Dirección de Aguas restringirá derechos a las mineras que operan en el norte

En una respuesta tardía a la caída de los niveles de agua dulce en las zonas desérticas, Chile busca proteger un recurso natural que se ha desgastado tras décadas de actividad minera.

En medio del aumento de las quejas de comunidades locales y el empeoramiento de los efectos del cambio climático, el mayor productor mundial de cobre planea implementar medidas que dificultarán a las mineras el bombeo de agua dulce.

La Dirección General de Aguas duplicará con creces las denominadas zonas de prohibición en todo el país este año de 30 a por lo menos 70, según su director general, Oscar Cristi. No se pueden otorgar nuevas licencias dentro de las zonas de prohibición y cualquier extensión de los permisos existentes deberá ser aprobada por autoridades ambientales.

"Hay áreas donde hay minería que van a estar dentro de las nuevas zonas de prohibición", explicó Cristi, quien declinó identificar las áreas para evitar posibles especulaciones sobre los derechos de agua. "En algunos lugares, las mineras pueden extraer más que el nivel de recarga y eso amenaza la sustentabilidad del acuífero", añadió.

El desierto de Atacama en el norte del país, el lugar más árido de la Tierra, alberga algunas de las minas de cobre y litio más grandes del planeta. Si bien ocasionalmente se ve azotada por lluvias intensas e inundaciones, la región se ha vuelto más seca en las últimas décadas, según la DGA. Al mismo tiempo, se espera que la demanda de agua de las mineras aumente a medida que disminuyen las leyes de los minerales, lo que obliga a procesar más material para mantener los niveles de producción.

En respuesta, las mineras construyen grandes plantas desalinizadoras y se espera que el uso de agua de mar se triplique de aquí a 2029, según el pronóstico más reciente de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Pese a eso, el uso de agua dulce en las minas gigantes del país crecerá un 12% para 2029, agregó Cochilco.

El plan de la DGA para incrementar las áreas de protección del agua es parte de una reforma de mayor alcance que incluye la realización de estudios independientes para determinar los niveles de agua en 10 cuencas distintas. Por el momento, la agencia depende de la información contenida en los informes de empresas a la hora de otorgar los derechos de agua.

Esto ha demostrado ser un desafío en Atacama. La mina de cobre más grande del mundo, Escondida de BHP, y Zaldívar de Antofagasta solicitan extensiones de permiso para bombear agua desde el sur de Atacama. Más al norte, las dos principales mineras de litio, Albemarle y SQMle también extraen agua dulce y lodo rico en litio desde debajo de la llanura salada.

"Este es el caso más complejo que tenemos en este momento", admitió Cristi. "Es importante que Escondida y Zaldívar puedan ajustar sus niveles de extracción actuales si quieren continuar operando dado que la disponibilidad de agua en el acuífero no es suficiente para permitir los niveles de extracción actual", indicó.

Escondida, que cuenta con permiso para extraer 1.400 litros por segundo, promete reducir la tasa a 640 litros desde 2020 y hasta 2030, según documentos oficiales. BHP quiere dejar de usar agua fresca en Chile para 2030 y el año pasado inauguró una planta desalinizadora de US$3.400 millones que extrae agua de mar a 3.000 metros sobre el nivel del mar hasta la mina Escondida.

BHP declinó comentar sobre el estatus de su solicitud para extender permisos de agua.

El caso de Zaldívar es diferente porque no tiene un plan de contingencia. La mina tendrá que cerrar si no se renueva su licencia de agua, aseguró la compañía en un correo electrónico. La mina está en los últimos años de vida útil y probablemente dejará de producir en 2029. La licencia actual le permite a la empresa sacar 500 litros por segundo hasta 2025 y Antofagasta solicitó permiso para bombear 213 litros por segundo hasta 2029.

Los niveles de agua en los salares de Atacama son ahora más bajos que antes de que comenzaran las operaciones mineras hace décadas, afirmó Cristi. Si las compañías reducen su consumo de agua, las cuencas podrían recuperarse a niveles previos a la actividad minera en 2040, según cálculos de la DGA.

Las comunidades locales no están de acuerdo y piden al gobierno que rechace las solicitudes de las compañías para seguir extrayendo agua. El Servicio de Evaluación Ambiental detuvo el proceso evaluativo de Escondida y Zaldívar mientras estudia los informes de las empresas y las comunidades locales. Al final del proceso, un comité técnico que incluye a la DGA someterá a votación las extensiones de licencia.

"Cada compañía tiene un modelo hidrogeológico diferente y todos están diseñados para echarle la culpa a la minera de al lado si bajan los niveles de agua", explicó Felipe Lerzundi, abogado que representa a la comunidad de Coyo en el proceso. "Los humedales se secaron, el medio ambiente fue dañado. Para los salares y las comunidades locales ya es demasiado tarde", indicó.