Un año de arduo trabajo ha tenido el Congreso en materia energética, desde la creación de una comisión investigadora por los medidores inteligentes hasta el ingreso de diversos proyectos, donde se destaca la Ley Corta de distribución. Sobre ese tema, hace una semana el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, enfatizó en que quiere despachar con rapidez dicha iniciativa, y así enfocarse en la ley larga, que ingresará al Congreso a fines de año.

En ese contexto, fue el turno de Luis Zarauza, country manager de CGE, quien expuso ante la comisión de Minería y Energía de la Cámara para entregar la postura de la empresa sobre la materia. Y fue enfático.

"Este proyecto de ley surgió después de la crisis de los medidores y entendemos que eso hace que carezca de algo que se hizo ya en otros segmentos del negocio eléctrico", lanzó, agregando que "es fundamental apoyar la modernización del sector y contribuiremos en esa línea, aunque creemos que el proyecto de ley también debe hacerse cargo de la realidad, de los desafíos, del país y de las aspiraciones de la ciudadanía".

Esto pues, a su juicio, este proyecto no aborda temas fundamentales, como la mejora de la calidad de suministro, el aumento de la resiliencia de las redes, la modernización de la red y la ampliación de los servicios que presta.

Hace cuatro años Naturgy -cuando aún era Gas Natural Fenosa- tomó el control de la distribuidora con más clientes del país y, desde entonces, ha aumentado sus inversiones. A modo de ejemplo, en 2014 destinó en crecimiento y mantención de redes $74.485 millones, cifra que aumentó a $144.670 millones en 2018.

"La empresa ha duplicado en estos últimos cuatro años las inversiones en la red y aunque esto ha sido importante, el resultado de mejora de la calidad de suministro no es todo lo que nuestros clientes esperan. Todavía se requieren inversiones adicionales muy importantes para llevar esta la calidad de suministro a los niveles que la ciudadanía requiere", aseguró Zarauza. Sin embargo, también señaló que se debe dar seguridad jurídica a las inversiones que se planteen para los objetivos que se fijen, pero que en el modelo regulatorio actual "no parece que se logra".

Esto, ya que no es posible establecer una relación "clara" entre las inversiones que realiza CGE y el retorno que esto puede significar. "De hecho hay inversiones que nunca se reconocen y esto es extremadamente problemático, es un freno a la mejora del sector", indicó el country manager.

Una de las principales tareas a las que se ha abocado el gobierno en materia energética es en contener las alzas de la tarifa eléctrica, que solo en mayo aumentaron en 10,5%.

En relación a eso, el ejecutivo aseguró que bajar la tasa de rentabilidad por sí sola no tendrá un efecto relativo en las cuentas de luz, que estima será de entre un 1 y 3%. Lo anterior, dada la composición actual de la cuenta, en la cual distribución representa el 20% de ella. Por ejemplo, en una cuenta promedio de $21.000, esta reducción sería cercana a $410, es decir, sólo 1,6%.

"Esto significa un impacto muy significativo para las empresas por el menor reconocimiento de estas inversiones, pero el efecto en las cuentas sería marginal", sostuvo Zarauza.

Además, agregó la necesidad de dialogar y consensuar una política pública con una visión clara de dónde quiere Chile estar en materia de distribución eléctrica en el futuro. "A partir de esto, definir cuáles son los incentivos para sustentar el plan de desarrollo que implica esa visión; el reconocimiento de la realidad el país y, por su puesto, acordar un modelo que contemple un adecuado equilibrio entre riesgo y retribución para las empresas que permita fomentar el logro de los objetivos que se plantee el país".

En la jornada de hoy está citado el ministro Jobet para que dé detalles de las indicaciones sobre la ley corta que presentó hace unos días. El miércoles se votará para despachar el proyecto que tiene como base tres temas: bajar en la rentabilidad de las distribuidoras -con un piso y techo-, incluir un panel de expertos y aumentar las áreas típicas. En tanto, en la ley larga de distribución, la discusión se ampliará para debatir el segmento completo y modernizar la ley actual que tiene más de 40 años.

En la jornada de ayer, representantes de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (Fenacopel) también se dirigieron hasta el Congreso para dar su punto de vista sobre la baja en la rentabilidad en el segmento de distribución. En la instancia fueron críticos y pidieron que no se les tenga el mismo trato que el resto de las empresas, cosa que nunca se consideró en el proyecto.

"La baja del 10% al 6,5% de la tasa de descuento se traduce en la extinción de las cooperativas, ya que una rentabilidad promedio que hoy tenemos histórica del 2,08% pasaría a ser 0% con una pérdida de $4.000 millones. Las cooperativas y las empresas de distribución eléctricas son distintas, pero ha tenido por años un trato igualitario", sostuvo Marcela Araneda representante de Fenacopel.