Este lunes la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas retomaron la discusión del proyecto de cumplimiento tributario, en el cuál se abordarán los temas más polémicos de la ley: el secreto bancario, el denunciante anónimo, y la norma general antielusión. El compromiso es despacharla el martes en la mañana para ser votada en la sala el miércoles.

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En la instancia el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó las indicaciones ingresadas por el ejecutivo en estas materias, provenientes de una mesa técnica levantada con los asesores en búsqueda de acuerdo. Además de otras en relación a la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), “para dar cuenta de un uso responsable de estas atribuciones”, explicó Marcel.

En relación al secreto bancario, se ingresaron tres indicaciones. Estas apuntan a que el procedimiento sigue siendo judicial en su regla general, como en el procedimiento especial. De esta forma, en el procedimiento general, de tener la oposición del contribuyente, será el SII el que deba acreditar la importancia de la fiscalización de la información bancaria.

Además, se incorpora un procedimiento excepcional, donde el SII solicitará la autorización al juez de Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), sin oposición del contribuyente. Esto, se aplicará en casos de delitos tributarios, fiscalización a grupos empresariales, precios de transferencia, exceso de endeudamiento y control de rentas pasivas.

Con esto, la comisión aprobó con 9 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones la norma, pero con el compromiso de que se ingresarán indicaciones para disminuir de 90 a 30 días el plazo para destruir la información obtenida de esta atribución, y de dejar establecido de forma explícita que esta será protegida.

Respecto al denunciante anónimo, el ejecutivo eliminó la recompensa, y mantuvo las sanciones por las denuncias maliciosamente falsas. También incorporó como limitación a la calidad de denunciante anónimo a los abogados que prestaron servicios en los 3 años anteriores a la denuncia. Esto considerando que por sus funciones puede tener acceso a información.

Los diputados oficialistas Sáez, Naranjo, Barrera y Bianchi, expresaron su preocupación por la indicación que remueve la recompensa, señalando que no hay incentivos para que se realice la denuncia y apuntaron que podría traer sanciones. Desde Hacienda enfatizaron en que el contribuyente no es sancionado por una denuncia infundada y que la sanción penal está reducida para quién ocupe esta herramienta para causar daño a otro.

Finalmente, se aprobó la figura de denunciante anónimo, sin votos de la oposición, y se rechazó la indicación del ejecutivo recién presentada que buscaba eliminar el beneficio, precisamente por la postura del oficialismo.

En lo que respecta a la norma general antielusiva, se presentaron 5 indicaciones. La primera de ellas regula expresamente la carga de la prueba, de forma en que será el SII quien deba acreditar el abuso o simulación del contribuyente. Aún así, el contribuyente deberá acreditar efectos económicos o jurídicos relevantes, o que la operación se encuentra amparada por la legislación tributaria.

Las indicaciones apuntan al Consejo Asesor Consultivo (CAC). Respecto a esto, se establece que el contribuyente siempre conocerá la opinión del CAC, y reconocer la posibilidad de presentar en juicio la opinión del CAC tanto al contribuyente como al SII. Asimismo se indica que sus miembros serán remunerados con 50 UTM, y se indica que, del total de 7 miembros, 3 serán escogidos por organismos externos (uno por el CFA y 2 por el Consejo de Rectores) y 4 por concurso.

Además, incorporaron indicaciones para de gobernanza del SII, algo solicitado por la oposición ante las nuevas atribuciones que se le otorgaría.

De esta forma, la norma incluye a los subdirectores al sistema de alta dirección pública, para que tengan mayor independencia en el ejercicio de sus funciones, y se crea una subdirección a cargo de contraloría interna y otra de tecnología de información.

Adicionalmente, se crean cuerpos colegiados a nivel nacional y regional, encargados de decidir sobre materias de interés institucional como querellas por sobre 1.200 UTA, aprobación de los avenimientos extrajudiciales, y decisiones que puedan tener impacto institucional. Se suman también medidas de mayor probidad funcionarias incluidas dentro de la PDI.

Este lunes la comisión también aprobó (con tres abstenciones) una norma que busca establecer la obligación de las entidades bancarias cuando un contribuyente reciba 50 o más transferencias dentro de un mes, o más de 100 abonos de un semestre de ruts distintos. Las instituciones deberán sólo informar el abono y el titular de la cuenta corriente, no quién realizó el abono ni el monto.

Pese a los reparos de los diputados, también se aprobó la norma que apunta a la obligación de órganos de la administración del Estado y Municipalidades de exigir el inicio de actividades a las personas que realizan alguna actividad económica con estos. Esto, bajo el compromiso de que se especifique que esto sea así sólo en casos de que sea una actividad económica habitual, con el fin de no perjudicar las actividades excepcionales de, por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro.

Los parlamentarios continuarán sesionando este martes temprano, mientras aún queda pendiente la discusión de la norma general antielusión, las indicaciones de gobernanza del ejecutivo y la norma que termina con la exención tributaria a importaciones menores a US$41, entre otras.