Diputados DC y PR presentan proyecto de ley para reponer tutela laboral en el sector público

El último fallo del Tribunal Constitucional (TC) que impide que los trabajadores del sector público pueden recurrir de tutela laboral no dejó a nadie indiferente. La oposición no solo criticó sino que ayer un grupo presentó un proyecto de ley.

Los diputados radicales Marcela Hernando, Alexis Sepúlveda y Carlos Abel Jarpa, y el DC Raúl Soto junto con calificar de "injusto y preocupante" el fallo, firmaron una moción de artículo único para incorporar un nuevo inciso al Decreto con Fuerza de Ley N°29 sobre estatuto administrativo. La redacción textual refrenda este derecho: "Los funcionarios públicos de planta o a contrata podrán recurrir a los tribunales con competencia en lo laboral cuando estimen vulnerados sus derechos fundamentales. En tal caso se aplicará el procedimiento de tutela laboral consagrado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo".

"Asumimos el desafío de permitir de forma expresa en el estatuto administrativo la aplicación de este procedimiento laboral por vulneración de derechos fundamentales, porque la jurisprudencia hoy día lo ha reconocido y la Corte Suprema le ha otorgado cada uno de los derechos del Código Laboral a los funcionarios públicos. El TC le cierra la puerta en la cara a los trabajadores del sector público y eso tenemos que corregirlo", indicó Soto.

En general el fallo del TC quita a los funcionarios del sector público el derecho a utilizar la tutela laboral, es decir, la posibilidad de que puedan denunciar ante tribunales situaciones como despidos arbitrarios por razones políticas o de acoso laboral.

Así, la posibilidad queda restringida solo para contratos regidos por el Código del Trabajo y echa por tierra una decisión que el mismo TC tomó en 2014, donde un fallo unánime sí les reconoció esta alternativa a los funcionarios público.

En tanto, los senadores socialistas interpretaron el fallo como una "entrega de impunidad a los gobiernos de turno para despedir a funcionarios. Rechazamos el uso permanente del TC por parte del gobierno para quitar derechos (…) convocamos a buscar una reforma al TC en el más breve plazo".

También la senadora Ximena Rincón (DC) -ex ministra del Trabajo- recordó que la tendencia de los tribunales ha sido extender la "tutela laboral" a los funcionarios públicos, especificando que la Contraloría no puede resolver estos casos, pues su ámbito de acción es velar por la legalidad de los actos administrativos. "Si es necesario someteremos el fallo a la revisión de la Corte Interamericana para que enmiende el rumbo y la protección de los derechos de los trabajadores", acotó.

Por el lado de los afectados reaccionó el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Carlos Insulza quien calificó al TC de practicar un "rol nefasto" al cercenar derechos de la sociedad. "Aquí está cometiendo un tremendo error porque viene a afectar al mundo sindical, declarando que los trabajadores públicos somos de segunda categoría. Sienta un precedente nefasto", comentó junto con llamar a Senado y a la Corte Suprema a pronunciarse respecto de esta contienda de competencias.

En el mundo del derecho señalaron que el TC dejó a los funcionarios solo con dos herramientas: ir a Contraloría o presentar recursos de protección, "pero ambos son insuficientes" acotó el ex subdirector de la Dirección del Trabajo Rafael Pereira. También se plantearon la duda respecto de cuántos derechos fundamentales "efectivamente" tendrían estos trabajadores.