La inversión pendiente de revisión en el Comité de Ministros experimentó un fuerte incremento en el primer semestre de 2024, en comparación con el mismo período del año pasado. En los primeros seis meses de este año, 12 iniciativas esperan ser votadas por el máximo órgano administrativo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), acumulando un total de US$6.179 millones. En el primer semestre de 2023, en tanto, había 14 proyectos que sumaban US$1.599 millones, reflejando un crecimiento de 286%, es decir, de casi cuatro veces al comparar ambos períodos.

El próximo martes 13 de agosto, se verán dos iniciativas: Nueva Línea 2x220 Nueva Alto Melipilla-Nueva Casablanca-La Pólvora-Agua Santa y el Proyecto Eólico Vientos del Pacífico.

Los cinco proyectos con mayor inversión que están a la espera de ser votados por la entidad colegiada son: Los Bronces Integrado (US$3.000 millones), Proyecto Adaptación Operacional de Minera Los Pelambres (US$1.000 millones), Central Termoeléctrica Angamos de Empresa Eléctrica Angamos (US$1.000 millones), Optimización y Continuidad Operacional de Minera Candelaria de la Compañía Contractual Minera Candelaria (US$600 millones), y Embalse Zapallar del Ministerio de Obras Públicas (US$212,5 millones).

El listado también incluye tres grandes proyectos del Ministerio de Obras Públicas: así, además del Embalse Zapallar, se agregan el mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-820 (US$15,6 millones) y Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21 (US$87 millones), los cuales enfrentan reclamaciones por participación ciudadana.

Además del aumento en el monto de inversión detenida al comparar los primeros semestres de 2024 versus 2023, también se registran variaciones en el tipo y sector económico de los proyectos. En la primera mitad de 2024, el 75% de los proyectos pendientes de revisión pertenece a los sectores de minería y energía, mientras que en el mismo período del año pasado constituían el 57%.

El 100% de los proyectos de la cartera de iniciativas pendientes de revisión ante el Comité de Ministros cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al cierre del primer semestre de 2024. En igual lapso de 2023, solo la mitad tenía una RCA positiva.

Otro aspecto destacado en la comparación de ambas carteras, es el avance del Servicio de Evaluación Ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente en resolver proyectos que acumulaban bastante tiempo esperando ser sometidos a votación en el Comité de Ministros. Hace un año, todavía había proyectos pendientes de revisión desde hacía más de tres años, mientras que al cierre de junio de 2024 solo existen iniciativas que acumulan un año desde su ingreso.

El Comité de Ministros es presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado por las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería.

Consultada al respecto la directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, señaló que “estamos satisfechos, ya que hemos logrado reducir los tiempos de los proyectos que están a la espera de ser vistos por el Comité de Ministros desde que ingresan los recursos administrativos, así como de los plazos que demora el SEA en emitir las respectivas resoluciones. En gobiernos anteriores, existían recursos que llevaban más de dos a tres años a la espera de ser resueltos, y actualmente el tiempo de tramitación se ubica en promedio entre los seis a 12 meses”.

Lo anterior, señaló la autoridad, por vía escrita, “es el resultado de una instrucción que como directora ejecutiva del SEA, y siguiendo los lineamientos que la ministra Maisa Rojas le ha dado a la división jurídica del Servicio para que realicen los máximos esfuerzos de gestión para reducir y llevar los proyectos al Comité en el menor plazo posible, una vez recibidos todos los informes de los organismos sectoriales y hechos los análisis técnicos y jurídicos respectivos. Gracias a estas medidas, hemos logrado que en lo que va de este año, solo tengamos 12 recursos a la espera de ser resueltos por el Comité de Ministros, cifra que debiese bajar a 10 durante agosto”.

Felipe Riesco, socio del estudio Barros Silva Varela & Vigil, explicó que “el Comité de Ministros juega un papel muy relevante, no solo respecto a materias de fondo, en términos de aplicación de la normativa, sino que es relevante también la oportunidad. Lamentablemente el Comité carece de un procedimiento conocido, que asegure principios básicos como la bilateralidad de la audiencia, la posibilidad de rendir pruebas, que asegure ser juzgado en un plazo razonable, con deberes de abstención y de imparcialidad en la toma de decisiones. Si bien todos esos aspectos se regulan en la ley de procedimientos administrativos, no se aplican. Por eso las indicaciones del proyecto de ley de reforma al SEIA en el Senado van en la dirección correcta, al establecer un órgano especializado en la materia, que dé garantías de imparcialidad”.

“El órgano colegiado, ya sea el Comité de Ministros o el que lo reemplace, solo aportará a la certeza jurídica en la medida que existan normas procedimentales que garanticen que su decisión sea apegada a la normativa, o bien fundamentada en aquellos aspectos en los que la evaluación de impacto ambiental tenga distintas alternativas u opciones. La pregunta crucial no es quién decide, sino cómo y en base a qué puede tomar tal decisión”, indicó Ximena Insunza, profesora e investigadora CDA, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.