Cecilia Cifuentes y reforma previsional: “A nivel técnico hay muchos más acuerdos que a nivel político”
La economista y académica de la Universidad de Los Andes, que fue parte de la mesa técnica en pensiones en representación de la UDI, aborda el trabajo que hicieron en esa instancia. Sobre la insistencia del gobierno por subir la PGU a $250 mil y dividir las AFP, afirma que fueron promesas basadas más “en consignas que en evidencia técnica”, y que “una de las cosas que Chile debe recuperar, es volver a hacer reformas con consensos técnicos”.
He participado en este tipo de mesas antes, y en general el trabajo cuando uno lo enfoca desde una perspectiva técnica, fluye bastante bien. La verdad es que hace mucho tiempo pienso que a nivel técnico hay muchos más acuerdos que a nivel político”.
Esa es la primera reflexión que hace la economista y académica de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, al realizar un análisis del trabajo de la mesa técnica sobre la reforma previsional que formaron los senadores de la Comisión de Trabajo, con un representante cada uno. Cifuentes fue en representación de la UDI. “Yo diría que el trabajo fue bueno, un poco a presión”, puntualiza.
¿De qué tipo?
Había presión política, llevábamos creo que dos reuniones y en un minuto el Ejecutivo le puso suma urgencia al proyecto, y nos faltaba mucho trabajo todavía. Obviamente ese tipo de cosas generaban algunos problemas internos, porque al final uno se planteaba, bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí entonces? Pero yo diría que a pesar de esas cosas, Cristóbal Huneeus tuvo una muy buena conducción de la mesa, y creo además que la condición esencial que permitió que el trabajo fluyera bien fue poder tener los datos, poder mirar las cifras, ver el impacto que estaba teniendo la PGU, que era muy grande. Este proyecto lleva 20 meses en el Congreso, pero la verdad es que se discutió 14 meses sin los datos a la vista.
¿Qué cambió al tener los datos?
Fue bastante fácil unificar el diagnóstico, que era un poco lo mismo que había mostrado el estudio de la Superintendencia de Pensiones, en el sentido de que las personas que han cotizado muy poco en Chile ya están con tasas de reemplazo muy altas. Lo que a lo mejor no significa que estén con buenas pensiones, pero si una persona durante su vida laboral cotizó muy poco tiempo, o impuso por ingresos muy bajos, porque parte de sus ingresos eran informales, no puede ser el sistema de seguridad social el que lo corrija, porque eso hay que corregirlo en el mercado laboral. Lo que veíamos sí es que hay segmentos, sobre todo de mujeres, que a pesar de haber cotizado muchos años, tienen tasas de reemplazo bajas.
¿Eso es lo que más rescata de los consensos a los que llegaron en la mesa técnica?
Es el corazón de la reforma y ese es el tema principal. Creo que después de este diagnóstico técnico ya no tiene tanta justificación que sigamos hacia adelante simplemente mejorando las pensiones a través de subir la PGU, porque da una muy mala señal, porque lo que va a percibir la población, es que en lo único en que los gobiernos se ponen de acuerdo es en subir la PGU, ¿entonces para qué cotizar? En ese camino íbamos a llegar al peor sistema de pensiones que puede tener un país, que es que nadie cotice, y con impuestos generales se le paga a todos una pensión que va bastante más allá de la línea de la pobreza, o que no tiene un parámetro técnico que la amarre.
En la mesa técnica acordaron que debe haber solidaridad intergeneracional, pero no consensuaron cómo se financia. ¿Intentaron llegar a un acuerdo o no había tiempo suficiente?
Ese fue el último tema que discutimos, y la verdad es que efectivamente yo siento que quedó poco tiempo. Además, consideramos que el cómo se financia el beneficio es una decisión más política, porque siempre uno va a tener argumentos a favor y en contra de una u otra vía de financiamiento. Pero una vez que uno acota a quiénes quiere beneficiar y en qué magnitud, ya más o menos tiene definido que aquí no estamos hablando de tres puntos de cotización, sino que es algo mucho más acotado. Incluso tuvimos consenso en que esto había que establecerlo como transitorio.
Más allá de que sea una decisión política, ¿cómo cree que debería financiarse?
Yo tiendo a preferir que sea mediante rentas generales, principalmente porque claro, el componente de reparto es un impuesto al trabajo formal. Pero aquí hay una complejidad adicional, y es que el diagnóstico demuestra que los sectores a los que habría que destinar esa solidaridad intergeneracional son de ingreso medio alto, porque son principalmente mujeres que han cotizado mucho tiempo. Pero la cotización la pagan todos. En ese sentido, tiene un componente regresivo esta forma de financiamiento. Ese para mí es otro argumento adicional para que sea preferible que esto se financie con ingresos generales. La fórmula óptima sería buscar eficiencias en el Estado.
Que sea preferible significa que no está totalmente cerrada a que se pueda financiar con cotizaciones.
Lo que pasa es que ahí uno pone en la balanza un tema más político, en el sentido de que si a lo mejor eso es lo que permite que se pueda avanzar en el tema, podría ser una vía, pero de la forma como lo acordamos en la mesa técnica: un componente transitorio y no permanente.
¿Cómo evalúa que fue el recibimiento del informe por parte del gobierno?
A mí me parece que fue bueno, que hubo una acogida, sobre todo en el sentido de ver que hay acuerdo. Ahora, el problema es que la discusión de la reforma en sí está bastante contaminada por otros temas. Ha habido muchas declaraciones contradictorias. Entonces, a pesar de que la recepción a mí me parece que ha sido positiva, ha habido, desde el punto de vista del gobierno, sobre todo de parte de la ministra del Trabajo, diría yo, más cuestionamiento.
El gobierno planteó que hay dos temas en los que no está de acuerdo con la mesa técnica, que es subir la PGU a $250 mil y la división de la industria. ¿Sigue sosteniendo la tesis de la mesa técnica?
Yo sostengo la tesis de la mesa técnica. Claro, aquí hay una complejidad política, porque el gobierno partió esta reforma con algunas promesas que estaban sustentadas más, a mi juicio, en consignas que en evidencia técnica. Y son dos promesas. Esta idea de subir la PGU a $250 mil, sin una justificación clara de por qué. Y el otro tema es terminar con las AFP, también sin una justificación técnica detrás. Yo creo que aquí, si el país quiere volver a hacer buenas reformas, si queremos dejar de lado un periodo en que las reformas se caracterizaron por basarse en consignas, con diagnósticos técnicos débiles, vamos a seguir haciendo reformas que no van a resolver los problemas. La separación de la industria no mejora las pensiones y genera un montón de riesgo y no es para nada claro que termine por bajar las comisiones. Entonces, una de las cosas que Chile debe recuperar es volver a hacer reformas con consensos técnicos, basadas en evidencia, en diagnóstico, que fue lo que se hizo desde el retorno a la democracia hasta el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando a mi juicio eso se perdió. Es importante que se recupere.
Hubo consenso en la licitación del stock de afiliados, pero también usted advirtió a los senadores que hay que hacer un estudio más en profundidad. ¿Qué es lo que hay que analizar?
Es que siempre las reformas de pensiones han tenido el problema de que a los que hemos estudiado sobre seguridad social, también nos consultan sobre la organización industrial, y son dos temas bien distintos. Yo he estudiado harto el tema de seguridad social, he dedicado mucho menos tiempo a organización industrial, hay otros expertos que se han metido más en estos temas, y creo que son ellos los que tienen que hacer las recomendaciones sobre ello. En esto también el estudio que hizo Salvador Valdés fue una ayuda. Ahora, en la medida que uno va analizando el tema, van surgiendo complejidades, que es súper importante mirarlas. ¿Y cuáles son? Con la licitación de afiliados nuevos no es necesario liquidar activos o cambiarlos de administrador, porque no hay activos. Hacer eso tiene hartas complejidades, porque hay activos que son muy ilíquidos, y aquí se habla sobre todo del tema de los activos alternativos, no es tan fácil traspasárselo a otro administrador. También hay problemas con la valorización de los activos financieros, porque no todos tienen un valor de mercado que uno todos los días pueda decir, ah, esto vale tanto, te lo traspaso a ese valor. Esa valoración es compleja. Entonces, uno tiene que buscar mayor competencia, pero sin castigar la rentabilidad. Yo a estas alturas no tengo absolutamente claro que la licitación de stock sea el mejor camino, de hecho, uno lo que podría hacer, a lo mejor, es perfeccionar la licitación de afiliados nuevos, de tal forma de hacer esa licitación más competitiva y que participaran las AFP más antiguas en esa licitación. Hay formas de hacerlo y yo creo que esos son caminos a explorar.
¿Queda conforme con el trabajo que hicieron y el modo en que esto puede influir sobre una eventual aprobación del proyecto, o ve que en realidad puede ser un trabajo en vano?
Yo creo que hay un avance que no va a haber forma de no mirarlo, que es haber mejorado el diagnóstico. Con eso, al menos en lo personal, me doy por satisfecha. Ojalá sirva, y en eso no me atrevería a apostar, pero creo que también se sienta un precedente que es positivo hacia adelante, que es que este trabajo se debe hacer con datos disponibles.
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