Economistas de la Unidad Constituyente instan al gobierno a presentar ley corta de exenciones

El debate sobre la necesidad de contar con mayores recursos ya está instalado, pero el anuncio del gobierno de que el mayor gasto que conllevará el proyecto que busca subir las pensiones solidarias será financiado con holguras fiscales lo relevó todavía más.

Esto, porque a juicios de distintos economistas, entre ellos el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y el exsubsecretario de esa misma cartera, Alejandro Micco, no es responsable, puesto que son gastos permanentes que deben ser financiados con ingresos permanentes.

Por ello, junto a un grupo de economistas ligados a la Unidad Constituyente (PS,PPD,DC,PR, Pro y Ciudadanos) elaboraron una propuesta que se la presentaron a los presidentes de los partidos con el objetivo de entregárselas al gobierno.

“El costo para el fisco de la reforma de pensiones aprobada y considerando el proyecto de ley presentado suman US$ 4.500 adicionales por año de mayor gasto permanente. Se plantea que se financiará con holguras fiscales provenientes del presupuesto, pero creemos que eso es complejo”, afirma el académico de la Universidad de Chile Alejandro Micco.

En ese contexto, el economista añade que con este grupo se ha estado trabajando con propuestas para ser fiscalmente responsables. “Hemos visto primero que se debe avanzar en combatir la elusión y evasión. Ahí me parece bien que el SII se haya puesto una meta, pero faltan herramientas para ser más eficaz. Una de ellas es poder levantar el secreto bancario para que el servicio pueda ver todos los saldos del sistema financiero lo que le ayudará en hacer un trabajo de inteligencia para saber donde se está evadiendo impuestos. Lo que dice el SII es del orden de US$2.300 millones, es decir, son montos importantes”, comenta.

La siguiente medida que abordan en su propuesta son las exenciones. Esto considerando además que tanto Micco como Valdés participaron en la Comisión Tributaria convocada por el exministro de Hacienda, Ignacio Briones.

En este punto, Micco sostiene que la comisión entregó un lineamiento en cuáles se pueden avanzar sin provocar impactos en el crecimiento. “Una de ellas es que los vehículos de inversiones privados dejen de tener beneficios tributarios y pasen a ser contribuyentes de primera categoría, es un tema que hace tiempo está en el debate, y puede ser bastante importante en recaudación”.

Menciona que otro que se puede abordar es el beneficio tributario del DFL2 y las herencias junto con el eliminar el crédito del IVA a la construcción. Para la renta presunta dice que hay bastante consenso en que se debe comenzar a eliminar. “Puede ser de manera gradual, con una transición para que el mundo pyme se vaya adecuado”. Por último están los beneficios a los excedentes de los retiros previsionales.

De esta manera, el grupo de economistas insta al gobierno a avanzar en una ley corta con un grupo acotado de exenciones, las cuales permitirán contar con recursos fiscales sin generar efectos adversos a la actividad económica. “Hay posibilidades de hacer política tributaria ahora sin afectar la actividad económica”, refuerza su mensaje.

Para 2020, el SII proyectó que las exenciones en Chile alcanzan los US$ 9.333 millones, y básicamente estas afectan al Impuesto a la Renta (US$ 6.700 millones) y al IVA (casi US$ 2.600 millones).

De acuerdo a cifras de ese organismo, los mayor ingresos si eliminan estas exenciones sería del orden de US$1.600 millones.

El grupo de trabajo además de Micco y Valdés lo componen Lía Arroyo, Carlos Boada, Juan Pablo Cabello, Pedro Castro, Hernán Frigolett, Michel Jorratt, Álvaro García, Félix Luque, Patricio Medina, eAlfredo Ugarte, Rodrigo Valdés, Guillermo Vásquez y Sergio Villegas.