 kV Cardones -Polpaico (US$1.000 millones); Proyecto Blanco (US$527 millones) y Terminal Cerros de Valparaíso TCVAL (US$500 millones).

Al cierre de mayo de 2023, el proyecto de Metro de Santiago presenta un avance físico total de 10,2% y su judicialización se debe a una reclamación que ingresó la Municipalidad de Santiago en contra del SEA ante el Tribunal Ambiental de Santiago.

Pulso consultó a dos expertos en derecho ambiental respecto de qué harían para disminuir la judicialización en proyectos de inversión.

“Potenciaría la participación ciudadana, por ejemplo, que fuera obligatoria para las Declaraciones de Impacto Ambiental que representan el 95% de los ingresos al SEIA. Modificaría y profundizaría el Proceso de Consulta Indígena al interior del SEIA, y por último haría obligatoria la Participación Anticipada para los Estudios de Impacto Ambiental”, indicó Ximena Insunza, profesora e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Añadió que “sería una oportunidad crear una instancia después del ICE (Informe Consolidado de Evaluación) en que las comunidades y los proponentes, con el SEA como garante, puedan coordinar/conversar sobre las medidas de mitigación, compensación y reparación. Por último, creo indispensable cambiar el sistema recursivo de los Tribunales Ambientales”.

Por su parte, Javier Naranjo, director de Jara del Favero Abogados, sostuvo que “lo primero es que es parte de un Estado de Derecho que las decisiones administrativas puedan ser revisadas por los tribunales, de modo que no hay problema ahí. Sin embargo, para alcanzar la adecuada certeza, se requiere, entre otras cosas, la existencia de reglas claras para todos los actores, reglas que antes de ser empleadas sean conocidas para poder aplicarlas en los diseños de los proyectos, evitando los cambios de criterio durante el procedimiento de evaluación, ya que aquello trae consigo la imposibilidad real de no poder contestar adecuadamente los requerimientos de la autoridad ni poder cumplir con las expectativas que puedan existir en torno a los proyectos y, en definitiva, mayores costos de evaluación y eventuales rechazos”.

“Es urgente que se perfeccione la normativa actual para que contemos con una certeza jurídica real. Hoy hay demasiadas instancias de reclamación, sin embargo hay que asegurarse que éstas sean utilizadas con fines técnicos y no políticos. Es fundamental partir por reevaluar el uso del recurso de protección en materia ambiental. El exceso de canales de reclamación afecta a los proyectos, genera incertidumbre, demora y desincentiva nuevas inversiones. Todo lo contrario de lo que deberíamos hacer ahora que se necesita reactivar la economía y entre otras cosas reducir el déficit de vivienda”, acotó Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Desde el SEA indicaron que “desde el año 2014 a la fecha, se observa una tendencia al aumento de las acciones judiciales en contra de las resoluciones y actos administrativos dictados tanto por el Servicio, por las Comisiones de Evaluación Ambiental o por el Comité de Ministros, en el marco de la evaluación de impacto ambiental. Estas acciones consisten tanto en recursos de protección presentados ante las Cortes Superiores de Justicia, como en reclamaciones judiciales ante los Tribunales Ambientales”.

Precisaron que, “con todo, la impugnación judicial de proyectos aprobados en el SEIA es baja: sólo el 5,5% de los proyectos aprobados entre los años 2014 a 2023 ha sido judicializado. Lo anterior no tiene una consideración negativa necesariamente. Más bien, se explica por más y mejor acceso a la justicia, considerando a una sociedad civil mejor organizada y con mayor asesoría técnica y jurídica”.

En cuanto a los motivos por los cuales se judicializa un proyecto, señalaron que “estos varían, dependiendo del tipo de proyecto, su envergadura y el lugar o territorio donde se emplaza. En ocasiones las comunidades se oponen a iniciativas cercanas a sus viviendas o donde realizan sus actividades, fundadas en el temor de que la ejecución de los proyectos genere impactos sobre su salud o alteraciones en sus sistemas de vida. También entre los fundamentos de las acciones judiciales se evidencia una preocupación por la protección de los recursos naturales, de las áreas protegidas, del patrimonio cultural, del paisaje y del turismo, y también con la percepción de incompatibilidad de ciertas tipologías de proyectos con algunos territorios. Tiende a haber más judicialización en territorios o áreas donde existen conflictos ambientales latentes, con ocasión del desempeño de proyectos anteriores”.

Por último, detallaron que “al realizar un análisis de los sectores productivos cuyos proyectos son impugnados vía judicial, desde el 2014 a la fecha los sectores con más iniciativas judicializadas son los siguientes: proyectos de generación y transmisión de energía (26,6%); minería (15%); inmobiliario (13,5%); piscicultura (12%) e infraestructura (9%)”.