Columna de Pablo Halpern: Golpe al modelo

El sonido de las sirenas desaparece, y el bullicio de las máquinas se silencia en Huachipato. Más de 2.000 trabajadores se enfrentan al abismo del desempleo, mientras en miles de hogares chilenos, las luces se apagaron por los cortes de energía. En circunstancias habituales, la reputación empresarial es un activo que se puede proteger o restaurar con las herramientas de siempre: estrategias de comunicación, lobby, planes de contingencia y compromisos renovados. Sin embargo, cuando las grandes compañías fallan de manera que afecta la vida de miles de personas, lo que se pone en juego no es solo su imagen pública, sino la confianza en un modelo económico que ha sido la base del desarrollo del país en las últimas décadas.

El cierre de Huachipato no es solo el fin de una empresa; es un golpe al núcleo de una comunidad que depende de ella para su subsistencia. Los cortes de luz no son meros inconvenientes; son recordatorios de la fragilidad de una infraestructura que debería sostener la vida moderna. Las promesas de eficiencia y prosperidad que sustentan el modelo pierden su peso cuando las empresas, que son el motor que impulsa el progreso, fallan de manera tan elocuente.

Los casos de Enel y Huachipato han reavivado narrativas populistas que abogan por un mayor control estatal sobre sectores estratégicos. Por ejemplo, que los servicios básicos son derechos fundamentales que deben ser administrados por el Estado para garantizar su calidad. Este discurso abre la puerta a otros argumentos populistas: que las empresas privadas tienden a priorizar el lucro sobre el bienestar social, lo que lleva a recortes en inversión, infraestructura y mantenimiento; que ponen en riesgo la soberanía nacional al transferir el control de recursos críticos a manos extranjeras; y que las empresas privadas no asumen adecuadamente sus responsabilidades en relación a los impactos sociales y ambientales de sus operaciones. Los populistas también sugieren que la nacionalización o mayor control estatal son necesarios para proteger a los trabajadores y evitar despidos masivos, como los de Huachipato. Argumentan que al alero del Estado, las empresas pueden priorizar la preservación de empleos y el despliegue de políticas laborales “justas” en lugar de enfocarse únicamente en la reducción de costos y en el aumento de las ganancias. Se ha cuestionado si una empresa privada puede servir al interés público o si, por el contrario, sacrifica el bienestar de la comunidad en aras de la eficiencia económica. Estos argumentos han surgido de manera explícita o implícita en el debate sobre la crisis energética y en las discusiones relacionadas con el cierre de Huachipato.

Lo cierto es que la administración pública no garantiza una mejor calidad ni un acceso más equitativo a los servicios. Pero, además, las empresas gestionadas públicamente suelen estar expuestas a la captura política. Esta puede inducir al nombramiento de personal no calificado y a decisiones en las que no siempre predominan los criterios técnicos. Asimismo, la estatización de empresas podría terminar desviando recursos de otros sectores igualmente vitales, lo que subraya la necesidad de corregir las deficiencias regulatorias en lugar de traspasar la carga al Estado.

De cualquier forma, el peso de la prueba recae sobre las empresas privadas. Están compelidas a demostrar que son capaces de proteger no solo sus intereses, sino también los del conjunto de la sociedad. En este tiempo, la responsabilidad social y la rentabilidad financiera se entrelazan de manera indisoluble. No entenderlo expone al sector privado a algo más trascendente que la pérdida de reputación: amenaza la legitimidad del modelo económico que lo sostiene.