Columna de Joaquín Vial: “Estado de Chile ¿Más grande, pero más débil?”

El progreso económico de un país se basa en el aumento sostenido de su riqueza, definida en un sentido amplio que incluye todas las formas de capital. En las sociedades modernas, cada vez más complejas, es fundamental que las instituciones y, en particular, el Estado, cumplan bien con sus funciones esenciales para reducir la incertidumbre, rebajar costos de transacción y asegurar un piso de igualdad de oportunidades a toda la población. Sin ello es muy difícil acumular riqueza para progresar sostenidamente.

En Chile hemos visto un aumento sostenido del tamaño del Estado: el gasto del gobierno creció sistemáticamente desde el 18% del PIB en 2012 al 21% en 2018. La pandemia y la crisis política se reflejaron en un aumento explosivo del gasto en los años siguientes, el que después de un ajuste notable el año pasado, ha llegado al 24,4% del PIB, más de 6 puntos porcentuales en una década.

Sin embargo, cuando vemos lo que ocurre con la evolución de la riqueza del país en estos años, aparecen señales preocupantes que apuntan a un deterioro paulatino de diversas formas de capital, en buena medida por una degradación de las capacidades del Estado para cumplir con sus funciones más básicas. Veamos algunos ejemplos.

El caso más emblemático: los retiros de fondos de pensiones que, por iniciativa del Congreso (con truco para saltarse la iniciativa exclusiva del Ejecutivo), redujeron el patrimonio de las familias construido con ahorro su obligatorio destinado a financiar las pensiones futuras para gastarlo en consumo en 2021 y, de paso, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema financiero.

Otro de larga data: en los años 80 y 90 vimos el colapso de diversas pesquerías por regulaciones mal diseñadas y poco control. Después de muchas dificultades se hicieron leyes que permitieron una leve recuperación de la biomasa y de la actividad. Sin embargo, hoy el Congreso debate la posibilidad de anular la legislación vigente, poniendo en riesgo un capital natural ya muy deteriorado.

Una más reciente, pero de gran impacto futuro: en las últimas décadas hemos visto el deterioro paulatino de la educación pública, a pesar de los ingentes recursos destinados a “reforzarla”. Hace unos días nos enteramos de que había quedado un gran número de vacantes en los llamados liceos emblemáticos, lo que va en detrimento de la formación de capital humano, especialmente entre aquellos niños y niñas que no tienen recursos. De todas las formas de capital, el aumento del capital humano, especialmente de los más pobres, es la herramienta más importante para lograr un progreso económico más equitativo en el futuro.

Los megaincendios forestales (2 en 6 años) están planteando un desafío de gran magnitud, con fuertes pérdidas de capital productivo (plantaciones, cultivos) y natural (bosque nativo, múltiples especies muertas o con hábitats destruidos), como resultado de descuidos y de actos premeditados. El sector público y el privado se han movilizado, destinando ingentes recursos para controlarlos, pero todo resulta insuficiente cuando se combina sequía y mayores temperaturas, con la acción organizada para provocar incendios.

Por último, tenemos la crisis de seguridad, sobre la que tanto se habla y se escribe, mientras crece la percepción ciudadana de que la acción estatal es cada vez menos efectiva. Esta es una esfera en que cabe un rol ineludible al Estado porque, en sociedades civilizadas, es la única institución que puede aplicar legítimamente la fuerza en resguardo del bien común. La pérdida de capital por el fracaso en este ámbito es enorme.

El deterioro de la efectividad del Estado no es exclusivo de Chile. Estamos viendo algo similar en muchas partes del mundo, posiblemente porque estamos entrando a una época de grandes desafíos, tanto a nivel global como local, que ponen a prueba todo lo realizado por la humanidad hasta ahora.

En momentos en que reanudamos el esfuerzo por construir una Constitución para el siglo XXI, es esencial tomar conciencia que al diseñar el marco de acción del Estado, es importante tener presente que hay funciones claves que debe atender y donde no hay sustitutos legítimos. Para reforzar esas capacidades se debe evitar recargar al Estado dándole funciones exclusivas en ámbitos donde los privados sí pueden contribuir legítimamente.