Codelco prepara salida de alrededor de 1000 personas de Salvador entre trabajadores propios y contratistas

La transformación que enfrenta la División Chuquicamata de Codelco para convertirse en una mina subterránea -y que implica la salida de 1700 trabajadores hacia 2022- tras más de cien años de operación a rajo abierto, no es la única por la que atraviesa la corporación.

En la División Salvador, ubicada en la Comuna de Diego de Almagro, la estatal alista la desvinculación de alrededor de 1000 personas de aquí a mediados de 2019, por el agotamiento de reservas en algunas de sus operaciones y la próxima puesta en marcha de Rajo Inca, que demandará unos US$ 1.100 millones.

"Debido a que algunas de nuestras operaciones mineras de rajo abierto se encuentran externalizadas, y ante el inminente cierre de los rajos por el agotamiento de sus reservas (primer semestre de 2019), está previsto una disminución de mano de obra asociado a ello", dijo la estatal al ser consultada, explicando que hasta la entrada en régimen de Rajo Inca, "sólo existirá aporte de mineral sulfurado desde la Mina Subterránea a la planta concentradora en aproximadamente un 60% de su capacidad, lo que implicará la disminución de movimiento y tratamiento de material y la necesidad de ajustar las dotaciones internas como externas y recursos como transporte, logística, alimentación y servicios generales, entre otros, lo que implicará una menor dotación de trabajadores contratistas y propios entre 2018 y 2019".

Si bien la estatal no confirmó las cifras, fuentes del mundo sindical contratista indicaron que en las últimas semanas han sido desvinculadas cerca de 200 personas. Sin embargo, atribuyen dichos despidos a los problemas surgidos con los contratos de movimiento de mineral y de tierra en la división.

Además, los trabajadores contratistas apuntaron que según sus antecedentes, la mayor parte de las desvinculaciones se realizarían en este estamento, mientras que los despidos para el caso de los trabajadores propios de Codelco alcanzarían a alrededor del 20% de la dotación, que en total alcanza a 1724 personas, según cifras a diciembre de 2017.

En ese sentido, la diputada Daniela Cicardini, alertó de la situación a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados en la sesión de la semana pasada, y pidió que se conforme una Comisión Investigadora, con el fin de que se aclaren tanto los despidos, como también los mencionados contratos.

La estatal señaló que como consecuencia del agotamiento de las reservas disponibles en los rajos actuales, la División está ejecutando un plan de transformación que busca prolongar su vida útil y a lo menos duplicar su actual producción (61.942 toneladas métricas de cobre fino al año). Por ello, explicó que dadas las condiciones actuales del negocio, se definió un plan específico para un periodo de transición (2019-2021), cuyo objetivo es mantener parte del actual ritmo productivo, considerando que en 2022 se iniciará Rajo Inca.

"Este plan de transición contempla que a fines del primer semestre de 2019 se cierre el último rajo en operación (Campamento Antiguo Fase 9) y la mina subterránea en 2021, dado que en esas fechas a ambos se les agotarán las reservas de minerales existentes. A partir del 2022, el aporte de minerales (óxidos y sulfuros) provendrá del proyecto "Rajo Inca".